Ministro de Seguridad ante huelgas: “Hay toda una organización para presionar al Estado”
"Yo los llamo cabecillas y no líderes, porque un líder tiene una connotación buena", dijo el jerarca
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Los bloqueos realizados durante la última huelga nacional que duró aproximadamente tres meses fueron planeados por cabecillas, para afectar la movilización de personas en vías públicas.
Así lo confirmó Michael Soto, Ministro de Seguridad Pública (MSP) este lunes en la Comisión Especial de Huelgas, donde analizan el proyecto de ley número 21.049 que pretende modificar la Reforma Procesal Laboral en esta materia.
Soto indicó que los manifestantes buscaron lugares estratégicos donde no existieran rutas alternas o, las que habían, fueran de alta complejidad.
"Tengo claro que fueron sobre puntos medulares (los bloqueos) y aunque no podría suponer, circularon muchísimos audios en chats, donde se establecían ese tipo de estrategias de confrontación y posicionamiento con nosotros (los policías) hacia lugares de abastecimiento, como en Recope Ochomogo, Recope Limón y Caldera. Eso estaba organizado, además, tratamos de buscar buscar rutas alternas para fluir con el tráfico", sostuvo.
"Había preparación, había hasta carne asada, bailes y cervezas; más bien parecía una fiesta más que una protesta. Había todo un despliegue logístico (…) al principio había hidratación y luego les decían que cada quien trajera su propio recurso, hay toda una organización para presionar al Estado", sentenció.
Ministro de Seguridad, Michael Soto fue claro en que bloqueos durante huelga estuvieron planeados.
Soto apuntó a una alta organización por la utilización de niños, adultos mayores e indígenas para evitar enfrentamientos directos con los policías. Pero, ¿quiénes estaban detrás de esto? Según el Ministro, "cabecillas y no líderes, porque un líder tiene una connotación buena".
El jerarca manifestó que también estos grupos de personas golpearon a policías, incluso, uno de ellos tuvo que ser incapacitado por un período de 22 días tras un golpe en la rodilla, mientras otro sufrió lesiones en su nariz.
Además, realizaron tortuguismo principalmente en círculos, en rutas como la 32, 27, 1, Costanera Sur y en aquellos donde había salidas de dispensa de combustible como en Ochomogo, Barranca y muelles en Moín y Caldera.
Para atender estos movimientos, la Fuerza Pública tuvo que desprenderse de 1.500 policías centrados en esta atención, lo cual frenó la realización de operativos. La huelga le costó al Ministerio de Seguridad 860 millones de colones en pagos de horas extra, pago de alimentación, utilización de tecnología, entre otros.
El proyecto de ley en discusión propone la disolución de sindicatos cuando la organización incita "a sus afiliados a limitar o restringir la libertad de tránsito de los ciudadanos, realizar sabotajes sobre bienes públicos y llevar a cabo cualquier conducta que comporte un ilícito penal".
Soto fue claro en que sí hubo bloqueos y afectación a la libertad de tránsito por lo tanto, desde su Ministerio, no va a permitir que el derecho a huelga restrinja otras libertades de la ciudadanía.
El jerarca recordó que por esta violación al derecho principalmente de conductores, en Pérez Zeledón un grupo de traileros estuvo a punto de pasarle por encima a los manifestantes, porque ya tenían varias horas de estar atrapados en el lugar sin poder continuar. Por ese motivo, la policía tuvo que quedar en medio de ambos grupos.
En algunos casos el nivel de tensión fue tan alto, que tuvieron que utilizar agentes químicos para evitar enfrentamientos.
Soto resaltó el nivel de violencia con el que actuaron los huelguistas donde incluso colocaban "miguelitos" para estallar las llantas a patrullas y traileres. Sí quiso aclarar que su intención no es criminalizar las protestas, sino de respetar los derechos de las mayorías.
Al final, se formularon 50 denuncias ante el Ministerio Público.
La iniciativa, presentada por Carlos Ricardo Benavides, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) se discute en un foro especial, porque así lo decidieron los congresistas en el Plenario. Inicialmente, se estableció un plazo de cuatro meses para la realización de su dictamen, período que culmina en abril.
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