Magistrado de la Sala Constitucional: “Vamos hacia un autoritarismo, no tengo duda”
Autoridades judiciales advierten de constantes recortes presupuestarios
Jorge Araya, magistrado de la Sala Constitucional, afirmó que el país avanza hacia un régimen autoritario debido al desmantelamiento financiero del Poder Judicial impulsado por el gobierno.
En la sesión de Corte Plena de este lunes, Araya sostuvo que los golpes financieros representan el inicio del cierre del Poder Judicial y que esto terminaría por afectar la democracia.
"En el pasado las democracias acababan con golpes de Estado; en el presente las democracias acaban con golpes presupuestarios. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia un autoritarismo, no tengo ninguna duda".
El funcionario enfatizó que el proceso de debilitamiento del Poder Judicial es gradual, pero constante. Según el magistrado, ya se proyectan recortes para los presupuestos de 2026 y 2027, a los que se suman mecanismos técnicos que impiden ejecutar recursos previamente aprobados.
A su juicio, esta dinámica compromete la capacidad operativa de la institución y pone en duda la posibilidad de concluir el año fiscal al ritmo actual de las reducciones presupuestarias.
El fiscal general, Carlo Díaz, respaldó las preocupaciones expresadas por Araya y detalló el impacto directo que las mermas presupuestarias generan sobre el sistema de justicia penal.
"Es el inicio del cierre del Poder Judicial, pero yo no diría tal vez tanto cierre, sino de la toma del Poder Judicial", detalló.
Díaz advirtió que la escasez de recursos debilita gravemente la capacidad de respuesta del Ministerio Público para desarrollar investigaciones de alto impacto, al reducir las posibilidades de investigar casos complejos relacionados con narcotráfico, delincuencia organizada, corrupción y legitimación de capitales.
Los recortes en rubros clave, como combustibles y viáticos, limitan la realización de diligencias operativas esenciales y, además, comprometen la sostenibilidad financiera para brindar protección a víctimas y testigos.
Los magistrados acordaron autorizar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, a ejercer todas las acciones legales necesarias para tratar de frenar el más reciente recorte.
El Ministerio de Hacienda aplicó disminuciones que rondan los ₡16.273 millones con respecto a las proyecciones presupuestarias requeridas. En días recientes, esa cartera informó sobre la retención de ₡3.053 millones, equivalente al 42% de los recursos destinados a gastos operativos para el resto del año.
Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), señaló que las consecuencias podrían comenzar a notarse a partir de diciembre en aspectos tan básicos como la compra de combustible para las unidades utilizadas en operativos. A
demás, advirtió que se limitará la capacidad para realizar peritajes, allanamientos y adquirir herramientas tecnológicas esenciales para combatir el crimen organizado.
Juan Carlos Pérez, director de la Defensa Pública, indicó que las restricciones presupuestarias incrementarán la mora judicial al hacer imposible atender señalamientos. También advirtió sobre retrasos en las diligencias que se realizan en territorios indígenas y en la prestación de servicios de traducción.