Magistrado: 1.300 resoluciones por semana reflejan que costarricenses confían en Sala IV
El magistrado Jorge Araya asegura que la alta confianza que tienen los costarricenses en la Sala Constitucional se refleja en las 1.300 resoluciones que ese tribunal emite semanalmente para garantizar los derechos de la ciudadanía, la cual normalmente acude a esa instancia porque las instituciones del Estado le fallan.
Pese a la paralización provocada por los diputados oficialistas y el Poder Ejecutivo al no nombrar magistrados suplentes, situación que se suma a la denuncia presentada contra los magistrados que resolvieron ese bloqueo, Araya considera que Costa Rica mantiene una reserva democrática muy sólida.
"Nos han puesto a prueba y vamos a salir adelante, porque el costarricense confía en la democracia, confía en el sistema. Mil trescientas resoluciones por semana significan confianza ciudadana; de lo contrario, nadie presentaría recursos y acciones ante la Sala.
¿Por qué vamos a cerrar el año con 50.000 sentencias? Porque hay 50.000 costarricenses que confían en el Estado de derecho, en la Constitución y en la Sala", señaló.
El magistrado explicó que esa cantidad de trabajo resulta insólita, pues muchos tribunales constitucionales del mundo tardan entre uno y cuatro meses en emitir ese volumen de resoluciones, mientras que otros ni siquiera alcanzan esa cifra.
A su juicio, ese dato también constituye un termómetro de la insatisfacción ciudadana con la gestión pública. Al mismo tiempo, considera que no es casualidad que tantas personas acudan a la Sala Constitucional en busca de una solución a problemas de distinta índole.
A pesar del elevado volumen de trabajo, afirmó que la mora constitucional es razonable, ya que el tribunal resuelve más expedientes de los que ingresan. Mientras recibe alrededor de 50.000 casos al año, emite cerca de 52.000 resoluciones.
"Este es un momento histórico, determinante para ratificar el compromiso de todo un pueblo con sus leyes, sus valores, sus principios y su Constitución. Cuando hablamos de Constitución y de democracia, hablamos de derechos. Hacer vibrar esos derechos es hacer vibrar la Constitución.
Cuando salimos a defender al Tribunal Constitucional, salimos a defender los derechos de todos nosotros; una justicia que nos ampare cuando el Estado y sus instituciones nos fallan. Hago un llamado a la prudencia y a la sensatez. Está en juego el país de todos, no el de unos cuantos", añadió el magistrado.
Fundamento para resolver
Araya recordó que la Sala tiene el rol de intérprete supremo de la Constitución Política y constituye el mecanismo institucional para resolver pacíficamente los vacíos o conflictos de competencias entre los poderes públicos.
Esa función, explicó, le permitió resolver la omisión en el nombramiento de magistrados suplentes ante la negativa de los diputados, mientras el tema se resuelve en la Asamblea Legislativa.
Agregó que el fallo integral demuestra que la herramienta jurídica utilizada por la Sala el jueves de la semana pasada es de aplicación, conocimiento y desarrollo común en la doctrina internacional. Es un mecanismo utilizado por el Tribunal Constitucional alemán, la Corte Constitucional italiana y el Tribunal Constitucional español, entre otros.
"Las democracias son como los seres vivientes: se enferman, se cansan y se debilitan. Por eso, como todo ser viviente, hay que repararlas, curarlas y fortalecerlas para ponerlas en las condiciones adecuadas que les permitan seguir siendo el mejor sistema de convivencia para todos los ciudadanos.
Por supuesto que la democracia costarricense ha quedado afectada por los acontecimientos recientes y porque el Estado y sus instituciones le han venido fallando a la ciudadanía", puntualizó.
Aunque la Sala ha recibido numerosos cuestionamientos y una denuncia por esa decisión, Araya aseguró que reciben las críticas con respeto e, incluso, dijo que le agrada que estas se produzcan, pues una de las reglas de la democracia es tolerar, incluso, el irrespeto y la intolerancia. A su juicio, ello demuestra que Costa Rica sigue siendo una democracia plena.
Este lunes, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, presentó una querella penal por el presunto delito de prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional ante la Corte Plena.
La mandataria Laura Fernández respaldó firmemente la acción legal y arremetió públicamente contra los jueces Fernando Cruz, Paul Rueda, Ingrid Hess y Araya, a quienes calificó como "magistrados golpistas".