Marta Esquivel piensa que investigaciones son porque la contralora tiene “algo personal” en su contra
Asegura que desde 2023 ha recibido un "trato discriminatorio y violación al principio de defensa"
Marta Eugenia Esquivel, la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, alegó que la Contraloría General de la República ha generado una "persecución personal" en contra de ella desde el 2023, y que pronto denunciará esta supuesta persecución mediante un recurso de amparo ante la Sala Constitucional.
Así se despliega del recurso de habeas corpus que presentó la jerarca destituida por 6 meses debido al caso Barrenador.
En esta acción, la funcionario reprochó que la hayan detenido y movilizado en perrera el día de los allanamientos conducidos por el Ministerio Público y la policía judicial debido al escándalo de presunta corrupción.
Dentro del recurso de habeas corpus, Esquivel enumeró una serie de hechos como la indagatoria que le hizo la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA). Según ella, durante la diligencia se tomaban datos de las declaraciones, con la finalidad de solicitar información adicional de la Contraloría.
Por esa razón, alegó que en su caso personal también ha generado una persecución desde el 2023, por un supuesto "trato discriminatorio y violación al principio de defensa".
"Le llama mucho la atención como la fiscalía empezó a incorporar al expediente documentos de la Contraloría General de la República, posterior a ejercer su derecho de defensa, para validar su denuncia de forma muy irregular porque eran hechos básicos si se hubiera realizado una investigación objetiva", cita el recurso.
Sobre el caso Barrenador, la presidenta inhabilitada de la CCSS además cuestionó que la Auditoría Interna presentó la denuncia dos días después de que se adjudica la licitación, y refutó que la Fiscalía no llamase como testigos a los funcionarios que hicieron el "mamarracho" y sus testimonios resultaban fundamentales para poder comprender un tema tan técnico y complejo.
Adicionalmente, Esquivel cuestionó una presunta "falta de objetividad" de la Contraloría por responder preguntas específicas de la Fiscalía.
Comenta que, para terminar de evidenciar su posición en su contra, incluso con temas externos al proceso, el día viernes 25 de setiembre se aportó una constancia de que ella firmó una acción de personal mediante la cual se nombró a la Gerente General, pese a que en el mismo documento se señaló que el nombramiento se realizó por acuerdo de Junta Directiva y que lo que ella formalizó fue la acción de personal para no atrasar el salario.
Según argumentó la funcionaria, aunque estos cuestionamientos hacia la Contraloría no tienen relación con un recurso de habeas corpus, según ella sí "contextualiza el vejamen con que la trataron para que se mire que es una orquestación infame".
La Contraloría General de la República (CGR) abrió meses atrás una investigación sobre las presuntas irregularidades en la contratación que adjudicó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a 5 cooperativas para la administración de 138 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais) en 10 áreas de salud.
Dicha licitación, promovida desde 2023 y adjudicada el 17 de julio de 2024 por un plazo de 10 años, propició una serie allanamientos y la detención de Marta Eugenia Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS. Además, la imputación recayó también contra otros 7 altos mandos de la entidad.
La Auditoría Interna de la CCSS emitió varios informes en los que advirtió que las ofertas presentadas por las 5 cooperativas (Coopesana, Coopesalud, Coopesiba, Coopesaín y Asemeco) adjudicadas eran excesivas, representando el incremento anual ya expuesto de los ₡12.400 millones de colones, respecto al costo actual de la prestación del servicio en ejecución en las mismas áreas de salud y en igualdad de condiciones técnicas. Es decir, que serían más costosos de lo que invertiría la CCSS si tuviera que asumir el servicio.
Cabe señalar que crhoy.com ha intentado obtener una entrevista con Esquivel al ponerse en contacto con su abogado, con uno de sus asesores y con ella misma vía WhatsApp, dado que durante la audiencia de medidas cautelares por el Caso Barrenador, la jerarca se competió a que atendería a los medios de comunicación uno por uno. Semanas después, no hemos obtenido respuesta.
Viaje en perrera
El habeas corpus presentado por presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Eugenia Esquivel, fue para "denunciar" la detención que le hicieron debido al caso Barrenador y el traslado en perrera, dado que le provocaron un "agobio" y "trastorno emocional".
"Al momento de ser trasladada en una "perrera", se me hizo entrega de una bolsa plástica, pues me informaron que era un hecho que sentiría náuseas en ese vehículo. El vehículo iba bajo una lluvia copiosa a gran velocidad. Por momentos, ponían una sirena que suena muy fuerte y venía golpeándome en las paredes del carro", parafrasea parte del relato.
La jerarca insistió en refutar que interpusieran una orden de captura en su contra, en lugar de citarla. La presidenta ejecutiva separada insistió en que para ella, no era necesaria la detención, sino que con una orden de presentación bastaba.
"Bajo ese contexto, la imagen del indiciado, su prestigio, su buen nombre queda social e imperecederamente mancillado públicamente", aseguró Esquivel ante la Sala Constitucional.
La jerarca fue llevada a las celdas del II Circuito Judicial de San José, donde permaneció por más de tres horas. La llevaron a la Fiscalía, donde después de leer más de 50 hechos y declarar por varias horas, llevaron otro expediente para indagarla, sobre un presunto delito de peculado, por hechos ocurridos de enero del año en curso.
Según Esquivel, esa indagatoria no era urgente y "su finalidad era seguir con la estrategia de intimidación", también calificó el proceso como "grosero, excesivo y desproporcionado".
De acuerdo con lo que expuso Esquivel, lo que el Ministerio Público pretendía era "golpear su ánimo como funcionaria pública de alto nivel del Poder Ejecutivo y propiciar una renuncia que desataría un escándalo público".
Tras los allanamientos, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) aclaró que el traslado de Marta Esquivel en una patrulla de la Unidad de Cárceles conocida como "perrera", estuvo completamente apegado a los protocolos de la institución para el manejo de personas detenidas, independientemente de quién se tratara.
En resumen, cuando se ejecutaron todos los operativos y detenciones por el caso Barrenador, la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no estaba en el apartamento donde vive y donde la policía judicial esperaba detenerla.
En su lugar, Esquivel se entregó en los Tribunales de Pérez Zeledón donde quedó detenida. Como ella llegó por sus propios medios a la sede judicial, quedó inmediatamente bajo custodia de la Unidad de Cárceles y no de los agentes investigadores a cargo de los allanamientos.
Por ende, en cuanto la jerarca o cualquier otra persona que pasa a celdas del OIJ, los oficiales de esa Unidad deben apegarse al procedimiento habitual y utilizar las patrullas tipo "perrera"; y no pueden movilizar a los detenidos en el asiento trasero de un vehículo sedán o 4×4, como pasó con el resto de directivos.