Nombramientos en Inder investigados desde tres flancos

(CRHoy.com) Las presuntas irregularidades en los nombramientos del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) son investigados desde tres flancos.

El Ministerio Público, la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) y la Contraloría General de la República (CGR) tramitan denuncias contra el presidente ejecutivo, Eduardo Robert Ureña, confirmaron a CRHoy.com sus oficinas de prensa y el abogado de la primera

La Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José tiene al jerarca como imputado en la causa 22-015254-0175-PE. En ella se persiguen los supuestos de incumplimiento de deberes, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. Para esos delitos se prevén sanciones de entre 1 y 4 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, así como desde 1 a 8 años de cárcel.

Aunque la queja se formuló en contra de otras personas, el órgano acusador tenía -hasta el 20 de octubre- únicamente a un sospechoso. "Sin embargo, esto no descarta que, durante la pesquisa, se identifiquen a otras personas imputadas, o bien, algún otro tipo de ilícito", dijo el departamento de comunicaciones del Ministerio Público.

La Abogacía del Estado, por su lado, investiga a Robert Ureña, así como a su directora jurídica, Diana Araya Rodríguez, por cuatro presuntos nombramientos ilegales. Ese caso se mantenía en curso al 18 de octubre anterior.

Por su parte, mediante su oficina de prensa, el Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana del ente auxiliar de la Asamblea Legislativa, indicó  que la queja allí recibida se encuentra en análisis de admisibilidad.

"En atención a la normativa vigente no es posible brindar mayor detalle", explicó el departamento de comunicaciones de la Contraloría.

La fase procesal en la que permanecen los casos impide conocer especificaciones sobre qué tipo de anomalías se persiguen.

No obstante, la denuncia de la que este medio tiene copia, incluye la designación en la Unidad de Capital Humano de una funcionaria que en apariencia incumplía con el requisito de colegiatura profesional; situación que había sido previamente advertida por la Gerencia General. Luego, la servidora fue despedida sin que se le iniciara un proceso para recuperar las sumas que le fueron desembolsadas.

Además, se señaló un aparente nombramiento "a dedo" de la anterior jefa de Capital Humano. Esa funcionaria se pensionó -con liquidación incluida- sin que se le abriera un procedimiento disciplinario correspondiente a una denuncia interpuesta contra la Auditoría Interna y la Presidencia.

Se puntualiza un presunto tráfico de influencias con el nombramiento de líderes sindicales en plazas supuestamente inexistentes en las direcciones de los fondos de Tierras y de Desarrollo; de nuevo sin que se verificara el cumplimiento de requisitos. De igual manera, reporta un aparente rechazo a la apertura de un proceso administrativo contra un agremiado que -presuntamente- se ausentó de sus funciones por un mes.

Las quejas que tramitan la Procuraduría y la Contraloría fueron presentadas por la gerente general Cindy Bravo Castro. Está previsto -comentó el abogado Marcos Salazar Picado ante consulta de CRHoy.com– que esta haga una ampliación de la denuncia que tiene a su cargo la Fiscalía (aunque el proceso no fue iniciado por ella), después de que la Unidad de Capital Humano le certificara el 21 de octubre, 191 designaciones hechas a dedo entre el 1° de julio y el 4 de octubre pasados.

El informe preparado por la jefa de esa oficina, Marlen Chaves Morales, al que se le asignó el número de referencia INDER-GG-CH-1560-2021, incluye nombramientos en puestos de confianza, prórrogas, cambios de plaza y recargos.

Transformación en marcha

A raíz de una publicación hecha el 7 de noviembre por el diario La Nación, el Instituto de Desarrollo Rural publicó una aclaración sobre las supuestas irregularidades. Para el presente artículo, este medio procuró un descargo de Robert Ureña, pero mediante su oficina de prensa, se refirió a la nota en cuestión. Por su parte, Araya Rodríguez dijo que no ha sido notificado respecto al proceso que afronta en la Abogacía del Estado, por lo que no le es posible referirse.

"Las supuestas anomalías carecen de asidero legal y técnico. Se trata más bien de decisiones que se han debido tomar para garantizar la estabilidad laboral y jurídica de la población institucional, siempre respetando el marco de legalidad", señala el comunicado.

El escrito señala que 176 de las designaciones corresponde a nombramientos interinos que deben realizarse semestralmente, "en vista de que el proceso de reorganización institucional no ha culminado, a pesar de que ya han pasado 10 años desde la aprobación de la Ley de Transformación (9.036), que así lo ordenaba".

Tales nombramientos se realizan de esa manera desde 2015, por decisión de la administración del Instituto de Desarrollo Rural en aquel momento, mientras culminaba la mencionada reorganización, de acuerdo con la nota.

"La seguridad jurídica-laboral de los funcionarios es precaria. La actual administración se encontró un desorden administrativo en el tema de Capital Humano heredado de administraciones pasadas, por lo cual ha sido necesario tomar las acciones y decisiones correspondientes", puntualiza la nota aclaratoria.

Parte de esa problemática es el interinato, que alcanza al 40% del personal, aún y cuando el 12 de marzo de 2021, la Sala Constitucional le ordenó a la entidad culminar el proceso de transformación administrativa integral (resolución 2021005033).

"Todos y cada uno de los nombramientos realizados por la actual administración cuentan con sus respectivos expedientes, están a Derecho y en resguardo de Capital Humano, instancia que ha certificado su legalidad, incluyendo los nombramientos de puestos de confianza que son de libre remoción", abona el comunicado.

La institución indicó que pretende resolver "las graves situaciones que existen en materia de recurso humano", para garantizar los derechos de sus servidores.