Miedo y burocracia: principales obstáculos para demoler casas convertidas en búnkeres
El temor generalizado de los funcionarios ante las amenazas de las bandas narco y una densa red de trabas jurídicas y administrativas son las principales piedras de tropiezo para derribar las casas y propiedades abandonadas en San José que son transformadas por el crimen en búnkeres de venta y consumo de droga.
El esfuerzo de la Policía Municipal de San José muchas veces se ve ralentizado por el papeleo y por el riesgo físico real que enfrentan quienes deben aplicar la ley. El miedo constituye una de las barreras más complejas de superar en la fase previa a las demoliciones.
Las organizaciones delictivas que se apoderan de casas o terrenos de ciudadanos e instituciones optan por utilizar la coacción y la intimidación para frenar los procesos administrativos indispensables para ejecutar los derribos.
Este temor afecta principalmente a funcionarios de instituciones con competencias de control, pero sin carácter policial. Trabajadores del Ministerio de Salud, entidades financieras y otras instituciones se ven expuestos, pues en muchos casos viven en los mismos barrios donde deben intervenir.
Los delincuentes recurren a estas tácticas de amedrentamiento con el objetivo de impedir que se completen actos administrativos esenciales, como notificaciones, publicaciones oficiales o levantamientos de información en el sitio.
Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, detalla esta problemática al señalar que el riesgo es una constante en estas labores.
"Hay funcionarios públicos amenazados, amedrentados, que han sido intimidados por la criminalidad para que no realicen un acto final, una notificación, una publicación, para que no realicen un levantamiento de información, y estos son desafíos con los que la policía tiene que lidiar hasta que finalmente logremos el resultado esperado".
Esta situación de peligro tampoco es ajena al personal municipal. La Policía Municipal tiene documentados casos de funcionarios que, en el contexto de las intervenciones policiales, han recibido intimidaciones y amenazas directas por parte de los delincuentes con el fin de impedir que se ejecuten las acciones de la autoridad.
Ante este panorama, los oficiales han tenido que acompañar personalmente a estos funcionarios civiles para asumir los riesgos inherentes a cada intervención.
La estrategia municipal consiste en judicializar cada caso de intimidación, continuar con el operativo policial, detener a los responsables y proceder con la maquinaria pesada para destruir las edificaciones.
Trámites engorrosos
Más allá del peligro físico, el camino legal para demoler un búnker está plagado de desafíos y trabas jurídicas que varían según la situación de cada propiedad. Uno de los escenarios más comunes y complejos involucra a entidades bancarias que ejecutan garantías hipotecarias debido al incumplimiento en el pago de préstamos.
Cuando una persona o una familia pierde una propiedad por falta de pago, se genera un vacío de administración que puede prolongarse durante aproximadamente dos años. Durante ese limbo legal, los delincuentes o las organizaciones criminales ocupan la vivienda, conscientes de que temporalmente nadie ejerce un control efectivo sobre ella, y la convierten en un punto de venta de drogas.
Las entidades bancarias sostienen que no pueden asumir el control o la posesión del inmueble hasta que un juez las ponga formalmente en posesión, situación que retrasa la intervención.
Otro escenario frecuente involucra propiedades pertenecientes a personas jurídicas, como empresas, asociaciones o sociedades, que por diversas razones dejaron de existir o fueron disueltas.
En esos casos, los inmuebles quedan bajo la responsabilidad de terceros que, en muchas ocasiones, no aparecen o carecen de capacidad económica para darles mantenimiento. Como consecuencia, las propiedades quedan abandonadas y son rápidamente aprovechadas por la delincuencia para instalar búnkeres o subarrendar los espacios de forma ilegal como cuarterías.
Asimismo, existen casos en los que las organizaciones criminales expulsan a familias de sus viviendas debido a deudas derivadas de préstamos bajo la modalidad de "gota a gota" o por conflictos internos entre grupos criminales, transformando esas casas en centros de distribución de estupefacientes.
Frente a estos escenarios, la municipalidad debe afrontar trámites sumamente complejos. Cada caso requiere la apertura de un expediente detallado que incluye reuniones de coordinación, levantamiento de información y la documentación rigurosa de los hechos mediante fotografías, videos y partes policiales que sirvan como evidencia de lo que ocurre en el sitio.
En este contexto, la articulación interinstitucional resulta fundamental para alcanzar el objetivo. La Policía Municipal trabaja de manera coordinada con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fuerza Pública y, de forma muy estrecha, con el Ministerio de Salud.
Esta última institución aporta herramientas sanitarias fundamentales, como la declaratoria de inhabitabilidad de una edificación. Mediante este mecanismo, si el propietario o el responsable del inmueble no realiza las mejoras ordenadas, puede emitirse una orden sanitaria que permita proceder con la demolición.
Cuando se trata de propiedades privadas cuyos dueños perdieron el control debido a las amenazas de los delincuentes, los permisos de demolición suelen obtenerse con mayor rapidez, al contar con el consentimiento del propietario.
"Todos han sido desafíos, aquí no ha habido nada fácil. Cada expediente ha requerido reuniones, levantamiento de información, documentar mediante fotografía, video y partes policiales de lo que está ocurriendo", añadió.
Según el jerarca policial, solo mediante esa persistencia jurídica y operativa es posible romper la espiral de violencia, recuperar el control territorial y devolver la tranquilidad a las comunidades afectadas.
