Minería Crucitas: Informe confirma complicidad de funcionarios con red criminal

(CRHoy.com) El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Wálter Espinoza, remitió un informe confidencial a los magistrados de la Sala IV en el marco de un recurso de amparo interpuesto por un hombre de apellido Picado por la explotación de minerales en Crucitas, en el que, asevera, hay una gran cantidad de funcionarios públicos envueltos en corrupción. 

Los actos aparentemente tendrían que ver con la recepción de beneficios económicos por dejar trabajar a coligalleros, que extraen oro de forma ilegal de la zona, la cual ha sido calificada como un verdadero desastre ambiental.

En igual contexto, la vicepresidenta de la República Epsy Campbell, envió un texto a la Sala Constitucional en el desarrollo del mismo recurso, sin embargo, ella expone lo contrario, y alega que Crucitas ha mejorado "notablemente" gracias a las acciones de intervención del gobierno, todo como parte de un "plan de acción". 

CRHoy.com tiene copia del oficio 364-DG-2020 remitido por Wálter Espinoza al panel de supremos jueces constitucionales en mayo pasado, como un adelanto de la investigación que la sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial estaba tramitando en Crucitas desde el 2019, y que finalmente, se materializó con allanamientos en todo el país el pasado jueves, resultando con la captura de 27 personas, incluido un exportador de oro.

"(…) varias organizaciones debidamente estructuradas y definidas, quienes utilizan la distracción de comprar oro en subastas y compra-ventas de artículos, para transportar hasta Estados Unidos y venderlo en ese país, sin embargo se ha definido que las cantidades obtenidas en estos lugares donde se compra oro "chatarra", no son suficiente para la cantidad que se exporta, por lo cual estas organizaciones para -aumentar la cantidad de oro exportado- compran este en distintos lugares donde extraen oro ilegalmente, como Crucitas, Abangares y Corcovado. Para lograr estas exportaciones, se comenten otra serie de delitos como la corrupción de funcionarios públicos…", cita el documento.

Espinoza menciona además que se ha establecido colaboración de ciertos servidores públicos (sin determinar institución) que facilitan el ingreso de nicaragüenses en condición migratoria irregular, precisamente por el borde fronterizo de Cutris, en donde se encuentra Crucitas.

"Cabe mencionar que estos grupos de inmigrantes nicaragüenses ingresan de forma ilegal al territorio costarricense, sin pasar por ningún tipo de control migratorio, dejando a su paso gran contaminación al botar basura cuando caminan entre las fincas, potreros y ríos, evadiendo algún posible patrullaje policial, además estos grupos son conformados, su gran mayoría por hombres mayores de edad, sin embargo también ingresan una cantidad importante de mujeres y niños los cuales también son explotados laboralmente. Cabe mencionar que tanto los encargados del transporte, los que alquilan cuartos, o los que extraen el material, realizan pagos a funcionarios públicos a cambio de poder realizar su actividad ilícita sin ningún inconveniente, dejando así evidente la comisión del delito de corrupción a funcionario público", puntualiza Espinoza.

Epsy Campbell vio "todo en orden"

La vicepresidenta Epsy Campbell remitió a los magistrados de Sala IV, un documento de 19 páginas, que repite en al menos 4 ocasiones la idea de sus párrafos, y que a grandes rasgos -en las conclusiones- señala que las intervenciones políticas del gobierno en Crucitas han ayudado a disminuir el impacto ambiental, así como la extracción ilegal de oro.

"…de los elementos presentados, puede vislumbrarse que se han procurado las acciones en lo inmediato para mitigar la problemática (…) resultando de esta articulación, las instancias competentes han mejorado significativamente su presencia y acción en la zona impactada, y ha tenido resultados muy puntuales, por ejemplo en la coordinación estratégica de los megaoperativos y en la creación y revisión de normas que regulan las extracciones de oro. Este esfuerzo ha significado una disminución importante en la presencia de coligalleros en la zona, mientras que para el año 2017 se calculaba un aproximado de 5000, al día de hoy se estima que la cifra no supera los 500", según Campbell.

La vicepresidenta no hace énfasis a la problemática migratoria que ocurre en la frontera de Cutris, ni tampoco a los riesgos de una posible contaminación transfronteriza de Costa Rica hacia Nicaragua por el exceso de uso de mercurio para la sustracción de oro.

Afirma que el Ministerio de Seguridad Pública ha dispuesto de más de 50 funcionarios de esa cartera para efectos de mitigar la operación de extracción de oro en ese sector, y finaliza pidiendo a los magistrados declarar sin lugar el recurso de amparo.

En la zona de Crucitas, quienes operan en labores de vigilancia son policías de Fronteras (Norte) dirigidos por el jefe de esa dependencia, Allan Obando Flores. 

Además participan oficiales de la Fuerza Pública, quienes han desarrollado intervenciones bajo el nombre Operación Lapa (I,II y III), dirigidos por el viceministro de Seguridad Pública, Luis Carlos Castillo.

El pasado jueves, el OIJ y la Fiscalía de Legitimación de Capitales lograron efectuar allanamientos para desarticular una red criminal liderada por un sujeto de apellido Lanzoni, quien exporta oro a Estados Unidos supuestamente en condiciones irregulares debido a que, en apariencia, altera documentos aduaneros.

El grupo extrae oro de Crucitas y Corcovado, para finalmente enviarlo hasta Abangares, Guanacaste, donde se funde y se producen lingotes y piedras de oro y otros materiales.

Los ingresos de la organización superaron los $60 millones entre 2019 y 2020.