Mora judicial se redujo en 58 mil expedientes pese a incremento de nuevos casos

La mora judicial se redujo en 57.845 casos en todo el Poder Judicial durante los últimos años, pese a que aumentó la litigiosidad y están ingresando 44 mil nuevos casos anualmente, lo que incrementa el volumen de la demanda en los tribunales y juzgados del país.

En 2021, la institución tenía un circulante total de 803 mil expedientes en trámite (en primera instancia), cifra que bajó a 745 mil hasta junio del año en curso. De la misma forma, la productividad aumentó un 27%, al cerrar 148 mil casos más por año al comparar 2021 con 2025.

Estas cifras se consiguieron pese a que cada día se reciben nuevas denuncias y demandas. En 2021 ingresaron 575 mil asuntos, en comparación con los 618 mil del año anterior. La proporción de controversias legales que se tramitan ante los tribunales de justicia aumentó un 8%, por lo que para la Corte Plena la reducción del circulante es aún más significativa.

El 60% de los casos tiene menos de un año de estar en curso y el 25% no supera los cuatro años. Además, los juzgados y tribunales dejaron de tener expedientes que llevaban hasta 73 años en trámite.

La mayoría de las materias judiciales aumentaron el porcentaje de casos que lograron cerrar y redujeron la cantidad de asuntos pendientes, aunque en algunas áreas hasta se triplicó la cantidad de nuevos casos. La Dirección de Planificación explicó los resultados durante la sesión de la Corte Plena de este lunes.

Desde inicios de 2022 se fijó como prioridad la resolución más célere de los casos y que, mediante planes anuales operativos, se articularon 611 despachos y oficinas: 283 despachos jurisdiccionales, 152 del Ministerio Público, 40 del OIJ y otras dependencias, con el objetivo de agilizar la resolución de los procesos judiciales.

Además, se emitieron directrices para priorizar la atención de los expedientes de mayor antigüedad y se desplegó personal especializado para agilizar los casos en la gran mayoría de las oficinas judiciales. También se incorporó tecnología, con análisis masivo de datos y algoritmos de inteligencia de datos, para mejorar los resultados.

En la Corte destacaron que, entre 2022 y 2026, el Poder Judicial ejecutó reformas estructurales en múltiples jurisdicciones para reducir el rezago. En materia Civil y de Cobro Judicial, se optimizaron las cargas de trabajo mediante el apoyo de personal supernumerario y la ampliación de las competencias de los Tribunales Colegiados.

En Familia, Pensiones y Violencia Doméstica, destacó la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia en 2024 y la creación de un juzgado especializado en apelaciones de pensiones. En el ámbito Laboral, se creó el Juzgado de Ejecución y se amplió el de Seguridad Social.

En lo Penal, se instauró un modelo estándar de tramitación y el expediente electrónico interconectado. La jurisdicción Contencioso-Administrativa rediseñó procesos y facultó al Tribunal de Apelación para resolver asuntos de puro derecho, mientras que las materias Agraria y Concursal adaptaron sus despachos a las nuevas legislaciones.

En la Sala Segunda, el circulante se redujo un 71% mediante la especialización de su área de admisibilidad. Cobro Judicial concentra el mayor volumen de rezago a nivel nacional, con más de 496.000 expedientes en trámite.