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Nuevos extraditables: un “Tiburón del Pacífico” y el cabecilla narco que llamó “Papá Chaves” al presidente

Por José Adelio Murillo | 19 de Ene. 2026 | 11:12 am

 

Alexi Meléndez León, alias Volvo, cabecilla de una organización narco desmantelada que operaba desde Costa Rica y uno de los hombres más buscados por Estados Unidos, así como Gabriel Lozano Bonilla, líder de la banda que exportaba cocaína en forma líquida y quien se refería como "Papá Chaves" al mandatario Rodrigo Chaves Robles, son los dos sujetos detenidos este miércoles en el país para someterlos a un proceso de extradición.

Meléndez fue capturado en setiembre de 2024 como parte de una investigación por un esquema de lavado de capitales obtenidos mediante el narcotráfico, denominado caso Shark. Ahora es requerido en el Distrito Este de Texas por delitos de narcotráfico internacional. 

Volvo figuró en la lista de los 50 sujetos más buscados por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Residía entre Upala, donde poseía varias fincas agrícolas, y Pozos de Santa Ana, su lugar de residencia habitual.

El colombiano naturalizado costarricense es uno de los llamados "Siete Tiburones del Pacífico", una red transnacional dedicada al tráfico de estupefacientes. Es oriundo del Valle del Cauca, en Colombia, pero adquirió la nacionalidad costarricense hace varios años, tras contraer matrimonio en 2019.

Al parecer, también pertenecía o mantenía vínculos con el Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales más grandes y peligrosas a escala internacional, que moviliza grandes cantidades de droga hacia Panamá y Costa Rica para su posterior envío a mercados finales.

La agrupación de Meléndez se dedicaba a importar droga desde Sudamérica para exportarla a Estados Unidos y Europa. Utilizaba empresas propias para ocultar los estupefacientes entre mercancías legales, como piña y yuca, con el fin de hacer llegar la droga a su destino final.

A la organización se le vinculó con el decomiso de 120 kilogramos de droga en España y otros 220 kilos en la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), administrada por APM Terminals. También se le relacionó con la incautación, en suelo nacional, de $179.000 y ₡26 millones en efectivo.

Agentes de la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), junto con la Fiscalía, dirigieron 23 allanamientos hace dos años en San Carlos, Upala, San José, Heredia, Alajuela, Ciudad Colón, Santa Ana y Paso Canoas, con el objetivo de lograr su captura.

Otro de los principales sospechosos, de apellidos Arosemena Siles y con un amplio historial delictivo, sería uno de los líderes encargados de utilizar contenedores para exportar la droga.

También fue detenido el pastor de una iglesia en Aguas Zarcas, así como tres funcionarios de bancos estatales sospechosos de colaborar en el lavado de dinero, al poner a disposición sus negocios legítimos para blanquear recursos provenientes de exportaciones de droga. Se presume que incluso se facilitaba la iglesia para cometer estos ilícitos.

Dos gerentes y un tesorero del Banco de Costa Rica (BCR), de apellidos Salas Sandoval, Vargas Mora y Zúñiga Brenes, quedaron en libertad, debido a que el Ministerio Público no solicitó prisión preventiva en su contra.

Caso Corona y "Papa Cháves"

Gabriel Lozano Bonilla, nacido en Colombia y naturalizado costarricense, era uno de los líderes del grupo criminal que, en apariencia, se dedicaba a trasegar cocaína líquida hacia Europa y Asia, y que fue desarticulado en noviembre de 2023 mediante el caso Corona.

Según el OIJ, la Sección de Estupefacientes inició la investigación en 2022, tras recibir información sobre supuestos trasiegos de droga hacia el otro lado del mundo.

Con el avance del caso, se logró determinar que el grupo fue el encargado de enviar 150 litros de cocaína líquida a una ciudad ubicada en la frontera entre Jordania e Israel. Posteriormente, el cargamento llegó a territorio israelí, desde donde se emitió un informe sobre lo incautado el 8 de junio.

Gracias a esa alerta, se logró articular el trabajo policial que se desarrollaba en el país para dar con esta organización, la cual se presume lavaba dinero obtenido en el ilícito negocio mediante centros comerciales y varios locales.

El 14 de noviembre de 2023 se decomisaron 26 vehículos de alta gama y se realizaron anotaciones sobre 39 propiedades, valoradas en ₡2.000 millones. Este caso estuvo estrechamente vinculado con la política nacional.

Una de las llamadas analizadas por la policía judicial para desarticular a la organización criminal hizo mención al mandatario Chaves.

En concreto, el cabecilla Lozano, "en son de broma", lo mencionó en una conversación con el empresario alajuelense llamado Daniel Herrera Soto, dueño de Refrescos Minerva, al referirse al presidente como "Papá Chavez" (sic).

Según el documento judicial, los involucrados conversaban sobre un envío de droga a Europa cuando salió a relucir el nombre del mandatario.

"Daniel (Herrera) le informó a Gabriel (Lozano) que para ese día ya habían enviado un contenedor el cual iría hasta Europa esto por las manifestaciones que hizo Gabriel en son de broma sobre que el "papá Cháves (sic) va pa'llá pa' esos lados" o sea refiriéndose al presidente de la República (Rodrigo Chaves) quién a partir del 17 de marzo del 2023, tenía programada una gira en Europa específicamente a Francia y Holanda", describe el documento.

En Costa Rica se conoció que el 13 de julio y el 22 de agosto, policías internacionales incautaron cargamentos de cocaína detectados en Alemania y Países Bajos, los cuales habrían salido de Limón, en medio de la algarabía del Gobierno por la implementación de escáneres en Moín.

En apariencia, la estructura utilizaba a la empresa de bebidas gaseosas —Refrescos Minerva—, como mampara para realizar exportar el producto ilícito. Se presume que la agrupación contaminaba botellas en una fábrica ubicada en Poás de Alajuela, pero también mantenía parte de su operación en una propiedad en Cascajal de Coronado.

Adicionalmente, Herrera León visitó en varias ocasiones el Congreso para reunirse con el exdiputado Humberto Vargas Corrales, quien ocupó una curul con el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Herrera León también es mencionado en el expediente como uno de los presuntos miembros del grupo encargado de realizar contactos con alcaldes para el pago de sobornos, así como de participar en un plan para ofrecer dinero a futuros gobernantes locales que serán electos el próximo mes de febrero.

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