Ministerio Público acusa a exdiputados por intervenir a favor de Juan Carlos Bolaños
Acusación fue trasladada al Juzgado Penal de Hacienda
(CRHoy.com).- Los exlegisladores Víctor Hugo Víquez y Wálter Céspedes, el importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños y el exencargado de la Proveeduría de la Comisión Nacional de Emergencias, Guido Marín Quirós, fueron acusados por el presunto delito de tráfico de influencias, según confirmó el Ministerio Público ante una consulta de este medio.
"En relación con su consulta, la Fiscalía General de la República informó que, según su sistema informático, el expediente (17-000082-1218) en cuestión ya fue remitido al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública", informó la Oficina de Prensa de la Fiscalía.
El 21 de diciembre del 2017, durante una serie de allanamientos realizados por esta causa, Emilia Navas, Fiscala General, indicó que Víquez y Céspedes, valiéndose de su puesto -como diputados (entre 2010 y 2014)- intervinieron a favor de Juan Carlos Bolaños y de sus empresas, Sinocem Costa Rica S.A. y Alquiler de Maquinaria S.A., ante Vanessa Rosales, quien para la época ocupaba el cargo de Presidenta de la CNE.
"Esto con el objetivo de obtener beneficios patrimoniales y ventajas indebidas en la adjudicación de licitaciones, específicamente en tres de ellas: la carretera Bribrí-Sixaola, el camino Ciudad Colón-El Rodeo de Mora y obras públicas en la comunidad de Nosara en razón de las inundaciones, esta última es la que se conoce como el Dique de Nosara", informó la Fiscala General en ese momento.
CRHoy.com intentó conocer la posición del exdiputado del Partido Liberación Nacional, Víctor Hugo Víquez, pero por medio de un correo electrónico indicó que estaba fuera del país. "Estoy fuera del país, en cuanto regrese me pondré en contacto con mi abogada para poder referirme. Gracias", señaló el exlegislador.
De igual forma se trató de obtener la posición del abogado de Juan Carlos Bolaños, Fernando Vargas, pero no respondió a los mensajes dejados en su celular.
También se le dejó un mensaje a Marín Quirós, pero no se obtuvo respuesta.
Por su parte, el exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Céspedes, indicó que no ha sido notificado y que tampoco lo han llamado a declarar. "Déjeme decirle que no tengo ningún temor de ir a defenderme, porque lo que hice como diputado fue defender los derechos de un pueblo que estaba abandonado". (Ver recuadro: Cartas por carretera).
El tráfico de influencias es un delito que establece la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública en el artículo 52 y castiga con dos a cinco años de prisión a quienes "directamente o por interpósita persona, influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada… para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos, para sí o para otro".
Millones de la CNE
Las empresas de Juan Carlos Bolaños crecieron de la mano de las declaratorias de emergencias de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
Las compañías de Bolaños fueron contratadas bajo el mecanismo "por emergencia", esto significa que los proyectos se ganaban por concurso pero ante la necesidad de realizar las obras con rapidez por los problemas provocados por las inundaciones, los contratos no pasaban por el refrendo de la Contraloría General de la República.
Registros de la Comisión Nacional de Emergencias indican que las empresas de Bolaños ganaron obras por más de ¢2.000 millones entre 2006 y 2010, por ¢3.831 millones entre 2010 y 2014 y por ¢1.550 millones entre 2014 y 2017, pero además mediante licitación, la administración de Luis Guillermo Solís le adjudicó (entre 2014 y 2016) ¢6.387 millones.
Uno de los acusados por la Fiscalía precisamente es el exencargado de la proveeduría de la CNE, Guido Antonio Marín, quien se pensionó a inicios del 2017.
Incluso, dentro del estudio de llamadas realizado a Bolaños y a los diputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata, el Organismo de Investigación Judicial recomendó al entonces Fiscal General, Jorge Chavarría, investigar a Marín, sin embargo Chavarría engavetó la causa que luego fue reabierta por la Fiscala General Navas.
En el caso de Céspedes y Víquez, el Ministerio Público los señala por gestiones presuntamente realizadas a favor de Bolaños ante la expresidenta de la Comisión de Emergencias Vanesa Rosales, entre el 2010-2014.
Víquez envió mensajes de texto a la exfuncionaria consultando sobre pagos pendientes a Juan Carlos Bolaños mientras que Céspedes mandó múltiples oficios a Rosales, planteando todo tipo de requerimientos incluso fuera de la competencia institucional de la CNE.
Según Rosales "no se trataba de consultas generales de un legislador relacionadas con las necesidades de alguna de las comunidades que representaba, o con asuntos de interés público, sino que era evidente su intención de que a Juan Carlos Bolaños se le pagara la mayor suma posible como producto de esa rescisión (de un contrato), y lo antes posible".
Cartas por carretera
CRHoy.com conversó con Wálter Céspedes, exlegislador y actual candidato a alcalde de Matina -en Limón- y dijo que los oficios enviados a la CNE eran para que trabajara en la reconstrucción de un tramo de la carretera a Bribrí-Sixaola, que había sido destruido por las lluvias.
"Le solicité a la Comisión de Emergencias la intervención para que pudiera reparar esa carretera. Da la casualidad de que quien había ganado esa licitación para hacer ese asfaltado era Juan Carlos Bolaños, a quien no conocía hasta ese momento", dijo Céspedes.
El candidato a alcalde indicó que como no recibía respuestas de la Comisión envió otra nota pidiendo cuentas, "así pasó un año que hasta la señora de la Comisión de Emergencias hizo un finiquito con el señor Juan Carlos, donde no tengo nada que ver, y liquidaron y al final de cuentas fue el Mopt, a través de Conavi, que arreglaron la carretera", dijo.
La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) señaló en abril de 2019 que Céspedes había cometido una posible falta al deber de probidad en la función pública ya que se presume presionó Rosales para acelerar pagos a favor del importador de cemento chino.
En su resolución, la PEP señala que "el exdiputado Walter Céspedes Salazar (con sus actuaciones) violentó el deber de probidad, al no velar por los intereses de la colectividad, sino los del empresario Juan Carlos Bolaños Rojas, al presionar a la Presidenta de la CNE, para que resolviera el finiquito del contrato, con lo que vulneró los principios de objetividad, independencia e imparcialidad, que deben regir en el ejercicio de su función pública".
Víquez renunció a candidatura
En octubre del 2017, Víctor Hugo Viquez renunció a su candidatura a diputado por el Partido Liberación Nacional luego de que el diario La Nación revelara una serie de mensajes enviados durante 2013 a Vanessa Rosales Ardón, expresidenta de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) a favor de Juan Carlos Bolaños.
En ese momento, el exdiputado dijo que no conocía el expediente en la PEP. Admitió que había enviado los mensajes a Rosales, pero solo consultando sobre el proceso y no como una medida de presión.