(MAPA) OIJ intentará desarticular 50 bandas criminales de las 140 que operan en el país

En Costa Rica actualmente están operando alrededor de 140 organizaciones criminales, de acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Se trata de 119 estructuras de tres personas o más, que se dedican a actividades delictivas, principalmente vinculadas al trasiego y venta de drogas.

Aunque la policía judicial ya consiguió desarticular 155 bandas entre 2023 y 2024, todavía hay unas 20 agrupaciones que los agentes saben que existen, pero no han podido iniciar las indagaciones en su contra, debido a la gran carga de trabajo y a falta de recursos.

Recientemente el OIJ realizó un mapa de calor que muestra los principales focos de concentración de estas mafias, las cuales se aglutinan y operan principalmente en el Valle Central, en distintos sectores esencialmente al sur y oeste de San José.

La provincia de Limón es la segunda región más "caliente" según el mapeo realizado, mientras que cerca de San Carlos, Puntarenas, Cartago y la frontera sur también tienen gran presencia de grupos asentados.

El mapa elaborado por las autoridades despliega las zonas geográficas donde están establecidas primordialmente las bandas criminales, que en algunas ocasiones mantienen disputas entre sí, o que han logrado "coexistir" entre ellas, sea porque se colaboran y se prestan servicios o bien, porque tienen negocios ilícitos distintos.

En las regiones donde no hay agrupaciones identificadas, no quiere decir que no existan, sino que probablemente por la lejanía de las delegaciones del OIJ y por otros factores como la ausencia de policía administrativa, no se están perfilando o investigando bandas tan activamente.

Este es el caso de la península de Osa, principalmente en las cercanías de Corcovado, Bahía Drake y Sierpe por donde ingresan hasta unas 500 toneladas de droga al año.

Otros puntos vulnerables del territorio nacional son la península y Bahía de Santa Elena al norte de Guanacaste, o los canales de Tortuguero en el Caribe norte, donde la ausencia de policías e investigadores impide detectar las bandas criminales.

A través de un sistema inteligente llamado Decisor (Diseño Estratégico para el Combate Institucional sobre las Organizaciones Criminales y la Resiliencia), la policía judicial ha definido los objetivos delincuentes prioritarios, según aspectos como la influencia y peligrosidad.

50 bandas bajo la mira

Randall Zúñiga, director del OIJ, aseguró en entrevista con crhoy.com que este año esperan desmantelar entre 40 y 50 organizaciones criminales de diferentes dimensiones y dedicadas a varios delitos: en promedio será una estructura a la semana.

Para conseguir golpear a los criminales que se articulan para cometer sus fechorías, el Organismo se ha visto en la necesidad de reforzar y mejorar cómo se investiga cada caso, con el objetivo de agilizar las pericias.

Esto ha permitido acortar los plazos: en promedio cada expediente duraba entre 2 y 3 años de investigación, tiempos que se han reducido a entre 8 y 15 meses, de acuerdo con el jefe policial.

Ya tenemos una planificación para todo el año, casos grandes e importantes se vienen. Limón siempre va a ser prioridad, entonces la provincia va a tener una preponderancia importante.

El objetivo es tener un caso importante cada semana, lo necesitamos y lo requerimos para poder sacar de circulación por lo menos unas 40 o 50 bandas criminales por año, porque hay que tomar en consideración Semana Santa, las dos semanas de cierre colectivo (del Poder Judicial) y a veces cuando tenemos la aprobación para un allanamiento, se viene otro caso "bomba" como un secuestro, que nos hace parar la operatividad para lograr darle seguimiento. 

Sobre las 20 agrupaciones criminales que todavía no han sido abordadas del todo, el director del OIJ mantiene la proyección que este año se consiga al menos iniciar con las indagaciones y empezar a perseguirlos, para llevarlos a la justicia.

Ya para este año se empezarán a trabajar esos grupos, tomando en consideración de que se han desarticulado otros grupos, lo que nos permite abrir expediente contra ellos. Lo que pasa es que una investigación de crimen organizado, tradicionalmente toma 2 o 3 años. Hemos logrado disminuir los tiempos, pero siempre toda su tiempo. 

Funcionarios en planilla

Las agrupaciones criminales suelen tener 6 principales áreas, de acuerdo con la policía judicial. Una de abastecimiento nacional e internacional, principalmente las que se dedican al narcotráfico, trasiego de armas y contrabando.

También tienen personal de distribución, que se dedica a la producción, recolección, almacenaje y ventas de los productos y servicios ilegales.

También cuentan con una parte dedicada a lo económico, que mantiene contabilidad, que usa testaferros y que hace inversiones para lavar el dinero ilegal.

Otra de las áreas es la que genera vínculos criminales y que está relacionada a otros delitos como la portación de armas, el uso de celulares para la comunicación entre sus miembros, y en la ejecución de crímenes como homicidios por ajustes de cuentas.

Las 2 áreas que más han ampliado los cabecillas son las de protección, con las cuales contratan guardaespaldas para protegerse de la policía y otras bandas, así como gatilleros que se encargan de contraatacar.

La que también más ha crecido es el área de corrupción o penetración: en casos recientes la policía ha detectado cómo las estructuras delictivas tienen en planilla a funcionarios municipales, policías y hasta jueces de la República, según explicó el director del OIJ.

Eso es parte del predicado normal de cualquier grupo criminal: ellos lo que hacen es tratar de penetrar dentro de las esferas de la influencia que puedan tener en el Poder Judicial, en policías, diferentes instituciones que tengan esa capacidad de la aplicación de la ley penal, siempre van a intentarlo. 

No se va a ver en instituciones que tienen un giro organizacional totalmente diferente como un Ministerio de Agricultura y Ganadería, u otros que no tienen una relación directa.  

Sin embargo, las agrupaciones delictivas también han tratado recientemente de extender sus tentáculos en entidades públicas que realizan compras o contrataciones públicas, dado que allí han encontrado una oportunidad de hacer negocios para lavar las ganancias y capital de origen ilegal.

Es más usual verlos en instituciones que hagan contrataciones, como el MOPT o la CCSS, instituciones que hacen grandes licitaciones.

Siempre vamos a ver esa particularidad, de los grupos criminales tratando de penetrar instituciones para asegurarse que no van a ser perseguidos y tener información clasificada, o para lograr algún tipo de favoritismo al momento de adjudicar un cartel o licitación.