Ministro Zamora fue multado por incumplir orden sanitaria en delegación policial de Isla Chira
El ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, fue multado por incumplir una orden sanitaria relacionada con las condiciones de la delegación o puesto policial de Isla Chira, en Puntarenas.
Así lo detalla el informe sanitario MS-DRRSPC-DARSPE-IS-01-2026, emitido por el Ministerio de Salud. En el documento se especifica que, tras una inspección realizada el 18 de diciembre de 2025, se comprobó que no se cumplieron las medidas ordenadas en una orden sanitaria vigente desde 2024.
Durante la visita se constató la ejecución de algunas acciones preliminares para las remodelaciones, como la presencia de materiales, la construcción de bases de concreto y mesas de trabajo. Sin embargo, se evidenció el incumplimiento de las acciones propuestas en el cronograma y de los requerimientos establecidos en la orden sanitaria.
Entre los problemas que persistían se encontraban:
- Problemas estructurales, como grietas, losas dañadas y filtraciones de agua.
- Sistema eléctrico en condiciones de riesgo.
- Manejo inadecuado de aguas residuales, con riesgo sanitario comprobado.
- Quema de residuos sólidos en el terreno.
- Área de preparación de alimentos sin condiciones mínimas de higiene ni seguridad.
- Falta de accesibilidad conforme a la Ley N.° 7600.
- Presencia de vectores y plagas.
- Falta de cerramientos, paredes inadecuadas y cielos rasos en mal estado, entre otras deficiencias.
¿Qué establecía la orden sanitaria?
La orden sanitaria exigía, entre otros aspectos:
- Reparaciones estructurales y del sistema pluvial.
- Corrección del sistema de aguas residuales.
- Mejoras en la cocina y en las instalaciones eléctricas y sanitarias.
- Eliminación de materiales inadecuados.
- Presentación de un plan de acciones correctivas, con cronograma y responsables.
- Diseño y trámite de planos para la reparación o construcción de una nueva delegación policial en Isla Chira.
El plazo original para el cumplimiento de la medida vencía el 22 de noviembre de 2024. No obstante, tras una solicitud de prórroga, se extendió el plazo hasta el 3 de diciembre de 2025. Aun así, la orden tampoco fue acatada dentro del nuevo plazo otorgado.
La multa
El ministro recibió una multa fija de un salario base, equivalente a ₡462.200, por omisión en el cumplimiento de la orden sanitaria dictada.
El monto deberá ser cancelado en un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la notificación del informe sanitario.
La voz del denunciante
El conflicto legal se remonta al año 2024, cuando Ricardo Aguilar Jiménez, estudiante avanzado de Derecho, interpuso un recurso de amparo relacionado con las condiciones del puesto policial.
El recurrente explicó que, pese a que la Sala Constitucional y las autoridades sanitarias otorgaron todo el año 2025 como plazo para ejecutar las obras, la respuesta institucional fue deficiente.
Aguilar afirmó que la situación dejó de ser un problema logístico para convertirse en un caso de desobediencia judicial, lo cual —según señaló— quedó evidenciado con la multa impuesta al ministro de Seguridad.
Durante 2025, el administrador regional Andrey Rosales —quien conocía la orden sanitaria desde inicios de ese año— solicitó prórrogas y presentó cronogramas de trabajo que finalmente no se cumplieron.
El denunciante sostuvo que, durante ese periodo, el ministerio realizó únicamente "cambios cosméticos" y superficiales, y que fue hasta la imposición de la multa cuando se observó una movilización real de personal y materiales hacia la isla para intentar subsanar las deficiencias.
"La administración intentó justificar su inacción alegando el mal estado de las lanchas para el traslado de materiales y condiciones climáticas adversas", señaló el recurrente.
Agregó que ni la falta de una lancha en condiciones óptimas ni el mal clima eximen a la administración del cumplimiento de una sentencia de la Sala Constitucional ni de una orden sanitaria. Esta postura, indicó, fue respaldada por la resolución N.° 2026001613, en la que se acreditó la desobediencia del ministro Zamora y del director de la Fuerza Pública, Marlon Cubillo.
"La realidad objetiva en la isla revela un abandono que trasciende lo estructural. Se ha evidenciado una marcada apatía por parte del síndico de la comunidad, quien no ha mostrado un interés real por la situación humana de los oficiales ni por las condiciones de riesgo que enfrentan a diario", afirmó Aguilar.
Asimismo, recalcó que, ante ese abandono, los propios oficiales de la Fuerza Pública han tenido que recolectar dinero entre ellos para solventar problemas de la radiopatrulla y no dejar a la población desprotegida.
"Pese a trabajar en un edificio declarado insalubre y tener que financiar ellos mismos el mantenimiento de sus vehículos, el cuerpo policial de Isla Chira mantiene su compromiso con la seguridad de los habitantes", concluyó el denunciante.
Anuncio de obras
El pasado 14 de enero, el medio de comunicación Trivisión publicó un video de 29 segundos en el que Mario Zamora aseguró que ya existían avances en la renovación del puesto policial.
"La seguridad en la zona del Golfo de Nicoya es esencial y por eso estamos renovando nuestra delegación policial en Isla Chira. Esta contaba previamente con una orden sanitaria y hemos logrado, con el apoyo de la Municipalidad de Puntarenas, mejorar esa infraestructura para contar con mejores condiciones", afirmó el ministro en la grabación.