Músicos, militares, expresidentes… estas son las pensiones en fila a ser eliminadas
Proyecto contempla en una sola propuesta acabar con amplio grupo de pensiones
Imagen con fines ilustrativos
(CRHoy.com) Los últimos conflictos bélicos de Costa Rica ocurrieron en 1955 y en 1948. Aunque han pasado 64 años desde el último y 71 años desde el primero, el país todavía le paga una pensión de guerra a 2.227 personas que tomaron parte de ellas o bien a algunos de sus dolientes que aún viven.
Para 2018 este beneficio representó para el presupuesto nacional ₡3.576 millones, un promedio por beneficiario cercano a los ₡134 mil mensuales.
El monto es importante si se compara con otras pensiones especiales y no contributivas; de hecho ocupa el primer lugar en gastos dentro de estos regímenes especiales; sin embargo, es de las pocas que muestra una reducción paulatina en los montos que se pagan cada año, debido a la obvia reducción constante en la cantidad de sus beneficiarios.
Por sus características el régimen de pensionados de guerra está destinado a desaparecer tarde o temprano. Aún así, forma parte de un grupo de regímenes que ocupan los primeros lugares en la fila de los próximos beneficios especiales a desaparecer mediante una ley.
El proyecto de ley 21.135, promovido por el ahora ministro de la Presidencia Víctor Morales durante su paso por el Congreso así lo propone. El plan engloba un grupo de regímenes especiales y no contributivos que se estarían derogando por haberse creado como beneficios exclusivos para ciertos grupos de empleados.
La iniciativa está en el Congreso asignada a la comisión de Asuntos Sociales, en donde comenzará a discutirse una vez que se vea otro proyecto de ley que busca equiparar los topes de algunas pensiones de lujo, en especial del Magisterio Nacional.
"Es un proyecto que puede verse en forma paralela", dijo Xiomara Rodríguez, integrante de esa comisión, a CRHoy.
Además de las pensiones de guerra, la lista de regímenes en la mira de ser eliminadas se compone de contributivos y no contributivos, todas con cargo al presupuesto nacional.
¿Cuál es la diferencia? En las contributivas el jubilado otorgó algunos aportes, aunque no necesariamente en las mismas condiciones que el resto de trabajadores del país, sino que en posiciones más ventajosas.
En este apartado se encuentran por ejemplo la pensión para empleados del ferrocarril eléctrico al Pacífico, los pensionados de Hacienda, los músicos de bandas militares, los trabajadores de obras públicas, entre otros.
Cada ley establece beneficios distintos. Por ejemplo, la de músicos de bandas militares permitía la jubilación a los 55 años de edad cuando tuvieran incluso menos de 30 años de servicio efectivo, e incluso a los 50 años por casos de salud.
Actualmente cualquier trabajador cotizante de Invalidez, Vejez y Muerte, debe tener 65 años y 300 cotizaciones como mínimo para poder jubilarse.
Dentro del régimen no contributivo se ubican aquellos cargos en donde el total de la pensión corre por cuenta del Estado; es decir, el jubilado no tuvo que aportar ni un céntimo. Se les otorgó por méritos o normativas especiales.
En este grupo se encuentran los expresidentes de la República, que aunque actualmente hay siete vivos, se pagan un total de 10 beneficiarios cada mes (la ley favorece a las viudas).
También están los beneméritos de la patria, los ganadores del premio Magón, los dolientes e hijos de guardias civiles y los pensionados de Gracia, que ampara a las "personas honradas y de buenas costumbres mayores de 65 años" que demuestren que han laborado para el Estado durante tres lustros y carecen de recursos propios para sobrevivir.
Ambos regímenes – sin tomar en cuenta las pensiones del Magisterio Nacional- representaron al Estado una erogación total de ₡193.469 millones al cierre de 2018 de acuerdo con un informe de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.
La cifra implica un 48% más que los ₡130 mil millones utilizados en 2013, razón que llevó a proponer el proyecto para frenar este incremento.
En el caso del régimen contributivo, el principal peso (después del Magisterio, que no se toma en cuenta en este artículo por tratarse de un tema que se pretende reformar en otra propuesta de ley planteada por Xiomara Rodríguez) lo tienen las pensiones del régimen de Hacienda con ₡78 mil millones.
En el caso de los del regimen no contributivo esta es su condición actual y la tendencia de los últimos años:
La propuesta de Morales para derogar estas iniciativas no afectarán los beneficios que ya reciben los actuales jubilados, pues ninguna ley puede ser retroactiva. Pero sí pondrá una pared en caso de que puedan producirse nuevas solicitudes en alguno de estos regímenes.
Es decir, si la reforma es aprobada y entra a regir antes del 8 de mayo de 2020, el actual presidente Carlos Alvarado tendría que retirarse de la Presidencia de la República sin el mismo derecho a pensión que sí han gozado sus antecesores.
Cada pensión de expresidente ronda los ₡3,8 millones mensuales, de acuerdo al promedio obtenido a partir de los presupuestos.
Lo mismo ocurriría con nuevos beneméritos de la patria, premios Magón, entre otros.
De acuerdo con la propuesta de Morales existe una duplicidad de esfuerzos "sin sentido", pues aunque pareciera razonable que algunas de estas pensiones nacieron como instrumento de lucha contra la pobreza, lo cierto es que en la actualidad existe la Caja Costarricense del Seguro Social y su régimen no contributivo creado con este fin.
La iniciativa también abre la puerta para que los actuales jubilados trasladen sus pensiones al régimen del IVM, a la vez que se establecerían topes en aquellos casos de las pensiones de lujo, para tratar de reducir las inequidades y duplicidades.
"Se propone cerrar los regímenes contributivos con cargo al presupuesto nacional en un plazo de 18 meses, manteniendo los derechos adquiridos de los actuales jubilados y la posibilidad de traspasar las pensiones actualmente vigentes. Adicionalmente se propone un tope equivalente a 23 veces la línea de pobreza, para los regímenes administrados por la Dirección de Pensiones, restableciendo el tope para las jubilaciones en curso de pago, cuando se aplicable, señaló morales en la exposición de motivos del proyecto.
La comisión que analiza el caso tiene pendiente la discusión de varias mociones sobre la iniciativa. El empuje político y social provocó que el Poder Ejecutivo la enviara al Congreso luego de haberla dejado por fuera de una primera convocatoria debido a la presión ejercida por sindicatos del sector educación.
Puede ver la propuesta de ley completa en este enlace.