Ministro de Seguridad Mario Zamora afronta 4 investigaciones penales
Favorecimiento personal, incumplimiento de deberes, desobediencia y nombramiento ilegal entre los supuestos delitos investigados
El ministro de Seguridad, Mario Zamora Cordero, afronta cuatro causas penales en su contra por los aparentes delitos de favorecimiento personal, incumplimiento de deberes, desobediencia y nombramiento ilegal. Así lo confirmó la Fiscalía General, tras la consulta de crhoy.com.
Tres de los expedientes fueron abiertos el año anterior, cuando asumió una silla en el gabinete del mandatario Rodrigo Chaves Robles y uno más, se aperturó este año.
De acuerdo con los números de despacho, tres de las investigaciones se abrieron directamente en la Fiscalía General, mientras que otro fue interpuesto ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).
No obstante, se trasladó dado que se trata de un funcionario que tiene inmunidad, debe ser directamente el fiscal general quien esté a cargo de las indagaciones. Así lo señala la Ley Orgánica del Ministerio Público que en artículo 25 inciso J cita:
Son deberes y atribuciones del Fiscal General:
J) Practicar, personalmente, la investigación inicial y solicitar lo que corresponda, intervenir en los juicios, así como asumir todas las funciones que corresponden al Ministerio Público, en los procesos penales seguidos contra los miembros de los Supremos Poderes y funcionarios equiparados. En estos casos podrá hacerse acompañar de un fiscal.
Todas las causas iniciaron por denuncia. A continuación el detalle de los expedientes en el sistema de gestión de casos de la Fiscalía General contra Mario Zamora Cordero:
- Expediente 24-000043-0033-PE: en investigación por aparente delito de favorecimiento personal.
- Expediente 23-000061-0033-PE: en investigación por aparente delito de desobediencia.
- Expediente 23-000394-1218-PE: en investigación por aparente delito de nombramiento ilegal.
- Expediente 23-000071-0033-PE en investigación por aparente delito de incumplimiento de deberes.
Crhoy.com consultó al jerarca si conocía la existencia de estos procesos legales y cuál era su opinión al respecto a lo que se limitó a indicar:
No he sido notificado de ninguna. Las acusaciones interpuesta están en etapa de admisibilidad y ninguna ha superado esa etapa.
¿Vínculos con crimen organizado?
Todos estos procesos se encuentran en investigación. Al estar en esa fase, el Ministerio Público no detalla los hechos a investigar, por la prohibición que establece el artículo 295 del Código Procesal Penal.
No obstante, hay algunos pormenores que se conocen públicamente sobre estos expedientes. Por ejemplo, en el expediente 24-000043-0033-PE se investiga no solo al jerarca, sino también al mandatario Rodrigo Chaves Robles por el aparente delito de favorecimiento personal.
Específicamente, se denunciaron aparentes vínculos con el crimen organizado. Cabe destacar que por estos mismos cuestionamientos, recientemente 38 diputados aprobaron en el plenario una moción para solicitar la apertura de una investigación legislativa por posibles nexos del Gobierno de Rodrigo Chaves Robles con el crimen organizado.
En el texto de la moción, los diputados expresaron su preocupación ante recientes hechos que, a su parecer, deberían ser investigados.
Entre ellos se citan que en agosto de 2023 el Ministerio Público abrió una investigación ante una denuncia del diario El Universal, de México, en la que acusaron a jerarcas del Poder Ejecutivo costarricense de aparentemente haber abierto "negociaciones con redes mafiosas costarricenses ligadas a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación", con el fin de "reducir la creciente violencia callejera y exhibir el fracaso de la seguridad, a cambio de proseguir con el narcotráfico" por el país.
La moción también cita otras informaciones periodísticas de medios internacionales como The Washington Post, en Estados Unidos y El País, de España sobre la situación de inseguridad en el país.
Los congresistas también cuestionaron que en abril del 2023 el presidente Chaves "trató de minimizar la grave situación que se vive en temas de seguridad, indicando que lo querían hacer ver como una crisis, pero que no lo era porque lo que sucedía era que los malos se estaban matando entre ellos".
Otra de las preocupaciones de los congresistas y que motivaron la moción fue la polémica alrededor de la intención del Gobierno de construir las cárceles con carpas y para ello ya había obtenido $8.3 millones en contratos.
Un tema más bajo cuestionamiento de los congresistas señalado en la moción es el traslado de la Academia de Guardacostas de Golfito a Pococí, aunque en Pococí no hay océano, necesario para esos poder realizar esos cursos.
Los congresistas también alertaron que en agosto anterior trascendió que el presidente Chaves tenía en su despacho pendientes de firmar 25 leyes aprobadas por el Congreso, 7 de ellas para atacar al crimen organizado.
También se cuestiona en la moción un supuesto "debilitamiento en el acompañamiento del Ministerio de Seguridad en operativos contra la delincuencia organizada, e igual una ausencia total de apoyo de la Unidad Especializada de Intervención (UEI), así como movimientos de personal de la Policía de Control de Drogas (PCD) y finalmente falta de apoyo de Servicio de Vigilancia Aérea de Costa Rica (SVA) en operativos".
Finalmente, se cita entre los motivos para pedir la investigación una aparente "complicidad en el uso irregular de escáneres" para la detención de drogas en los puestos fronterizos del país.
Nombramiento ilegal
En el caso del expediente 23-000394-1218-PE, se investiga aparente nombramiento ilegal de subdirectora del Servicio Nacional de Guardacostas. El mandatario Rodrigo Chaves Robles también es señalado en esta causa.
Esta designación está bajo escrutinio, tras una denuncia interpuesta el Sindicato del Servicio Nacional de Guardacostas (Sitrasenag), en noviembre del 2023.
El acuerdo ejecutivo número 058-2023 MSP firmado en mayo por Zamora y Chaves, indica "nombrar temporalmente y como recargo a la servidora Cinthya Alvarado Guitta actual Oficial Directora de la Estación de Guardacostas Limón, en las funciones del cargo de Subdirectora General del Servicio Nacional de Guardacostas, manteniendo el puesto actual que ocupa".
Dicho nombramiento sería válido desde el 22 de mayo del año anterior hasta el 7 de mayo del 2026. No obstante, la normativa vigente no valida la existencia de dicho puesto de trabajo, según advirtió un dictamen jurídico del propio ministerio.
A cuentas
El jerarca Mario Zamora se ha visto en vuelto en cuestionamientos e incluso fue denunciado ante la Procuraduría de la Ética, debido a que durante los últimos meses de su administración, el viceministro de Unidades Especiales y director a.i. del Servicio Nacional de Guardacostas ha hecho una serie de movimientos sobre este importante cuerpo policial, clave para la lucha contra el narcotráfico.
Por esa razón, ambos deberán rendir cuentas ante la Comisión legislativa de Seguridad y Narcotráfico, este lunes 28 de octubre después a la sesión del plenario, por un viaje de Jiménez Steller se debió reprogramar.
"Espero honestidad de parte de ambos jerarcas. Me parece que le deben explicaciones al pueblo de Costa Rica por el debilitamiento de los Guardacostas. Y espero que esta vez no existan más excusas para atrasar la audiencia que fue aprobada hace ya muchos días", señaló la congresista Sofía Guillén, quien días atrás presentó una denuncia por parte de estos hechos.
Tal como reveló crhoy.com días atrás, el Ministerio de Seguridad Pública bajo la dirección del jerarca Mario Zamora y el viceministro de Unidades Especiales, Manuel Jiménez Steller, tomó la decisión de alejar el grupo más capacitado de Guardacostas de Drake, disminuyendo los tiempos de reacción para interceptar embarcaciones con droga cerca de la principal puerta del narcotráfico al país.
A esto se suma que el viceministro de Unidades Especiales de Seguridad Pública, Manuel Jiménez Steller, ordenó extraer el grupo operativo de Guardacostas que permanecía en el puesto de Sixaola en el Caribe Sur para trasladarlo al centro de Limón, lo que genera retrasos de hasta una hora en los recorridos para combatir al narcotráfico.
Mediante al menos cinco testimonios de personas ligadas a la operación de Guardacostas, crhoy.com también reveló que por orden verbal del viceministro se trasladó el centro de comunicaciones, reduciendo su capacidad de contactarse con embarcaciones y aeronaves para el patrullaje de aguas nacionales, además de exponer información policial altamente sensible.
Cuando han sido abordados por este medio, ni el jerarca ni los viceministros han negado dichos movimientos. Todo se suma al traslado de la Academia de Guardacostas de Quepos, donde estaba a metros del mar, hacia el cantón de Pococí, a 45 kilómetros del mar más cercano.