Contraloría no puede fiscalizar dineros transferidos al sindicato de Recope
(CRHoy.com).- La Contraloría General de la República no puede ejercer ninguna fiscalización sobre los dineros que transfiere la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) al Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda, Recreación y Garantía de los Trabajadores de dicha institución.
Solo el año pasado, este fondo recibió de Recope, más de ¢400 millones y para abril de este año ya se le habían transferido ¢125 millones.
Según un criterio de la Contraloría, emitido el 4 de setiembre pasado, el Fondo de Ahorro del sindicato de Recope, es un sujeto de derecho privado, así creado mediante la Ley 8847, "como organización social sin fines de lucro subjetivo, y cuenta con personalidad jurídica propia".
El ente contralor indicó que los recursos se transfiere Recope al Fondo son de origen público pero cuando ingresan a éste se convierten en recursos privados.
"Los titulares de dichos recursos son los trabajadores y además la finalidad de éstos se dirige al bienestar de los miembros integrantes del fondo y de sus familias, por ende, responden a intereses del ámbito privado y particular de dichos trabajadores", indicó la Contraloría.
De igual forma la auditoría interna de Recope tampoco puede fiscalizar los recursos públicos que se le dan al Fondo de Ahorro, ya que el mismo cuenta con su propia auditoría interna y además una auditoría externa anual.
"De esta forma, el Fondo cuenta con una unidad de auditoría propia que tiene bajo su cargo la fiscalización sobre los recursos del Fondo, y por la naturaleza privada del fondo, de los recursos y actividades auditables, no forma parte del sistema de control interno que dispone la Ley General de Control Interno n.° 8292 del 4 de setiembre de 2002", informaron.
El 23 de mayo pasado, la Sala Constitucional comunicó que 11 artículos de la Convención Colectiva de Recope, fueron anulados por considerarse "irrazonables y desproporcionados".
La decisión de la Sala tiene como objetivo "guardar conformidad con las normas y los principios constitucionales de igualdad, prohibición de discriminación, legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, sobre todo, cuando de fondos públicos se trate, sujetos al principio de legalidad presupuestaria", indicaron.
Sin embargo, los dineros transferidos al Fondo de Ahorro del sindicato no pueden ser fiscalizados por la Contraloría.
