Magistrado de Sala Tercera ya estudia acusación contra Rodrigo Chaves

Rodrigo Chaves, presidente de la República, el 5 de febrero de 2025. Captura de pantalla/Casa Presidencial

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ya estudia el expediente penal remitido por la Fiscalía General en el que se acusa a Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, por el presunto delito de concusión en el caso Bulgarelli-BCIE.

La Fiscalía General presentó la acusación contra el mandatario, en el marco del expediente 25-000044-0033-PE, por presuntamente inducir al productor audiovisual Christian Bulgarelli Rojas a girar $32 mil al exasesor presidencial y amigo de Chaves, Federico Cruz Saravanja, alias Choreco, a cambio de mantener un contrato para productos de comunicación para Casa Presidencial, financiado con recursos otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Los hechos se remontan al segundo semestre de 2022.

Además de Chaves, la acusación incluyó a Jorge Rodríguez Vives, entonces jefe de despacho de Chaves y actual ministro de Cultura.

La oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia explicó que el expediente está bajo estudio de un magistrado informante, quien se encargará de estudiar el caso y exponerlo a los demás miembros del tribunal.

Un "magistrado informante" o "magistrado ponente" es un magistrado que, por turno o designación, tiene la responsabilidad principal de analizar un caso, preparar la propuesta de resolución y presentarla a los demás magistrados para su consideración y votación. Su informe es la base sobre la cual se discutirá y decidirá la resolución final.

En causas contra miembros de los poderes de la República, la Sala Tercera es la que debe establecer si el hecho constituye un delito o no. Eso forma parte del procedimiento formal. Posteriormente, si consideran que existe un delito, como lo estima la Fiscalía General, remiten el caso a la Asamblea Legislativa para que sean los diputados quienes decidan si se les levanta el fuero a los acusados.

Como parte de estos procedimientos especiales, y a diferencia de los ordinarios, no le corresponde a la Fiscalía General tomar la declaración de la persona imputada. Esa responsabilidad se traslada a un magistrado o magistrada instructora de la Corte Suprema de Justicia.

Una vez que la acusación recibe trámite en la Sala Tercera los magistrados conforman un tribunal de Corte Plena, donde se analiza la acusación formulada. Si esta cumple con todos los requisitos legales, se procede al siguiente paso.

Los magistrados deben remitir la acusación a la Asamblea Legislativa, donde se inicia un nuevo procedimiento para designar una comisión que emita una recomendación sobre el levantamiento o no de la inmunidad.

Posteriormente, los diputados deben realizar una votación en el Plenario para decidir si están a favor o en contra de levantar la inmunidad a Chaves y Rodríguez. Para levantar la inmunidad del mandatario se requieren 38 votos.

Una vez aprobada la eliminación del fuero, si es que se concreta, se notifica la decisión a la Corte, la cual debe nombrar un magistrado instructor encargado de llevar adelante el proceso, que incluye la indagatoria inicial y la recepción de prueba, con el fin de determinar si corresponde celebrar un juicio contra los acusados.

En caso de que el proceso avance hasta la etapa final, los magistrados de la Sala de Casación Penal fungirían como tribunal.

La Fiscalía General acusó penalmente a Chaves y a Rodríguez Vives por presuntamente idear un plan para obligar al empresario Christian Bulgarelli, quien obtuvo el contrato, a girar un pago de $32 mil del dinero pagado por el BCIE a Cruz Saravanja.

Federico Cruz Saravanja, alias Choreco, quien fue asesor presidencial y de campaña de Chaves. Foto de diciembre de 2023. Archivo CRH

Pago a Choreco

En febrero de 2023, 4 días después de recibir un pago del BCIE por los servicios contratados, Bulgarelli transfirió $32 mil a Cruz Saravanja a través de una cuenta de RMC La Productora para cumplir con la presunta obligación impuesta por Chaves y Rodríguez Vives.

La Fiscalía General sostuvo que el 24 de febrero de 2023, Bulgarelli Rojas, "obligado e inducido" por Chaves, tras las coordinaciones previas concretadas por Rodríguez Vives, entregó el dinero que fue utilizado por Cruz Saravanja para pactar el contrato de alquiler con opción de compraventa de una casa ubicada en el condominio Barlovento, en La Unión de Cartago.

Cruz y la dueña del inmueble, de apellido Fernández, acordaron que los $32 mil facilitados por Bulgarelli se distribuirían de la siguiente forma: $20 mil por la opción de compraventa; $12 mil, de los cuales $7.200 serían abonados a la señal de trato por la opción de compra y $4.800 como abono a las mensualidades de alquiler.

Según la acusación, Choreco procuró que la retribución económica no quedara registrada a su nombre para no dejar rastro de los planes coordinados con Chaves y Rodríguez. Para eso, pidió a Bulgarelli que firmara el contrato de alquiler con opción de compraventa, pero este se negó.

Pese a ello, el 24 de febrero de 2023, el productor audiovisual realizó la transferencia bancaria de los $32 mil a la propietaria de la casa. El movimiento de dinero se concretó a las 9:35 a.m. desde una cuenta de la empresa RMC La Productora hacia una cuenta de Fernández en el Banco Popular (BP).

Ese mismo día, ante una abogada y notaria pública de apellido Guerrero, mediante la escritura pública 106, del protocolo número 7, comparecieron Cruz Saravanja, en calidad de inquilino- comprador del inmueble (esto ante la negativa de Bulgarelli Rojas de firmar dicho contrato) y Fernández como arrendante-vendedora, pactándose entre ambos un contrato de alquiler por el plazo de 6 meses, con opción de compra venta una vez vencido el plazo anterior, quedando consignado que los pagos debían depositarse a una cuenta del BP a nombre de Fernández.

Cruz Saravanja fue desalojado del inmueble el 8 de agosto de 2024 por falta de pago en el alquiler del inmueble.