Magistrada sancionada por cementazo se acoge a su jubilación
Doris Arias, quien cumplirá 57 años, gestionó su jubilación en 2016. CRH/Daniela Abarca
La magistrada Doris Arias, suspendida por la Corte Plena e investigada por la Fiscalía General por presunto tráfico de influencias, informó este lunes en sesión que había tomado la decisión de acogerse a su jubilación de manera inmediata.
En un comunicado de prensa, Arias aseguró que "Mis detractores no merecen el beneficio de seguir amenazando mi vida, persiguiéndome y señalándome, de seguir humillando a mi familia y de ponerme ante la opinión pública como alguien que no soy. Cada paso, cada opinión y cada decisión a lo largo de mi carrera la hice bajo estrictas normas profesionales y jurídicas. Mi ética no se ha vendido ni se venderá a cambio de intereses particulares. Mi carrera profesional ha estado regida siempre sólo y nada más por los intereses de la Justicia de Costa Rica".
Arias Madrigal, magistrada y presidenta de la Sala Tercera, está relacionada con investigaciones penales y administrativas por la desestimación de un expediente penal ligado a la trama del 'cementazo'.
Arias está bajo la lupa por el planteamiento de una solicitud de medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo para que se frenara una suspensión de 2 meses, sin goce salarial, dictada por la Corte Plena en virtud de su papel en la desestimación antes mencionada.
Las gestiones de la magistrada fueron acogidas por Alcevith Godínez Prado, juez interino, quien ordenó el freno a la suspensión por mientras se resuelve el reclamo planteado por las funcionarias.
El juez también es investigado por el aparente delito de prevaricato en una causa que se tramitaba en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta). Ahora, los casos fueron acumulados en un solo expediente.
En junio de 2016, la funcionaria, de 56 años, solicitó a la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial fijar el derecho respecto a la jubilación. Según explicó, el 15 de octubre de ese año cumplió la edad establecida (55 años).
A su vez, indicó que cumplía con el derecho por los 30 años de servicio en la institución.
A finales de ese mismo año, el Consejo Superior del Poder Judicial aprobó el derecho jubilatorio por cumplimiento de requisitos para ella y dejó en suspenso la fecha de acogida según las disposiciones de la funcionaria.
En esa oportunidad se acordó que el monto mensual de jubilación sería proporcionado por la Dirección de Gestión Humana a la magistrada. Pese a que no se obtuvo el dato concreto, podría ascender a una cifra mayor a los ₡7 millones.