Ministro culpa a operadoras por celulares en cárceles y las denuncia, pese a descontrol de Justicia

Gerald Campos, ministro de Justicia a cargo del Sistema Penitenciario Nacional, anunció junto al mandatario Rodrigo Chaves que ayer denunció penalmente a las operadoras telefónicas Kölbi, Claro y Liberty, a quienes culpa del uso de celulares dentro de las cárceles.

Durante el programa televisivo semanal de Presidencia, el jerarca responsabilizó a las empresas de que privados de libertad estén utilizando dispositivos electrónicos desde las celdas, aunque es obligación del Ministerio de Justicia mantener ese control y evitar que este tipo de artefactos ingresen.

Textualmente, Campos dijo:

"Ha sido reiterado el decir del OIJ que se usan celulares. La ley le da esa obligación a las operadores telefónicas del bloqueo. Ayer las denunciamos penalmente y ahora sí que el OIJ las investigue. Es su responsabilidad y ahí no debe haber comunicación", expresó el jerarca.

Sin embargo, la Ley General de Telecomunicaciones no responsabiliza a las compañías a que regulen el ingreso de los teléfonos a las cárceles, sino a bloquear la señal en el interior de los centros penitenciarios. Así lo establece el artículo 49 de dicha norma:

Los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones tendrán las siguientes obligaciones:

4) Adoptar y aplicar los procedimientos y las soluciones técnicas que sean necesarios para impedir la prestación de los servicios inalámbricos de telecomunicaciones disponibles al público al interior de los centros penitenciarios, incluyendo las unidades de atención integral, los centros penales juveniles y cualquier otro centro de atención institucional del Sistema Penitenciario Nacional, de acuerdo con lo que se establezca en el reglamento, garantizando que no haya afectación al servicio de la población residente y personas usuarias de las zonas aledañas a dichos centros.

Es decir, las obligaciones que establece la legislación para las telefónicas consisten en impedir que la señal telefónica ingrese a los perímetros carcelarios; pero el control, la administración, la seguridad y la custodia de los centros —por ende, el ingreso de dispositivos prohibidos— es resorte de la Dirección General de Adaptación Social, un órgano adscrito al Ministerio de Justicia. Así lo establece la Ley n.º 4.762.

Además de apuntar hacia las operadoras, tanto Chaves como su ministro omitieron señalar cuáles acciones tomarán para evitar el ingreso de celulares al sistema penitenciario. 

De hecho que los propios registros del Ministerio de Justicia dan cuenta de la aparición de 15 celulares, 45 artículos electrónicos y 29 chips en apenas la última semana, en varios centros de reclusión.

También omitieron explicar que a las cárceles del país está ingresando una gran cantidad de tarjetas SIM o chips de operadores de telefonía internacionales, los cuales permiten evadir los bloqueadores de señal instalados en las prisiones.

Autoridades como el Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía han explicado en otras ocasiones que, a pesar de la instalación realizada por las operadoras, los privados de libertad han conseguido eludir el bloqueo de señal, justamente al continuar ingresando a prisión los aparatos no permitidos.

El abogado Juan Manuel Campos, especialista en la materia, explicó que, previo a un proceso penal, lo primero que correspondería, es que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), siendo el regulador sectorial, determine si técnicamente se cumplió con lo establecido en la Ley General de Telecomunicaciones.

"Parece un contrasentido que un juez penal deba pronunciarse por el fondo siendo un tema técnico y sujeto a regulación, pero lo que se anunció sobre demandas penales, hay que revisar bien el fundamento legal para que no la rechacen ad portas.

Entiendo que las operadoras han cumplido con la instalación de equipos, pero serían esas operadoras las que deban de indicar que tipo de inversión han hecho y como se impide la señal", explicó el experto.

CR Hoy solicitó a Casa Presidencial facilitar una copia de la denuncia penal que interpusieron ante el Ministerio Público contra las operadoras, así como los presuntos delitos que achacan. Hasta esta publicación, no se ha obtenido respuesta.