Ministro ordena revisar beneficios otorgados a 593 reos liberados en su gestión

(CRHoy.com) Luego de que trascendiera que el posible homicida de Keylor Gamboa estaba libre por un beneficio otorgado por el Instituto Nacional de Criminología (INC), el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, ordenó revisar las medidas alternas otorgadas bajo su gestión a 593 privados de libertad.

Esa determinación fue anunciada la mañana de este jueves por el jerarca en una conferencia de prensa, celebrada en una sala de reuniones contigua a su despacho, en el Registro Nacional, en Zapote de San José, a unas cuadras de donde ocurrió el crimen tres días atrás.

"Le he ordenado al viceministro de Justicia (Exleine Sánchez) hacer una revisión de todos estos privados de libertad con los recursos que tenemos, para saber si han cometido algún delito. Hubiésemos esperado que fuera del Poder Judicial que nos preguntaran a nosotros por cada privado de libertad, que es lo más importante.

Pero como no ha sido así, voy a hacerle un oficio para preguntarle al fiscal general (Carlo Díaz) si alguna de estas personas, del 8 de mayo a la fecha ha cometido algún delito o no. Y así hacer nuestros procesos a lo interno", explicó.

La idea es cruzar la lista de los reos que han sido trasladados al régimen semiinstitucional con las pasadas al Ministerio Público, de manera que se pueda constatar si, durante el periodo que han gozado del beneficio carcelario, han incurrido en nuevos ilícitos que den pie a una revocatoria de la medida alterna.

Después está previsto que ese estudio se extienda a los restantes 2.165 privados, liberados en la administración de Carlos Alvarado (2018-2022).

Telenoticias reveló el 28 de diciembre que la Fiscalía identificó casos graves de reos con libertad anticipada; mismos que fueron expuestos en una reunión que sostuvo Díaz con el presidente Rodrigo Chaves, en la que además participaron Campos y su homólogo de Seguridad Pública, Jorge Torres.

Algunos ejemplos que enumeró el canal incluyen a un sentenciado por un doble homicidio y otro por delitos económicos, así como otro en el que el beneficiario de la medida cometió homicidio simple, femicidio, tentativa de homicidio, daños agravados, incendio y explosión.

Cuando fue consultado sobre ese particular, el ministro de Justicia recalcó que ese informe correspondía a casos identificados antes del 8 de mayo, cuando asumió las riendas de la cartera. Precisamente es por eso que ordenó la revisión, a fin de saber qué pasa con los privados liberados en su administración.

Entretanto, el sospechoso del crimen de Gamboa, de apellido Zepeda y de 34 años, permanece detenido desde el día de los hechos, acaecidos la madrugada del 26 de diciembre. La versión dada por los familiares de la víctima apunta a que el joven de 19 años transitaba por vía pública con su novia, Larisa Madrigal, en barrio Pinto de San Pedro de Montes de Oca, cuando ambos fueron abordados por un asaltante.

Se cree que, tras despojar de sus pertenencias a la muchacha, el individuo intentó abusarla, lo que motivó que el ahora occiso interviniera en su defensa, sufriendo una herida de arma blanca en el cuello por la que momentos después murió el Hospital Rafael Ángel Calderón, en San José. En el enfrentamiento, el supuesto agresor sufrió una lesión en el pecho y la otra agraviada en las manos, por lo que ambos fueron trasladados y estabilizados en el mismo centro médico.

Al día siguiente, el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José le impuso 5 meses de prisión preventiva, a solicitud del Ministerio Público. La Fiscalía anunció momentos antes de que se confirmara la medida cautelar que también solicitaría se le revocara el beneficio carcelario.