A continuación, un extracto de la entrevista.

Usted firmó el informe de mayoría que recomienda retirar la inmunidad al Presidente por quince denuncias de beligerancia política. ¿Qué elementos del expediente la convencieron de que esta vez sí era necesario levantar el fuero?

Debemos recordar que la función de la Asamblea Legislativa —primero la Comisión y luego el Plenario— es únicamente determinar si hay mérito para levantar el fuero, de manera que el Tribunal Supremo de Elecciones continúe la investigación y realice el debido proceso. La Asamblea no es el ente sancionador, como erróneamente se ha afirmado.
Nuestro deber es valorar si existe mérito suficiente y asegurarnos de que no hay persecución política. Yo tengo plena claridad de eso.

El Gobierno sostiene que este proceso es "político" y que no existen pruebas sólidas. ¿Qué responde ante esa acusación y cómo le demuestra al país que el informe se basa en hechos verificables?

El expediente es robusto: contiene múltiples denuncias que coinciden en fechas y circunstancias en las que se considera que el Presidente incurrió en beligerancia política.

Si bien las denuncias no son idénticas, tampoco muestran coordinación entre personas para perjudicar al Presidente. Son ciudadanos distintos que consideraron que ciertas conductas eran beligerantes y aportaron pruebas. Eso es muy relevante.

Además, esas pruebas provienen de canales oficiales de la Presidencia —YouTube, Facebook— donde se utilizaron recursos públicos. Eso, para mí, ya constituye mérito suficiente. También creo que algunas manifestaciones podrían implicar un direccionamiento del voto en 2026.

¿Qué comportamientos específicos del presidente Chaves considera más graves en términos de presunta beligerancia? ¿Cuál es el patrón que identifica?

Debemos recordar que está en juego un bien jurídico esencial: el orden, la libertad y la pureza del sufragio, así como la imparcialidad.
El Presidente, en reiteradas ocasiones, ha pedido abiertamente 38, 40 o 45 diputados. Además, no solo es lo que dice, sino también los gestos que utiliza.

Por ejemplo, cuando mostró un lapicero o cuando acompañó sus mensajes con imágenes de personas fácilmente asociables a un partido político. Es decir: "A estas no queremos".

En otras ocasiones ha destacado a diputadas oficialistas diciendo que "queremos diputadas así".

¿Se trata de hechos aislados o de una conducta sistemática?

No son hechos aislados; hay reiteración.

Incluso después de ser advertido por el Tribunal Supremo de Elecciones, continuó con esas manifestaciones, las cuales luego son replicadas por un partido político que participa en el proceso electoral y se presenta como su continuidad.

A mi juicio, hay planificación.

Se ha insistido en que la inmunidad presidencial protege al cargo, no a la persona. ¿En este caso se estaba protegiendo al Presidente de una investigación necesaria?

Me llama la atención que quienes critican el proceso no han respondido a las denuncias. Solo atacan el procedimiento, incluso con afirmaciones peligrosas como hablar de un "golpe de Estado institucional". Eso es inaceptable.

El levantamiento de la inmunidad, más bien, protege la investidura presidencial.

Tengo plena seguridad de que el proceso está amparado en la Constitución y en la ley.

Si el Plenario decide no levantar la inmunidad, ¿qué mensaje quedaría para futuros presidentes respecto a los límites de la beligerancia política?

La solidez del Tribunal Supremo de Elecciones no depende de la decisión legislativa; ellos han actuado conforme a la Constitución.

Confío en que mis compañeras y compañeros lean los informes y tomen una decisión razonada y responsable.

En Costa Rica todas las personas estamos sujetas a la ley. No estamos juzgando ni sancionando al Presidente: solo decidimos si la investigación continúa.

Si no queremos ser investigados o eventualmente sancionados, es sencillo: no cometamos la conducta. Si no quiero que me acusen de homicidio, no mato a nadie.

¿Qué le dice a los costarricenses que creen que esto debilita la figura presidencial?

Esto no es contra una persona; es para proteger la investidura presidencial. Yo nunca he visto este proceso como algo personal contra el Presidente.

Estamos ante una situación que debemos resolver, y lo que exige la responsabilidad del cargo —del Presidente y de las diputaciones— es actuar conforme a derecho. No puede ser de otra forma.

¿Es un acto para defender la democracia?

Absolutamente. Es parte del sistema de pesos y contrapesos y de la separación de poderes, pilares de nuestra democracia.

El levantamiento del fuero, en realidad, es una garantía para el Presidente.

La beligerancia política está regulada desde 1927 porque la pureza del sufragio es esencial en este país.

Los constituyentes le dieron rango constitucional y definieron que debía ser el Tribunal Supremo de Elecciones quien velara por esto, precisamente para proteger esa pureza.

No puede ser que alguien con poder utilice su posición para inducir el voto. Eso no es correcto ni permitido en la democracia costarricense.

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