MOPT quiere conformar una sola unidad para gestionar plan de vía a San Ramón
Adenda a contrato de fideicomiso se enviará pronto a Contraloría, dijo jerarca
(CRHoy.com). El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) estiman que en las próximas semanas se presente una adenda al contrato de fideicomiso acordado con el Banco de Costa Rica (BCR) para modernizar el corredor vial entre San José y San Ramón.
Luis Amador, titular de la cartera, adelantó que una de las intenciones que se propondrá es "integrar" las unidades ejecutoras que se conformaron para desarrollar el proyecto a lo interno de la entidad bancaria y del Conavi.
Durante la Administración Solís Rivera (2014-2018), en 2015, se firmó la ley para modernizar el corredor vial entre la capital y el cantón alajuelense. Un año después, en 2016, el banco se adjudicó el fideicomiso promovido para desarrollar el proyecto. Luego, en 2017, entró en funcionamiento bajo el nombre de Ruta Uno.
Ruta Uno, en su condición de fiduciario, conformó la Unidad Administradora del Proyecto (UAP). Esta entidad ha sido la responsable de diseñar y ejecutar el plan de "obis", el cual configura la etapa previa a la ampliación integral del corredor vial. También, se encargó de gestionar el estudio de factibilidad para el proyecto global que realizó la consultora IDOM.
En tanto, el Conavi, en su rol como fideicomitente, constituyó la Unidad Ejecutora San José-San Ramón (UERS), la cual opera en paralelo a la UAP de Ruta Uno.
"Estamos en negociaciones y parece que vamos bien. Estuvimos con la presidenta de la junta directiva (Gina Carvajal). Ella aceptó el hecho de que era una tarifa burocrática de $180 mil mensuales (por gestionar el fideicomiso), que podíamos integrar las 2 unidades ejecutoras en 1 sola y que todos trabajaran bajo la misma cabeza para que se pudiera sacar el proyecto adelante", dijo el ministro Amador, ante el plenario legislativo el pasado 7 de noviembre.
Pese a la explicación dada por el ministro, la dirección jurídica de la UERS, en el Conavi, aclaró a CRHoy.com que la intención en realidad es que se cree una dependencia totalmente nueva que se encargue de la gestión del proyecto y que ya no tenga participación alguna la UAP de Ruta Uno.
Con la adenda al contrato, que se discute entre el BCR y el Conavi, el ministerio y el consejo procuran que la ampliación integral se efectúe bajo la vía de la concesión o mediante Alianzas Público-Privadas (APP). Sin embargo, la transición desde el fideicomiso hacia esta nueva figura podría concretarse en un plazo de hasta 3 años.
Incluso, se analiza la posibilidad de que el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) asuma la gestión de la iniciativa una vez que concluya el acuerdo con el banco.
Así las cosas, el papel de Ruta Uno se limitaría a la fase pre-operativa del plan y a la ejecución del programa de obras impostergables (obis), el cual pretende efectuar 17 intervenciones puntuales para eliminar "cuellos de botella" en el corredor vial.
"Estamos presentando pronto la solicitud ante la Contraloría General de la República (CGR), para que se haga una adenda en ese sentido y más bien tratar de mejorar", detalló Amador.
En un informe publicado el pasado 2 de noviembre, la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE) de la CGR advirtió 5 riesgos puntuales en la ejecución del proyecto bajo la modalidad del fideicomiso.
En peajes:
- Incremento en el costo de peajes por aumento de los costos administrativos del fiduciario (BCR).
- Menor tiempo disponible para la recuperación de la inversión.
Diseños:
Incompatibilidad del diseño de las ‘obis' con el diseño del corredor principal.
"Obis":
- Para el caso del lote 1 de "obis", se identificaron: problemas de calidad, incremento en los costos y reconocimiento de eventos compensables.
Indefinición:
Indefinición de la viabilidad, costo final, fecha de entrada en operación y estructuración del proyecto integral.
Mantenimiento:
- Incertidumbre con respecto al mantenimiento de las obis, sin tener certeza de la fecha de entrada en operación del proyecto integral.
Hasta esta fecha, 4 de los 5 lotes de ‘obis', compuestos por un total de 17 proyectos, están en el limbo. Se trata del lote 2a (ampliación del puente sobre el río Torres y el intercambio con Circunvalación a la altura del Monumento al Agua), lote 2b (mejoras de las estaciones de peaje de Río Segundo y Naranjo), lote 3 (ampliación de la radial de El Coyol) y el lote 4 (ampliación del Puente Juan Pablo II y construcción de nuevos intercambios a desnivel en Río Segundo, Grecia, Naranjo y San Ramón).
De estos, el lote 2a, cuenta con un contrato firmado con el consorcio H.Solís-TPF Getinsa Euroestudios, pero está varado porque está pendiente la aprobación de los diseños por parte del Conavi y urge el trámite de expropiación de 1 terreno.
El plan de "obis" está estimado en un monto aproximado a los $116 millones, de los cuales $65.75 millones serían financiados por el Estado y $50 millones por un crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
A través de un comunicado de prensa, Ruta Uno alegó que las disposiciones de la CGR no cuestionan la planificación del fideicomiso, sino que dirige sus disposiciones a que el Conavi "emita las aprobaciones necesarias para que el Fideicomiso pueda avanzar en el desarrollo del proyecto de ampliación del corredor vial".
"El ente contralor también impone condiciones para que el fideicomiso pueda continuar con la ejecución del programa de ‘obis'", citó la institución.
Así las cosas, a la luz de Ruta Uno, el Conavi debe definir los alcances del proyecto integral y, fundamentalmente, establecer si seguirán adelante con el contrato de fideicomiso tal como está o si se hará algún tipo de replanteamiento.