Micitt asegura que Ley de Radio y TV no contemplará “mordazas”

Desde hace varios meses el Viceministerio de Telecomunicaciones trabaja en las reformas de la Ley de Radio y Televisión en dos temas específicos: actualizar las tarifas vigentes del impuesto anual de radiodifusión (artículo 11) y establecer sanciones a actuaciones y conductas que están definidas en el artículo 17.

Dentro de esas sanciones no se contemplan aquellas que limitan la libertad de prensa o le ponga una mordaza a los medios de comunicación.

Así lo aseguró el Viceministro de esta cartera, Edwin Estrada, quien es claro que él no recomendaría el cierre de medios de comunicación ni tampoco acciones para limitar lo que puede o no publicarse en la prensa.

"No, definitivamente no. Este Viceministro no haría una recomendación de estas, evidentemente no", dijo el funcionario.

"Queremos trabajar de manera transparente para un sector que le aporta mucho a la sociedad costarricense y la ciudadanía", añadió.

Al día de hoy no tienen la propuesta completamente definida y siguen trabajando para tenerlo listo dentro de los plazos definidos.

"No sabría decirles cual sería la propuesta nuestra porque los técnicos están trabajando en el tema y haremos nuestra propuesta oportunamente y dentro del plazo", afirmó Estrada.

El Micitt tiene plazo hasta el 31 de marzo del próximo año para remitirle al Poder Ejecutivo los textos y que sea éste quien decida enviarlo o no a la Asamblea Legislativa para su discusión.

Hace año y medio el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones se vio envuelto en una polémica por la redacción de un borrador para reformar la Ley de Radio y Televisión. En ese texto se incluían sanciones que coaccionaban la libertad de prensa y podrían llevar a cierres de medios de comunicación.

Esa situación derivó en la salida de la ministra de esa cartera, Gisella Kooper y el viceministro Allan Ruiz.

El Poder Ejecutivo envió un plan para reformar esa legislación en mayo del 2015 y fueron derogados varios incisos del artículo 17 (B, CH y D) de la ley, que incluían sanciones por la divulgación "de noticias falsas, seriales o sin fundamento".

Según explica el ministerio, se está realizando esta labor después de recibir dos informes de la Contraloría General de la República, uno referente a la actualización de las tarifas y el otro al de las regulaciones, y dispuso ser analizados por el Viceministerio de Telecomunicaciones para determinar si requerían una modificación.

El Viceministerio hizo un estudio y procedió a realizar una consulta a la Procuraduría General, la cual, de manera vinculante, dispuso la necesidad de legislar en tema de canon y de sanciones.