Nogui Acosta tiene 11 causas penales abiertas en la Fiscalía
Fiscalía General mantiene abiertos expedientes por 8 presuntos delitos distintos
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, está imputado en 11 causas penales bajo investigación en la Fiscalía General del Ministerio Público.
En las causas se investigan presuntos delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, influencia en contra de la Hacienda Pública, nombramientos ilegales, desobediencia, fraude de ley en la función administrativa, fraude a la Hacienda Pública y prevaricato.
Los números de expediente mantienen abiertos en la Fiscalía General de la República y los señalamientos bajo análisis son:
- 22-000053-0033-PE: supuesto nombramiento irregular del presidente ejecutivo del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart)
- 23-000046-0033-PE: presunto incumplimiento de deberes en el nombramiento de un funcionario en el INDER.
- 23-000009-0033-PE: aparente abuso de autoridad por el falso "megacaso" de evasión.
- 23-000071-1218-PE: supuesto incumplimiento de deberes por impago de deuda con la CCSS.
- 23-000047-0033-PE: presunto delito de influencia en contra de la Hacienda Pública.
- 23-000006-0033-PE aparente nombramiento ilegal de Dennia Yaslyn Morales Grajal en la junta directiva del Consejo de Transporte Público (CTP).
- 23-000083-0033-PE: supuesto delito de desobediencia.
- 23-000187-1218-PE: presunta comisión de prevaricato por irregularidades en contratación de escáneres para puertos y puestos fronterizos.
- 23-005264-0175-PE: Aparente incumplimiento de deberes.
- 24-000087-0033-PE y 24-000085-0033-PE: supuesto fraude de ley en la función administrativa y fraude a la Hacienda Pública, relacionados con el contrato de la póliza para protección de miembros del gabinete en caso de condenas civiles.
En la mayoría de estas causas penales también figura Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, como imputado junto a su jerarca de Hacienda.
Sobre estos casos, Acosta dijo a crhoy.com que desconocía de los procedimientos en su contra, pues a la fecha no ha sido notificado de ninguno, y recalcó que estas denuncias indisponen a quienes quieran servir en la labor pública.
"No he recibido notificación de ninguna de estas causas y la única reacción que puedo dar es que esto aleja a los buenos profesionales de puestos públicos, en donde ven su honor, su honra y su patrimonio en riesgo. Digo esto porque no solamente tienen que defenderse de su propio pecunio, si no que también su honra se ve afecta por las decisiones de una u otra manera piensan que establecer juicios. En relación con la licitación del contrato de pólizas, no me imagino como alguien puede presentar una denuncia penal de algo que no se ha ejecutado y digo esto porque la póliza se dio mediante un proceso transparente, en donde se cumplió con todos los requerimientos y que hoy cuando la Contraloría General de la República reciba nuestra consulta podrá definir si podemos seguir adelante o no".
Nogui Acosta, Stephan Brunner y Gabriela Chacón, ministro de Hacienda, vicepresidente y presidenta del INS, respectivamente, hablaron de la póliza el 28 de octubre de 2024 (CRH)
Pólizas provocaron las más recientes
Las 2 causas más recientes (24-000087-0033-PE y 24-000085-0033-PE) donde se investiga supuesto fraude de ley en la función administrativa y fraude a la Hacienda Pública, tienen relación con un escándalo reciente.
Se trata de la intención del gobierno de otorgar un contrato por poco más de ¢248,3 millones por pólizas para proteger de demandas al presidente y su gabinete en eventuales condenas civiles.
El Ejecutivo pretende darle este contrato al Instituto Nacional de Seguros (INS), sin embargo, de momento el proceso está pausado mientras se resuelven consultas enviadas a la Contraloría General de la República (CGR) y un dictamen legal por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).
Solo Chaves tiene 60 causas penales en proceso de investigación, no obstante, ante varias consultas de este medio, el INS insistió en que los expedientes que se abrieron previo a la eventual firma del contrato no entran en la cobertura.
Acosta ha defendido este intento de pacto asegurando que se busca "resguardar la integridad patrimonial de los jerarcas" del Estado.
"Es un convencimiento de que todos tenemos que resguardar la integridad patrimonial de los jerarcas", dijo Acosta tras confirmar que la idea de pagar con fondos públicos una eventual condena del mandatario o ministros, nació y se consolidó en el seno del Consejo de Gobierno a principios de año.
El documento "Contratación de Seguro de Responsabilidad Civil para Jerarcas (Presidente, Vicepresidente, Ministros y viceministros)", adjunto en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), señala que con el contrato se pretende dar cobertura por las actuaciones realizadas en el ejercicio de las funciones y que incluso se mantendrá vigente en casos en los que los funcionarios renuncien o se pensionen.
En la justificación de la contratación de la póliza, Hacienda alegó que "es razonable que el Estado pueda dotar de la defensa técnica idónea, de alto nivel, a los jerarcas demandados para que puedan defender sus actuaciones dirigidas a satisfacer no solo el interés público sino a la ciudadanía", dice la contratación.
"La póliza por contratar es global y directa para la institución, la cual incluye hasta 65 puestos. Al ser una póliza global con una cobertura de $3.000.000 dólares, el monto de la prima se calcula en función de dicha cobertura. La modificación (inclusión o exclusión) de 1 a 65 puestos, no representa ninguna variación, ya que así fue negociado con el mercado internacional", indican las especificaciones técnicas.
El presidente, Rodrigo Chaves y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta (Presidencia)
La póliza incluirá actuaciones culposas, cualquier error probado o supuesto, declaración errónea, omisión, todo tipo de actuaciones en el ejercicio de sus funciones que causen perjuicios a terceros, entre otros.
La cobertura no incluirá, según dice la contratación, casos por soborno, lavado de dinero, litigios previos y pendientes, daños corporales o daños materiales a partir de la fecha de vencimiento.
La Contraloría General de la República (CGR) señaló que no es el Estado quien debe pagar la millonaria póliza de responsabilidad civil para el presidente y el gabinete, en caso de condenas legales por sus decisiones o acciones en el ejercicio de sus cargos. La CGR dejó claro que el pago de esas pólizas debe salir del mismo bolsillo del mandatario y de los jerarcas.