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Ministro Amador estima 2 peajes en ruta a San Carlos: costo total rondaría los ₡1.300

Tarifa aproximada representa el costo total que tendría el recorrido por vía nueva

Por Pablo Rojas | 16 de Ene. 2023 | 5:13 pm

(CRHoy.com). El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) estima que la nueva carretera a San Carlos tendrá 2 peajes, con un costo total de ₡1.300 por recorrido (ida y vuelta) y sin tomar en cuenta las estaciones de cobro que ya existen en Naranjo de Alajuela o en Río Segundo.

La necesidad de contar con cobros de peajes ya había sido advertida previamente por Luis Amador, ministro de esa cartera.

Las estaciones de peaje, según dijo el ministro Amador al sitio web de noticias San Carlos Digital, servirán para pagar el crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para finalizar el tramo central (Sifón de San Ramón-La Abundancia de Ciudad Quesada) y la punta sur (Sifón de San Ramón-San Miguel de Naranjo y Autopista Bernardo Soto).

Los recursos que se recojan a través del cobro de peaje también servirán para dar mantenimiento a la vía.

"Un vehículo liviano pagará, aproximadamente, ₡1.300 por todo el recorrido", expuso Amador al medio regional.

La nueva carretera a San Carlos se compone de 3 tramos independientes entre sí: la punta norte (La Abundancia de Ciudad Quesada-Florencia, ya concluido), el tramo central (La Abundancia de Ciudad Quesada y Sifón de San Ramón, en construcción y paralizado desde agosto de 2018) y la punta sur.

Para retomar y concluir el proyecto, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) dispone de un crédito por $225 millones otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, toda la inversión necesaria ascendería a los $322 millones, de los cuales más de $100 millones serían aportados por recursos estatales.

La reactivación del proyecto se gestiona bajo el Programa de Infraestructura de Transporte (PIT) del MOPT.

El gobierno de Rodrigo Chaves (2022-2026) prometió terminar con el proyecto y así lo plasmó en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP, 2023-2026). No obstante, para que las previsiones se cumplan, en 2023 se necesita avanzar con aspectos ligados a la prefactibilidad, la factibilidad, el financiamiento, la licitación y la adjudicación de los trabajos.

La construcción del tramo central está en pausa desde agosto de 2018. En ese año, la Administración Alvarado Quesada (2018-2022) optó por culminar el contrato suscrito con la empresa constructora Sánchez Carvajal, que se encargó de la obra durante casi una década, y decidió apostar por un redireccionamiento de lo estipulado.

Para entonces, las obras habían consumido $291 millones, con un avance cercano al 80%.

La intención del gobierno radica en que el crédito del BID se utilice en el trayecto central, mientras la punta sur se construya con recursos estatales. Asimismo, se planea concesionar las obras pendientes.

La propuesta de la Administración Chaves Robles estima que la inversión aproximada de $322 millones se recuperaría a través de 2 estaciones de peaje. La intención es que la concesión se mantenga durante 30 años: 3 de construcción y 27 de explotación.

Para la punta sur, las 179 expropiaciones requeridas demandarían aproximadamente $12 millones.  Según Amador, la intención es que en setiembre de 2023 ya se observen trabajos.

Proyecto complejo

Desde que inició en 2005, se ha cambiado el alcance del proyecto en numerosas ocasiones.

Tanto así que, desde entonces y hasta la fecha, se plantearon 7 adendas contractuales y 7 ajustes presupuestarios ante la Contraloría General de la República (CGR).

Cuando comenzó, hace 17 años, la construcción del tramo central (Sifón de San Ramón-La Abundancia de Ciudad Quesada) estaba a cargo de la empresa taiwanesa RSEA. Pero, en 2007, por el rompimiento de relaciones diplomáticas con Taiwán durante el gobierno de Óscar Arias (2006-2010), la compañía asiática abandonó el país.

Un año después, en 2008, la obra pasó a manos de la compañía costarricense Sánchez Carvajal mediante una cesión de derechos.

La empresa local estuvo a cargo durante 10 años, hasta que la Administración Alvarado Quesada (2018-2022) optó por romper el contrato y enderezar el rumbo de la obra. Desde agosto de 2018, la construcción está paralizada, con un 76% del trazado ya asfaltado.

Como ya se citó previamente, hasta 2018, el proyecto había consumido $291 millones de recursos estatales. Una cifra notablemente superior a los $61 millones estimados en 2005, cuando la obra comenzó a cargo de RSEA.

Uno de los principales cambios ocurrió en 2014 cuando, tras 9 años de haber comenzado la fase constructiva, se aprobó una adenda contractual para que la carretera pasara de 2 a 4 carriles (2 por sentido). Este tipo de ajustes sobre la marcha, como lo explicaron ingenieros del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica (UCR), en junio pasado, involucran modificaciones (geométricas, estructurales y funcionales) y movimientos de tierra de gran magnitud.

Una inspección realizada por Lanamme en 2021 detectó la existencia de 5 fallas geológicas en distintos puntos de los 30 kilómetros que involucran el tramo central, las cuales agravan la vulnerabilidad de 68 taludes inestables identificados cerca de la carretera. Además, se encontraron 2 mil puntos con riesgo de deslizamiento.

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