No hay recursos para intervenir taludes inestables en ruta 32 ¿Cuál es la alternativa?
Ministro apuesta por Alianza Público-Privada para desarrollar intervenciones
(CRHoy.com). El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no cuenta en este momento con los recursos necesarios para intervenir los taludes inestables y riesgosos en el tramo de montaña de la ruta 32 (San José-Limón).
Luis Amador, titular de la cartera, explicó que las tareas que se requieren realizar para reducir los riesgos de deslizamientos sobre la carretera costarían mucho dinero (sin precisar cuánto) y apuestan a que a mediano plazo se consiga una alternativa a través de una Alianza Público-Privada (APP).
En la ruta 32 son usuales los cierres temporales durante época lluviosa (de mayo a noviembre) por caída de material. Estas situaciones suceden con mayor frecuencia en el trayecto que cruza el Parque Nacional Braulio Carrillo.
Amador indicó que, aunque el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) tenga anuencia de avalar las tareas en zonas protegidas, en la actualidad no tienen los recursos.
"Más que el Minae tenga la disposición, eso cuesta un montón de plata. Hay que meterle un poquito de iniciativa público-privada para que alguien venga y ahí se hagan los túneles falsos, las obras de contención, el encausamiento y todo lo demás", expresó el jerarca.
Las APP, bajo la alternativa de una concesión con una empresa privada, podrían requerir la instalación de más peajes en la carretera con tal de obtener los dineros para costear los trabajos requeridos.
Solo en la última semana se reportaron 2 situaciones de derrumbes y caída de material que obligaron al cierre temporal de la ruta.
En marzo pasado, con cotización en mano, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) estimó que se necesita una inversión de entre $60 millones y $65 millones para efectuar las intervenciones requeridas en los puntos inestables y susceptibles a deslizamientos cuando llueve.
Mauricio Batalla, director ejecutivo de la entidad, dijo ante la comisión legislativa de Limón que para esto se requerirán cambios de ley para facultar los trabajos en el cerro Zurquí y las zonas aledañas que pertenecen al Parque Nacional Braulio Carrillo.
"La ley del parque nacional (Braulio Carrillo) es muy clara. No podemos tocar ni medio árbol. Creo que ya es hora de ponernos serios y decir qué vamos a hacer con ruta 32. El Conavi tiene en este momento una cotización para estudios y diseños y para los trabajos que hay que realizar ahí. Estamos hablando de $60 millones o $65 millones. Eso es mucho dinero, pero es mucho menos de lo que pierde el país cada vez que cerramos la ruta. Y, la ruta la pasamos cerrando", dijo el funcionario, quien recordó que recientemente se aplicaron cierres en plena época seca.
En esa oportunidad, Batalla señaló que ya ha tratado el tema con personal del Minae y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac). Sin embargo, más allá de las gestiones que se hagan desde el Poder Ejecutivo, el respaldo de los legisladores es crucial.
Durante la época lluvios de 2022, Amador explicó que se requería construir muros anclados en los sitios de mayor riesgo a deslizamientos o derrumbes.
El muro anclado es una metodología constructiva que se implementa en obras para la estabilización de taludes o excavaciones profundas. Este es un tipo de muro de contención que está anclado al suelo mediante barras resistentes a la tracción.
Imagen de los trabajos para remover material en la ruta 32. Cortesía MOPT
La ruta 32 es la principal vía de comunicación entre el Valle Central y el Caribe. Cuando existen cierres, que en ocasiones se extienden hasta por varios días, los usuarios cuentan con 3 rutas alternas que incrementan de manera considerable los tiempos de viaje. Estas son: ruta nacional 10 (Turrialba), ruta nacional 4 (Bajos de Chilamate-Vuelta de Kopper) o por Varablanca.
La intención es que se puedan efectuar trabajos en 200 metros sobre la red vial estratégica (100 metros a cada lado de la vía).
La Administración actual (2022-2026) busca que los diputados aprueben un crédito de $700 millones para intervenir infraestructura pública deteriorada a causa de fenómenos climáticos. De esos recursos, el Conavi captaría $300 millones: $200 millones para arreglar 82 puentes y 15 puntos con riesgo de deslizamiento. Algunos de estos se situarían en la ruta 32.
Los diputados del foro legislativo de Limón confirmaron estar anuentes a apoyar los ajustes legales correspondientes para facilitar las intervenciones en el Parque Nacional Braulio Carrillo.