Nombramiento en Micitt le aumentó en un 52% el salario a hermano de asesor de Rodrigo Chaves
El Gobierno de Rodrigo Chaves contrató en abril de 2024 a Esteban Aguilar Vargas, hermano del jefe de despacho presidencial, Gabriel Aguilar Vargas, considerado la mano derecha del mandatario y encargado de su agenda diaria.
Al asignarle el puesto de subdirector de Ciberseguridad del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), se le otorgó un incremento del 52% en sus ingresos respecto al salario que percibía cuando laboraba en el Ministerio Público.
Antes de abandonar el Poder Judicial, Aguilar pretendió una mejora en su categoría, lo que le abriría la puerta a un ingreso mayor. Se desempeñaba como fiscal coordinador de la Unidad de Cibercrimen y aspiraba a que se le reconociera como fiscal adjunto, un cargo de rango superior.
Para ese momento, su salario mensual promedio ascendía a ₡2.100.000, según datos de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial. No obstante, en la plaza para la que fue contratado en el Micitt, el salario base es de ₡3.200.000 mensuales, es decir, más de un millón de colones adicionales.
La polémica contratación estuvo a cargo de la propia ministra Paula Bogantes Zamora, quien admitió que escogió personalmente, entre 11 candidatos, al hermano del asesor presidencial.
El funcionario salió de la Fiscalía enfrentando siete procesos disciplinarios y en medio de cuestionamientos por supuestas faltas administrativas, así como por reiteradas afrentas hacia su superior jerárquico, el fiscal general de la República, Carlo Díaz.
La más reciente investigación se abrió debido a que Aguilar, presuntamente, asumió un puesto en el Gobierno chavista sin contar con el permiso obligatorio que, por ley, debe otorgar el Poder Judicial, según se denunció dentro del propio Ministerio Público. Posteriormente, presentó su renuncia.
Nuevo salario
Aguilar Vargas trabajó durante 14 años y siete días como funcionario judicial, desde el 16 de agosto de 2010 hasta el 10 de abril de 2025, cuando renunció ante la Fiscalía General. En su último mes recibió un pago de ₡1.016.367.
Durante el último año que permaneció en la institución, entre abril de 2024 y marzo de 2025, su salario osciló entre ₡2.102.350 y ₡2.103.728, según el historial de pagos. Estas cifras ya contemplan los rebajos de ley —seguro de enfermedad, ahorro obligatorio y fondo de pensiones judicial—, así como el impuesto sobre la renta aplicado.
El nombramiento como subdirector de Ciberseguridad es temporal, por un año, y vence el próximo 1.º de abril de 2025, con el salario de ₡3,2 millones mensuales. El proceso de contratación inició apenas unas semanas antes de la renuncia del exfiscal a su cargo judicial.
El Micitt indicó que el proceso de contratación comenzó el 28 de febrero de 2024, con la publicación de un anuncio en redes sociales, tal como lo informó anteriormente a CR Hoy.
Los requisitos del concurso incluían estudios en ingeniería de sistemas, informática o tecnologías de la información, o bien una licenciatura en Derecho con especialidad en Derecho Informático.
Se recibieron 11 postulaciones, de las cuales se conformó una terna de cinco candidatos. De ese grupo, dos fueron entrevistados "por atinencia", lo que derivó en la elección de Aguilar. El Ministerio omitió informar desde cuándo se determinó la apertura del puesto otorgado a Aguilar, pese a consultas realizadas meses atrás.
La vacante no existía sino hasta poco antes de la contratación y no había sido ocupada previamente. Además, el puesto no es financiado por la cartera, sino por la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).
Desempeño y cuestionamientos
El incremento salarial que recibió Esteban Aguilar al pasar del Ministerio Público al Poder Ejecutivo ocurrió pese a cuestionamientos documentados sobre su desempeño al frente de la Unidad de Cibercrimen de la Fiscalía.
Aguilar dejó su cargo en la Fiscalía para incorporarse al Ejecutivo, en un contexto en el que su nombramiento fue defendido públicamente por el mandatario Chaves y por la jerarca de Ciencia.
Pero, según los informes de labores presentados por el propio funcionario, durante los dos últimos años en que estuvo al mando solo se registraron tres movimientos relevantes en causas penales.
Los informes correspondientes a 2023 y 2024 muestran una actividad limitada en materia operativa. Durante todo 2023 no se reportaron allanamientos, acusaciones ni juicios impulsados por la Unidad de Cibercrimen bajo su coordinación.
En el primer semestre de 2024 no se consignan avances relevantes en investigaciones. El primer caso registrado ocurrió el 24 de julio de 2024, con una acusación por suplantación de identidad.
El segundo movimiento se dio a finales de noviembre de ese año, con una acusación contra 11 personas en el caso "Jamaiquinos", declarado de crimen organizado y relacionado con delitos cibernéticos.
El tercer hecho fue un allanamiento en el caso "Hojas Verdes", vinculado a estafas mediante páginas web y correos electrónicos que simulaban pertenecer a instituciones públicas. Más allá de estos tres casos, los informes no detallan juicios realizados ni la tramitación de medidas cautelares.
La mayor parte de los resultados reportados se concentra en actividades de capacitación, participación en congresos, reuniones, talleres y entrevistas en medios, tanto a nivel nacional como internacional.
Documentos de rendición de cuentas de instancias superiores dedican apenas cuatro párrafos a las acciones de la Unidad de Cibercrimen durante la gestión de Aguilar y destacan principalmente labores preventivas, sin detallar desarticulaciones concretas de estructuras criminales.
Paralelamente, Aguilar enfrentó una situación disciplinaria compleja. Llegó a acumula seis expedientes administrativos abiertos ante la Inspección Judicial, cuatro de ellos iniciados en 2025, por aparentes incorrecciones en el ejercicio del cargo, conductas privadas que habrían afectado la imagen institucional, faltas de respeto a superiores y declaraciones públicas que podrían haber vulnerado el secreto de las investigaciones.
Además, en marzo confirmó la existencia de una causa penal en su contra por un presunto caso de violencia doméstica. Días después de ser notificado de una de las investigaciones disciplinarias, solicitó un permiso sin goce de salario por un año, precedido por incapacidades médicas.
CR Hoy solicitó al Poder Judicial una actualización de los expedientes. El estado de estos procesos es clave para definir el pago de su liquidación, ya que la normativa suspende la cesantía mientras existan procedimientos administrativos pendientes.