MECO defiende legalidad de cambios hechos en obras para pista del Daniel Oduber
Constructora dice que Administración sobredimensionó intervenciones requeridas en pista
La empresa Constructora MECO S.A. se desmarcó de presuntas anomalías en el planteamiento de la ingeniería de valor para modificar las intervenciones requeridas en la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós (AIDOQ), en Liberia de Guanacaste.
La compañía fue contratada a inicios de 2024 por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias (CNE) para rehabilitar la pista del aeropuerto por $40 millones, al amparo de una licitación promovida de "urgencia" al amparo de la ampliación del decreto ejecutivo por la tormenta tropical Bonnie.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) señala un supuesto plan delictivo entre funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y de la CNE para generar presiones indebidas hacia ingenieros de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica (UIA) de la DGAC y avalar la ingeniería de valor propuesta por MECO.
Según la Fapta, los ajustes procurados pretendían variar indebidamente los alcances del proyecto, pasando de una rehabilitación de la pista a un recarpeteo. Además, que los funcionarios de la CNE habrían omitido aplicar sanciones contractuales a la empresa por una supuesta paralización indebida de los trabajos.
A través de un comunicado de prensa emitido este miércoles, MECO señaló que la ingeniería de valor no fue una opción discrecional ni una medida arbitraria, sino una facultad que está contemplada en la Ley General de Contratación Pública.
Según la empresa, cuando asumieron el proyecto, identificaron que "el diseño original realizado por la Administración contenía un sobredimensionamiento técnico innecesario, específicamente en la propuesta de intervenir las capas estructurales de la pista que, según estudios técnicos, se encontraban en condiciones estructurales adecuadas". Es decir, refutan los términos iniciales de la contratación que se fundamentó en la dudosa ampliación del decreto ejecutivo por la tormenta Bonnie.
"La propuesta de ingeniería de valor surge precisamente de ese hallazgo: los ingenieros de la Administración (en referencia a los ingenieros de la UIA de la DGAC) habían contemplado una intervención sobredimensionada (incluyendo la base y subbase), cuando en realidad dichas capas presentaban propiedades físico-mecánicas plenamente competentes, como fue confirmado por estudios técnicos independientes, incluyendo informes de la verificadora de calidad de la Administración y del experto internacional en pavimentos aeroportuarios contratado por la propia Administración a través dela Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (Cocesna). Por tanto, MECO cumplió con su deber técnico y legal al proponer una alternativa racional, eficiente y avalada por terceros expertos", puntualizo la compañía.
Según MECO, la ingeniería de valor redujo el costo del proyecto en $8 millones al variar el diseño original propuesto en el cartel de licitación promovido por la Administración.
La constructora insistió en que los cambios redujeron intervenciones innecesarias, mantuvieron la integridad estructural de la pista, respetaron todas las especificaciones normativas aplicables, y extendió incluso la vida útil del diseño de 8 a 10 años, "superior a la contemplada en el diseño de la Administración".
"Es importante indicar que la revisión técnica de la Administración fue exhaustiva, y no aprobó la propuesta inicial de ingeniería de valor propuesta por MECO, sino que ordenó modificaciones técnicas y ajustes de alcance con el fin de ser aprobada satisfactoriamente", insistió la empresa.
La empresa acotó que "lejos de incurrir en conductas ilegales, las acciones se enmarcan en el principio de valor por el dinero, promoviendo el uso eficiente de los recursos públicos". Según citan, la propuesta fue revisada por la CNE, cuya asesoría legal confirmó su viabilidad sin alterar el objeto contractual.
"A esto se suma que la ingeniería de valor fue gestionada dentro del procedimiento formal y con pleno conocimiento de la Administración, supervisada a nivel técnico y legal", concluyeron.
Detenciones y allanamientos
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) desarrolló este martes 21 allanamientos como parte de una investigación por los presuntos delitos de tráfico de influencias, influencia contra de la Hacienda Pública y malversación de fondos.
Dentro de las diligencias, ejecutadas en conjunto con la policía judicial, se ordenó la detención de cuatro imputados: Mauricio Batalla, exministro del MOPT, de apellidos Batalla; Alejandro Picado, presidente ejecutivo de la CNE; Marcos Castillo y Henry Villalobos, fiscalizador de obras de la CNE.
Los hechos investigados en el expediente 24-000454-1218-PE se relacionan con una serie de supuestas irregularidades con la declaratoria de emergencia para rehabilitar la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia, Guanacaste.
Según el órgano acusador, la emergencia se justificó falsamente, pues atribuyó los daños que presentaba la pista como consecuencia de la tormenta tropical Bonnie y otras ondas tropicales ocurridas en el 2022, pero lo cierto es que los perjuicios se presentaron con anterioridad a los fenómenos naturales.
Según el Ministerio Público, eso permitió modificar un decreto ejecutivo e incluir a Liberia en la emergencia nacional, habilitando una contratación por $39.9 millones adjudicados a la empresa MECO.
Cuando se emite una declaratoria de emergencia, los trámites para realizar las obras se simplifican, puesto que se requiere de las mismas en el menor tiempo posible, lo que implica no solo la disponibilidad inmediata de los recursos, sino también que no se requiere del refrendo previo de la Contraloría General de la República (CGR).
La FAPTA señaló que, durante la ejecución de la obra, se detectaron incumplimientos contractuales de la empresa que presuntamente derivaron en presiones indebidas para modificar el contrato y omitir la sustitución de la base del pavimento, acción clave para la rehabilitación.
