Monto de ayuda del programa Avancemos no crece desde 2019

El programa Avancemos, que entrega transferencias monetarias condicionadas para evitar la deserción estudiantil y prevenir el trabajo infantil, mantiene congelado el monto de ayuda económica desde 2019, según advirtió la Defensoría de los Habitantes.

Este programa, administrado por el Ministerio de Educación Pública (MEP), está dirigido a estudiantes en condición de pobreza o pobreza extrema. Sin embargo, la Defensoría alertó que, pese a su importancia, el subsidio no ha sido ajustado para reflejar la pérdida del poder adquisitivo de las familias ni las diferencias económicas entre regiones.

La entidad también subrayó que el programa ha enfrentado recortes presupuestarios consecutivos. En 2022, el monto de las transferencias se redujo en ₡21.100 millones (21% menos que en 2021). En 2023, la disminución fue de ₡8.723 millones (11%), y en 2024 la caída fue de ₡7.992 millones (también un 11%).

En cuanto a los beneficiarios, entre 2019 y 2022 la cifra oscilaba entre 387.739 y 413.743 estudiantes. Sin embargo, en 2023 se registró un descenso abrupto a 289.974 personas. Aunque para el tercer trimestre de 2024 se reportó un aumento del 4,9% en las transferencias, el nivel aún no se recupera respecto a años anteriores.

Durante su investigación, la Defensoría tuvo acceso al Informe Final de Evaluación de Diseño y Proceso del Programa Avancemos, elaborado por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

En dicho informe se señala que el programa carece de indicadores adecuados para medir su impacto, lo que limita su capacidad de evaluación y dificulta conocer, por ejemplo, cuántos estudiantes necesitan el apoyo, pero no lo reciben.

Además, se destaca que no existe una metodología que contemple variaciones regionales en el costo de vida, lo que impide ajustar la ayuda según las necesidades económicas específicas de cada zona del país.

Para la Defensoría es necesario revisar tanto el diseño del programa como su presupuesto, con el fin de asegurar que las ayudas económicas realmente cumplan su función: prevenir el abandono escolar y promover la inclusión educativa.

Según la institución, un rediseño permitiría mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y garantizar un respaldo más efectivo a los beneficiarios, especialmente en contextos de vulnerabilidad.