Magistrado alerta de un “deterioro gravísimo” de los derechos de los costarricenses
El magistrado de la Sala Constitucional Jorge Araya alertó este miércoles sobre un "deterioro gravísimo" de los derechos de los costarricenses y afirmó que el alto circulante de ese órgano refleja la situación que enfrenta el país en materia de derechos humanos.
Araya hizo el señalamiento durante su comparecencia ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, donde se analiza su reelección por un nuevo periodo de ocho años.
El magistrado indicó que la Sala registra uno de los circulantes más altos del mundo y sostuvo que el aumento de expedientes evidencia un deterioro de la gestión pública del gobierno en asuntos relacionados con los derechos humanos.
Según explicó, los expedientes relacionados con salud, privados de libertad y ayudas sociales aumentaron de manera significativa.
Araya señaló que, desde su llegada a la Sala en 2018, el ingreso de expedientes aumentó un 94,5 %. Para este año, se proyecta que el órgano termine con un circulante de más de 45.000 expedientes.
Explicó que los integrantes de la Sala votan entre 1.000 y 1.200 expedientes por semana. En cuanto a su despacho, afirmó que resuelve alrededor de 4.000 sentencias al año y que registró una productividad del 101,5 % en agosto de 2026.
Señalan intención de oficialismo por evitar su reelección
Durante la comparecencia, el diputado Salvador Padilla, del Partido Liberación Nacional (PLN), señaló que existe una intención de Pueblo Soberano de impedir la reelección de Araya.
Padilla recordó declaraciones del expresidente Rodrigo Chaves, quien afirmó que su Gobierno tenía el Poder Ejecutivo y el Legislativo y que posteriormente buscaría el control del Poder Judicial. También cuestionó si las posiciones de Araya en defensa de la libertad de prensa y otros derechos han influido en el rechazo del oficialismo a su continuidad.
Araya respondió que sus posiciones pueden resultar incómodas para algunos sectores, pero aseguró que su deber es defender al Poder Judicial y la Constitución Política.
Aseguró que a algunos detractores y gobernantes no les gusta que se defienda la Constitución Política, pero que él continuará cumpliendo con esa función.
Oficialismo cuestiona a Araya por extender nombramientos de suplentes
El diputado de Pueblo Soberano (PPSO) Ariel Mora cuestionó a Araya por votar a favor de extender el nombramiento de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional.
Mora mencionó el caso de la magistrada Ana María Picado que manifestó que no se le consultó si estaba de acuerdo con continuar en el cargo de suplente y preguntó a Araya si consideró que con esa decisión se vulneraron sus derechos.
Araya respondió que su preocupación fueron los derechos de los costarricenses cuyos casos no están siendo resueltos debido a la falta de nombramiento de suplentes.
El diputado de PPSO José Miguel Villalobos, cuestionó además la elección de Araya como magistrado en 2018. Recordó que obtuvo un voto en la primera ronda y posteriormente alcanzó 38, por lo que le preguntó si había conversado con diputados durante el proceso.
Araya rechazó que hubiera algún acuerdo o circunstancia adicional que explicara el cambio en la votación.
Reelección
Araya busca por primera vez su reelección como magistrado de la Sala Constitucional por un periodo de ocho años. Su nombramiento vence el próximo 31 de octubre.
El magistrado ha señalado que decidió postularse nuevamente con la intención de defender la institucionalidad y contribuir a devolver a los costarricenses "la paz, el bienestar general y la esperanza".
Su permanencia en la Sala también está marcada por diferencias con Pueblo Soberano y con la presidenta Laura Fernández.
En una ocasión, la mandataria afirmó que el crimen organizado estaba "hasta los tuétanos" en el Poder Judicial. Araya le pidió presentar pruebas que respaldaran esa afirmación. Fernández no respondió a la solicitud y posteriormente el magistrado le reprochó no responder:
También fue uno de los magistrados que votó a favor de extender el nombramiento de los magistrados suplentes que vencieron en diciembre, ante la falta de acuerdo del oficialismo para designar a sus reemplazos.
Defendió que esa resolución buscaba restablecer el orden constitucional y rechazó que la medida constituyera un golpe de Estado.
Para impedir su reelección se requieren 38 votos en la Asamblea Legislativa. Pueblo Soberano cuenta con 31 diputados, por lo que necesitaría sumar apoyos de otras bancadas para evitar que Araya continúe en el cargo.