Ministro no se refiere a queja de funcionarios tras problemas salariales
Entidad afirma que investigación está en proceso por lo que no se referirán
Ministro de Seguridad, Jorge Torres. (Cortesía)
(CRHoy.com) El Ministro de Seguridad, Jorge Torres, decidió no referirse a señalamientos hechos por un grupo de trabajadores administrativos de la cartera que le reprocharon "la inexistencia de apoyo" en un oficio emitido en enero anterior.
El malestar se dio luego de que se detectara un faltante de ¢16 millones de colones para el pago de incentivos salariales de los miembros del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA). Ante la situación, el Ministro ordenó una investigación preliminar para que se determinaran las causas y los responsables del faltante en el presupuesto.
No obstante, parte del personal administrativo le reclamó a Torres que nunca los escuchó y sin que se estableciera los procedimientos correspondientes se emitió una declaración que hablaba de error técnico y calificándose de gravedad.
Inclusive, el personal administrativo pidió que en la investigación "no intervengan personas funcionarias de su despacho, ya que la imparcialidad es uno de los principios integradores del derecho al debido proceso, que encuentra aplicación en materia disciplinaria y al emitirse el oficio MSP-DM-2398-2022, el mismo consideramos no se ve reflejado".
Tras conocer el informe, CRHoy.com pidió una reacción de Torres sobre el oficio señalado, mas a través de la Oficina de Prensa se indicó que "por respeto al debido proceso, no se emitirá una posición al respecto".
Eso sí, la entidad confirmó que la investigación ordenada desde diciembre pasado todavía se encuentra en proceso y que los 176 funcionarios afectados ya se le pagaron los pluses a 172.
"Cuatro quedan pendientes por temas que se escapan de la competencia del Ministerio de Seguridad Pública. Se espera se normalice prontamente", detallaron.
Avanza proceso judicial
CRHoy.com supo que por el no pago de los pluses salariales en diciembre pasado, el Ministerio de Seguridad enfrenta un proceso judicial ante el Juzgado de Trabajo. Allí un funcionario ha solicitado el reconocimiento de daños y perjuicios por el atraso en el pago de los incentivos.
