Nuevo plan de Ciudad Gobierno contempla contrato de hasta 50 años con el BCIE
El complejo albergaría a 16 entes, entre instituciones y ministerios. Casa Presidencial
El nuevo plan para construir Ciudad Gobierno propone que el Ministerio de Hacienda suscriba un contrato de arrendamiento de hasta 30 años con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con posibilidad de extenderlo hasta un máximo de 50 años.
Así lo establece un texto sustitutivo dictaminado por la Comisión de Gobierno y Administración, impulsado por la presidenta Laura Fernández.
Votaron a favor los diputados del Pueblo Soberano (PPSO) Gonzalo Ramírez, Kattia Mora, Juan Manuel Quesada, Mayuli Ortega, Zaira Murillo y los legisladores de Liberación Nacional (PLN) Rafael Vargas y Ronald Campos. Mientras que, se oposieron el diputado liberacionista Jesús Calderón y Vianey Mora del Frente Amplio.
Contrato de Ciudad Gobierno
El texto establece que, al finalizar el plazo inicial de 30 años, el Ministerio de Hacienda podrá negociar con el BCIE tres alternativas: trasladar la propiedad de las obras e instalaciones al Estado, prorrogar el arrendamiento hasta completar 50 años o permitir que el banco alquile total o parcialmente los espacios a terceros.
En caso de una prórroga, el BCIE deberá transferir al Estado la propiedad de las obras, instalaciones y equipamiento al finalizar el plazo máximo de 50 años.
Diputados del PPSO Kattia Mora y Juan Manuel Quesada en Comisión de Asuntos de Gobierno. Foto: Asamblea Legislativa.
Coordinación y ejecución
El texto propone que la coordinación general del proyecto esté a cargo de una comisión integrada por los jerarcas de los ministerios de Planificación, Obras Públicas y Transportes, Hacienda y Vivienda.
Esta instancia definirá cuáles instituciones públicas participarán, determinará sus necesidades y presentará una propuesta conceptual al Consejo de Gobierno.
Una vez aprobada, el Ministerio de Hacienda tendrá a cargo los procedimientos de contratación pública para ejecutar el proyecto.
Asimismo, la iniciativa establece que Ciudad Gobierno deberá inscribirse en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplán y cumplir los requisitos técnicos y las distintas fases del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Nuevo intento
No es la primera vez que el Ejecutivo intenta desarrollar Ciudad Gobierno. Durante la administración de Rodrigo Chaves se impulsaron varias propuestas que no lograron concretarse.
El proyecto original planteaba construir un complejo estatal en Plaza Víquez para concentrar instituciones públicas, mediante un esquema de financiamiento con el BCIE por $450 millones y sin recurrir a una licitación pública.
Sin embargo, la iniciativa se frenó en octubre de 2024 tras una advertencia de la Contraloría General de la República, que cuestionó el modelo de contratación y el esquema de arrendamiento.
Posteriormente, el Gobierno presentó una reforma a la Ley de Contratación Pública, pero recibió críticas de la Contraloría. Entre los cuestionamientos figuraba que el terreno no pasaría a ser propiedad del Estado al cabo de 25 años.
"La última oferta que vemos del BCIE es que no hay una devolución al final", afirmó la contralora Marta Acosta durante una reunión con el presidente Chaves en febrero de 2024.
La propuesta también enfrentó oposición legislativa. La Comisión de Asuntos Jurídicos rechazó el expediente el 14 de diciembre de 2023, con una votación de cuatro contra tres, al considerar que existían otros mecanismos para desarrollar la obra, como la licitación pública o la concesión.
Ley Jaguar
El Ejecutivo también intentó impulsar el proyecto mediante versiones de la fallida Ley Jaguar.
La propuesta original, presentada en junio de 2024, contemplaba reformar el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública para permitir el arrendamiento de inmuebles por construir y facilitar la contratación con el BCIE.
No obstante, la Sala Constitucional encontró vicios de constitucionalidad en varios artículos de la iniciativa, incluidos los relacionados con Ciudad Gobierno por el modelo de contratación y arrendamiento con el BCIE.
Los cuestionamientos más importantes se relacionaron con la posibilidad de contratar directamente al BCIE para construir el complejo, sin someter el diseño y la construcción de las obras a los procedimientos ordinarios de contratación pública.
Posteriormente, el Gobierno presentó una segunda versión, conocida como Ley Jaguar 2.0, que también incorporaba reformas relacionadas con el proyecto, pero enfrentó nuevos cuestionamientos constitucionales.