MEP ha destinado más de ₡46 mil millones en atender reclamos por pagos incorrectos a docentes

Anna Katharina Müller, Ministra de Educación.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) ha gastado más de ₡46.000 millones para atender reclamos administrativos relacionados con pagos incorrectos en los salarios de los docentes, entre el 2021 y el 2023.

En el 2021 se invirtieron ₡15.165 millones de colones, en el 2022 ₡15.811 millones y el año pasado ₡15.747 millones, según un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR).

El estudio indica que estas deficiencias en la gestión del recurso humano del MEP repercuten en la eficiencia de la cartera con la administración de los recursos.

Las deficiencias en la gestión del recurso humano impactan la eficiencia institucional, al ser una especie de "boomerang" que regresa al MEP en la forma de reclamos administrativos, recursos de amparo de legalidad (cuya resolución además consume recursos institucionales) y sumas pagadas de más o de menos.

Esta situación es persistente y deriva en que año a año el MEP debe presupuestar recursos para este fin. Solo en 2023 se reconocieron ₡15.746 millones, correspondiente a 31.091 reclamos atendidos, detalla el órgano contralor.

Asimismo, solo a finales de 2023, este ministerio acumulaba 68.247 reclamos pendientes de resolver, presentados por más de 38 mil funcionarios que han alegado pagos incorrectos de sus salarios.

Al 30 de junio del año pasado se contabilizaron 1.075 amparos de legalidad y posibles sumas pagadas de más por ₡6.046 millones.

"Es imperativo que el MEP desarrolle una estrategia integral de gestión del recurso humano, la cual debería apuntar no solo a resolver deficiencias administrativas, sino también a fortalecer la motivación y el liderazgo dentro del cuerpo docente, componentes esenciales para fomentar una cultura institucional positiva y efectiva", agrega la Contraloría.

Datos del informe de la Contraloría General de la República (CGR) 2024.

Recursos de amparo

Los reclamos administrativos por pagos incorrectos en el MEP incluso han escalado a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Solo en 2022, la Sala IV contabilizó 227 recursos por esta situación, y en 2023 y este año se duplicaron a 439 y 499 documentos presentados.

De hecho, por aparentes incumplimientos salariales este año, la Defensoría de los Habitantes suma más de 500 casos.

La Defensoría ha sido testigo de las múltiples omisiones en las que incurre día con día el MEP en cuanto al pago de distintos rubros que son parte del salario de su personal; omisiones reiteradas como por ejemplo salarios incompletos, no reconocimiento de lecciones ya impartidas, recargos no reconocidos, rebajos injustificados, aumento por costo de vida no reconocido, no pago de prestaciones.

Y por supuesto, el histórico retraso en la actualización de la carrera profesional y las anualidades, que a hoy asciende en la Defensoría a más de 500 casos, aseguró el órgano defensor.

Por esta situación, los profesores han expuesto sus casos al MEP, no obstante, los plazos dados por la cartera educativa para solucionar el problema llegan a ser "irrazonables".

Estos problemas vienen de años; no obstante, los funcionarios aseguran que este 2024 la situación ha escalonado más, tanto, que la Defensoría cataloga estos plazos de solución como "desproporcionados".

"Ante los problemas para el cumplimiento en el pago del salario y sus componentes, permite a esta institución calificar como "desproporcionados e irrazonables" el plazo que debe esperar un docente o administrativo para una efectiva respuesta a su caso", agrega la Defensoría.

MEP y su gestión financiera

Por su parte, según el Índice de Capacidad de Gestión Financiera de la CGR, en el ámbito financiero, el MEP presenta un nivel de gestión inicial.

Las carencias en la planificación, la contabilidad y la transparencia son alarmantes, lo que sugiere la necesidad urgente de mejoras para asegurar un manejo responsable de los recursos.

"No hay evidencia de una planificación plurianual efectiva ni de la adaptación del presupuesto a metas a largo plazo, lo que podría comprometer la capacidad de la institución para alcanzar sus objetivos estratégicos.

La base de registro contable y la implementación de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) es inexistente (0,0%). Esto plantea preocupaciones sobre la precisión y la transparencia de la información financiera de ese Ministerio", expone el órgano contralor en el informe.

Además, señala que la falta de revisión tanto interna como externa de la liquidación presupuestaria agrava la situación, lo que limita una evaluación adecuada de la gestión financiera.

"Aunado a lo anterior, solo un 11,46% de los riesgos financieros identificados están siendo gestionados activamente, y se observa una carencia significativa en la capacitación del personal en temas financieros.

Esto podría limitar la capacidad de la institución para responder a los desafíos financieros y mitigar los riesgos de manera efectiva", puntualiza el documento.

Por este tema se consultó al MEP, sin embargo, al cierre de la nota no se ha obtenido una respuesta.