MSP no investigará denuncia por presunto “espionaje político” en la UEI

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) confirmó que no abrió una investigación administrativa para conocer si hubo irregularidades por parte de funcionarios que forman parte de la Unidad Especial de Intervención (UEI), luego de que el Ministerio Público confirmara que tramita una denuncia por presunto "espionaje político"  de agentes de ese cuerpo policial.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) investiga una denuncia que expone la supuesta creación de una presunta estructura paralela de "espionaje político", dedicada a dar seguimiento ilegal a políticos y funcionarios que tienen "enemistad con el presidente" Rodrigo Chaves Robles.

A este caso se le asignó el expediente 24-000761-0619-PE y -de momento- se sigue contra ignorado, según confirmó el Ministerio Público ante consulta de crhoy.com.

Pese a que se mantiene en curso esta causa penal, Seguridad Pública detalló, ante consulta de crhoy hecha desde el 17 de octubre, que no han hecho una apertura de investigación administrativa, debido a que no se ha puesto una denuncia.

"Consultada al respecto la Unidad de Admisibilidad e Investigaciones Preliminares del Departamento Disciplinario Legal, nos informó el Lic. José Pacho Chacón Mata lo siguiente: "… revisada la Base de Datos de la Unidad, el Sistema de Administración de Trámites (SAT), así como la documentación física ingresada en los últimos días, no registra ningún reporte, informe o denuncia que este relacionada con la consulta que se realiza. Gustavo Salazar Madrigal, Jefe a. i., Dpto. Disciplinario Legal. En caso de presentarse una denuncia al respecto, la misma será valorada al tenor del bloque de legalidad que rige la materia", contestaron este jueves 5 de diciembre.

MSP ratificó que desde mayo del 2022 a noviembre del 2024, registran un total de 87 oficiales de Fuerza Pública reubicados en Casa Presidencial a modo de préstamo, de los cuales 2 están en la UEI y 85 en la Unidad de Protección Presidencial (UPP), por lo que cualquier situación anómala en el ejercicio de sus labores debería ser investigada administrativamente por el MSP.

Persecución a enemigos de Chaves

La denuncia señala textualmente que "desde hace más de un año está operando una estructura paralela a la de Seguridad Pública y la de la DIS" cuya misión es "obtener información de las personas o grupos que eventualmente atacan o podrían investigar al presidente (Chaves) y a sus principales ministros".

El documento apunta que esa unidad hace "investigaciones irregulares para atacar a enemigos políticos de Chaves, principalmente diputados, magistrados, jueces y otros funcionarios del Poder Judicial, sin que se tenga sustento probatorio de un delito más que ser adversarios ideológicos del mandatario".

También se indica que 2 personas de "alto nivel", que operan bajo el mando directo del presidente de la República, son los que dirigen con sus indicaciones cada operación asignada, sin tomar en cuenta otros mandos medios del MSP o a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), los cuales son órganos encargados de algunas tareas de vigilancia hasta donde el marco legal lo permite.

"Las órdenes y el mando de esta unidad o estructura paralela de espionaje político, las emite un oficial de nombre Eduardo Guzmán (nombrado a lo interno como comandante) con el respaldo de otro oficial de nombre Jeffrey Cerdas", dice la denuncia.

Cerdas es el jefe de la Unidad de Seguridad de Casa Presidencial y es el director general de la Unidad Especial de Intervención (UEI), la cual es el cuerpo policial adscrito al Ministerio de la Presidencia y Guzmán también tiene un alto rango en esa unidad.

La denuncia expone que los vehículos que serían utilizados no son los del Ministerio de la Presidencia, pues al menos 5 "fueron tomados ilegalmente del Ministerio de Seguridad Pública (MSP)" y que incluso varios oficiales de esa cartera estarían bajo investigación administrativa por esas acciones irregulares.

Además, añade que 12 o 13 funcionarios fueron tomados irregularmente de la planilla de Seguridad Pública y están trabajando en esa operación, a sabiendas de que estas acciones podrían configurar varios delitos, pues estarían ejecutando hechos que "violan el derecho de las personas que no son criminales al espiarlos ilegalmente".

Presuntamente, agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) del MSP también serían víctimas de seguimientos y vigilancias irregulares por parte de este grupo.

Al ser consultados por el fondo de la denuncia, el Ministerio Público señaló que "de acuerdo con esta solicitud, la Fiscalía General informó que, por tratarse de hechos en investigación, no es posible suministrar detalles del caso".

Chaves minimizó la denuncia que investiga la Fapta al afirmar: "no puede avalar lo que no existe" y desacreditó los elementos contenidos en la denuncia. De paso, explicó que Cerdas es uno de los colaboradores más cercanos y que "pasa con él casi todo el día".

El mandatario cuestionó a Carlo Díaz, fiscal general del Ministerio Público, por revelar la existencia de la investigación por aparente uso indebido de los vehículos gestionados por el ICD, para aparentemente espiar a otros jerarcas del Estado, durante una audiencia con diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público.

Otro escándalo reciente con la UEI

La Fiscalía General de la República también abrió una causa penal contra el presidente Rodrigo Chaves Robles tras recibir una denuncia en la que se alega que el mandatario habría incurrido en al menos dos delitos con el decreto que modifica el reglamento de la Unidad Especial de Intervención (UEI) del Ministerio de la Presidencia.

Se trata del decreto N° 44637 MP firmado por Chaves y su ministra de la Presidencia, Laura Fernández Delgado.

"Respecto a su consulta, la Fiscalía General informó que recibió una denuncia contra el presidente Chaves Robles por los hechos referidos, la cual se tramita dentro del expediente 24-000104-0033-PE, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato", indicó el ente acusador.

Chaves y Fernández decretaron una reforma parcial al reglamento de organización y funcionamiento de la UEI, ampliando potestades de la entidad donde se incluye  la creación de dependencias específicas de "inteligencia táctica", armería, unidad canina, materiales radioactivos, Tiradores de Alta Precisión (TAP o francotiradores), entre otros.

Entre los ajustes oficializados este jueves 21 de noviembre, a través de la publicación en La Gaceta del decreto N° 44637 MP, destaca la conformación de la dependencia denominada "Inteligencia Táctica", adscrita al Departamento de Operaciones, la cual tendrá facultades de investigación a pedido del director general de la UEI (nombrado por el presidente de la República).

En el decreto de reglamento se estipulan 8 tareas y competencias encomendadas a esta dependencia, las cuales hasta entonces no existían o, al menos, no estaban oficializadas.

Una de las más cuestionadas es que ese departamento tendrá potestades de planificación, supervisión y participación en operativos policiales (allanamientos, vigilancias especiales por motivo de narcotráfico y terrorismo, operaciones encubiertas y de montaña, protección de jerarcas, entre otros).

Otra instrucción asignada al departamento de Operaciones establece que se deben acatar y ejecutar "las directrices y órdenes emitidas por el director o subdirector de la UEI o, en su defecto, las indicadas por el presidente de la República (Chaves) y la ministra de la Presidencia (Fernández)".

El decreto también obliga a que los funcionarios del departamento de Operaciones acaten y ejecuten directrices (y órdenes) giradas por el propio presidente de la República, según se define en el artículo 9 del reglamento sobre las competencias del departamento de Operaciones de la UEI.

Además, según ese mismo artículo, esta oficina deberá "atender y resolver las solicitudes y consultas técnico-tácticas y administrativas" que sean presentadas por el presidente de la República, el jerarca del Ministerio de la Presidencia o las demás jerarquías de la UEI.

También autoriza al presidente y su ministro (a) a otorgar grados policiales a discreción, a las jefaturas de los nuevos departamentos.