Metodología para detectar sobreprecios no se cambió para caso Barrenador: se utiliza desde hace 35 años
"El resultado fue distinto porque eran ofertas con un exceso de precio", aseguró el gerente financiero de la CCSS
Caso Barrenador.
Una vez más, los representantes del Gobierno en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cuestionaron los análisis que determinaron que los contratos del caso Barrenador tenían sobreprecios.
Gustavo Picado, gerente financiero de la CCSS, aseguró que la metodología utilizada para detectar los sobreprecios se ha empleado durante 35 años y esta ocasión fue la primera en que levantó alertas.
Es la primera vez en la historia que nuestro análisis de costos llega a esta conclusión (sobreprecios). En los 35 años anteriores de relación con cooperativas y proveedores externos, la metodología fue la misma, pero el resultado fue distinto. Ha habido una idea de que esta vez hicimos algo diferente para obtener un resultado diferente, pero aplicamos exactamente la misma metodología de siempre. Solo que, en esta ocasión, el resultado fue distinto porque eran ofertas con un exceso de precio, afirmó Picado.
Además, recordó que la metodología utilizada por la institución consiste en comparar los costos con lo que le costaría a la CCSS prestar los mismos servicios. "Uno tiene que demostrar que el costo institucional supera el de la contratación, porque, de lo contrario, no tendría ningún sentido realizar una contratación que resultaría más cara".
Asimismo, explicó que los contratos del caso Barrenador alcanzaron hasta un 65 % de aumento en el precio que actualmente se paga a las cooperativas por brindar los mismos servicios.
"Hay proveedores que plantean aumentos del 100 %. Un proveedor que nos viene dando servicios a un costo y que luego presenta un incremento del 65 % —y hasta del 100 % en algunos casos— llamaría la atención de cualquiera. Supera en todos los casos un límite", aseguró Picado.
Inicialmente, se identificaron sobreprecios de hasta ¢20.000 millones anuales, pero, tras una revisión de los servicios adicionales que se prestarían, se determinó que el monto aproximado era de ¢12.000 millones.