Nuevo presidente de la Corte advierte de recortes en alimentación para reos en 2023

(CRHoy.com) El nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, advirtió de "problemas serios" derivados del rebajo de ¢7.838 millones aplicado por el Gobierno de la República al presupuesto del Poder Judicial.

Por lo anterior, el magistrado de la Sala Segunda anunció un acercamiento con la Asamblea Legislativa en un intento por mantener un plan de gastos de ¢492.209 millones para el año entrante, como lo acordó la Corte y lo había comprometido la administración de Carlos Alvarado Quesada.

"Yo quisiera hacer una atenta instancia a los señores diputados para que valoren la importancia de mantener estas partidas", manifestó el alto juez ante una consulta de CRHoy.com.

Aguirre Gómez concentró su preocupación -tanto en su discurso como en una conferencia de prensa posterior- por la afectación del rebajo en la partida de Bocadillos, bebidas y alimentos.

"Puede que suene a fiesta, pero es una partida que así está denominada en la estructura del presupuesto, pero en realidad lo que van son los alimentos de las personas que nosotros mantenemos en las celdas, a las que damos desayuno, almuerzo y cena. Si esa partida no nos la reponen vamos a tener problemas serios el año que viene con las dificultades que se van a presentar para dar esos alimentos", aclaró.

También externó su intriga por la disminución del presupuesto destinado a la financiación del programa de formación de aspirantes a la judicatura en la Escuela Judicial, lo que dejaría desprovista la capacitación de los futuros jueces.

Además, hizo referencia al recorte hecho al plan de gastos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dado a conocer por este medio el 12 de setiembre pasado.

"Otro que las personas podrían decir: ¿Y a mí qué? Es con la compra de los chalecos antibalas de nuestros policías. Se está prácticamente eliminando esa subpartida y no vamos a poder reponer, porque esas son herramientas que se dañan por el transcurso del tiempo, no es una cosa que yo compro para toda la vida. Tiene una vida útil y tenemos que estar renovando esas herramientas de trabajo o de lo contrario vamos a tener dificultades en el futuro", indicó.

El gobierno de Rodrigo Chaves Robles dispuso una rebaja de ¢2.909 millones a la Policía Judicial, 37,1% de la disminución total. El grueso de esta rebaja se concentra en la subpartida de Útiles y materiales de resguardo y seguridad, por cerca de ¢1.000 millones. Lo anterior impediría renovar cerca de 951 chalecos que vencen en 2023, valorados en ¢828 millones. Dicho presupuesto contempla a su vez la compra de municiones para los agentes del cuerpo policial.

Pero al Organismo se le fijaron además ¢230 millones para el mantenimiento y la reparación de equipos de su Departamento de Ciencias Forenses y Medicina Legal, que cuenta con laboratorios de alto valor que demandan un mantenimiento y calibración adecuados para respaldar los datos periciales que posteriormente se discuten en juicios. Para ese fin se habían presupuestado ¢538 millones con el objetivo de hacer frente a contratos para mantener en óptimas condiciones estos equipos.

A la Policía Judicial también se le rebajó la subpartida de gastos confidenciales por ¢126 millones, cuyo propósito es realizar trabajos de investigación -en su mayoría relacionados al narcotráfico, trata de personas o secuestros- que por su nivel de secretismo y características, como por ejemplo, precompras, pago de informantes, identificación de dinero y gastos de operación; no se pueden adquirir por los medios habituales de contratación.

El servicio jurisdiccional, en cambio, sufrió un rebajo de ¢885 millones que incluye a todos los despachos jurisdiccionales del país e incluye una disminución en los rubros de arrendamientos, limpieza y vigilancia de sus sedes.

Al Ministerio Público se le disminuyó en ¢100 millones su subpartida de alquiler de equipo de cómputo, aun cuando existen responsabilidades contractuales. Asimismo, se rebajó en ¢29 millones el programa que permite el pago de peritajes matemáticos, culturales, interconsultas y traducciones.

La Defensa Pública, así como la Oficina de Atención y Protección a Víctimas y Testigos sufrieron rebajas por el orden de ¢214 y ¢243 millones. Esto impacta sus servicios de limpieza, seguridad, compra de insumos, viáticos, así como gastos de protección y ayudas económicas, entre otros.

Sin embargo, la disminución más significativa es la del programa de dirección, administración y otros órganos de apoyo con ¢3.268 millones.

Dicha subpartida contiene la mayoría de los gastos de soporte hacia otros programas institucionales, como los alquileres de edificios, de centros alternos de datos y de equipos de cómputo, así como la contratación de vigilancia, los servicios de limpieza, el desarrollo de sistemas informáticos, el pago de pólizas de seguros, la contratación de peritajes y la cancelación de traducciones. Esos servicios ya de por sí se habían visto afectadas toda vez que no crecieron y además le correspondía cubrir con los mismos recursos el pago del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), de acuerdo con la Dirección de Planificación.