Magistrados objetan plan que elimina cárcel por hurtos
Carlos Chinchilla estima que proyecto es innecesario
El proyecto para eliminar cárcel por hurtos menores se tramita en una comisión legislativa. (CRH).
El proyecto de ley que pretende eliminar la prisión por hurtos o delitos menores es innecesario y podría aumentar la impunidad, si es aprobado por la Asamblea Legislativa.
Así lo consideran dos de los magistrados de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla y Celso Gamboa, respectivamente, quienes advirtieron el jueves a los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de las posibles consecuencias de la iniciativa.
En vez de la pena que hoy en día es de hasta 3 años de prisión, la idea sería establecer una multa económica (entre 10 y 60 días) a quienes cometan un hurto o delito menor.
La propuesta, de las diputadas del Partido Liberación Nacional (PLN) Silvia Sánchez y Karla Prendas, busca convertir los delitos menores en contravenciones.
Entre sus propósitos, destacan aplicar la proporcionalidad en los delitos contra la propiedad, promover la inserción social de los delincuentes y disminuir el hacinamiento en las cárceles, según el texto.
Impunidad
Celso Gamboa advirtió a los diputados. (CRH)
El magistrado Chinchilla opinó que la propuesta, en caso de ser aprobada, podría contribuir a generar mayor impunidad y por lo tanto inseguridad.
Dudó que el impacto de la iniciativa vaya a ser insignificante e imperceptible como lo han expuesto los defensores de la propuesta.
Indicó que se ha dicho que la mayor cantidad de personas que purgan penas es por hurtos menores, pero cuestionó que esto sea real.
Gamboa, por su parte, reconoció que su criterio y el de Chinchilla no es favorable para la aprobación del proyecto y que no hace falta la reforma al Código Penal.
Despenalizar los hurtos afectaría a muchos costarricenses porque sencillamente dejarían de ser delitos, no habría penas y se convertirían en contravenciones, resumió Gamboa.
"La responsabilidad es de los diputados, no nuestra. Solo advertimos de las posibles consecuencias", declaró.
Ambos afirmaron que la normativa actual ya contempla criterios de oportunidad, según los cuales el juez puede valorar desestimar la causa, ya que el delito puede resultar insignificante.
Reconoció que existe un aval del Poder Judicial a la iniciativa, pero en el sentido de que la ley no afectaría el normal funcionamiento de la institución.
Dudas
El diputado Ronny Monge reconoció tener dudas. (CRH)
Los argumentos que expusieron ambos magistrados incluso generaron dudas entre el diputado del PLN y presidente de esa comisión legislativa, Ronny Monge, quien tenía una posición favorable a la iniciativa.
"Los argumentos de los magistrados Chinchilla y Gamboa fueron contundentes y a mí me genera muchas dudas el proyecto", reconoció.
Advirtió que, de acuerdo con los magistrados, si la ley se aprueba "podría aumentar la criminalidad por la sensación de la impunidad".
El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) también objeta la reforma y no la apoyará.
Gerardo Vargas Rojas, jefe de fracción de los rojiazules, sostiene que el texto no debe aprobarse hasta que el Ministerio de Justicia no presente un plan estratégico para atender a la población penitenciaria.