Madre Patria: Ya se entregó exjuez que habría pactado entregas de $500 mil con presunto líder de fraudes
Luis Alberto Venegas Marín, exjuez de la República, uno de los principales investigados en el caso Madre Patria por presuntos delitos de legitimación de capitales provenientes de una organización que habría sustraído costosas propiedades a través de estafas, es uno de los 11 imputados que debe regresar a prisión preventiva tras el cese del arresto domiciliario que se le había permitido en julio anterior.
El Tribunal Penal de San José acogió una apelación de la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FAEDO) y anuló la medida cautelar menos gravosa que se había otorgado a estos sospechosos, por lo que dispuso enviarlos de nuevo a prisión preventiva.
En horas de la tarde de este viernes, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que Venegas se entregó a las autoridades judiciales para cumplir con la medida cautelar impuesta.
De acuerdo con el expediente judicial, Venegas habría sostenido reuniones en su casa con otro investigado con el fin de brindar asesoramiento y redactar documentos para la defensa penal en los procesos que enfrentaban integrantes de esta banda.
Esto ocurrió contrario a su deber de objetividad e imparcialidad como juez de la República, y denota —según la Fiscalía— su intención de favorecer los intereses del grupo criminal.
Al parecer también pactó y realizó actos preparatorios para la entrega de dinero, que según las llamadas telefónicas oscila entre $300 mil y $500 mil, con Fernando Gómez González, considerado máximo líder del grupo.
Ese dinero correspondería a los rendimientos de una inyección de capital —en efectivo— procedente de actividades ilícitas, según la investigación.
Por estos hechos, la Fiscalía le atribuye un delito de legitimación de capitales, penalizado con entre 8 y 20 años de cárcel; un delito de asociación ilícita, con penas de 1 a 6 años; y al menos un delito de falsedad en documento público y auténtico, castigado con entre 2 y 8 años adicionales por tratarse de un funcionario público.
20 años de servicio
Venegas era juzgador en el Tribunal Penal de Desamparados. Desde el 2001 era empleado judicial y había desempeñado distintos cargos en la institución.
El Tribunal de la Inspección Judicial de la Corte Suprema de Justicia, órgano disciplinario del Poder Judicial, resolvió en enero de este año revocar su nombramiento por la presunta vinculación con la organización criminal.
La resolución se tomó el 31 de enero del 2025, al considerar las imputaciones como una "falta gravísima". No obstante, el funcionario apeló ante el Consejo Superior del Poder Judicial.
Para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público, Venegas sería uno de los principales testaferros de la agrupación liderada por dos ciudadanos españoles: Gómez y Unaí León Muñoz, quienes dirigían la operación enfocada en cometer millonarios fraudes registrales con propiedades de alto valor.
Al parecer, el juez habría recibido dinero de la organización para legitimar capitales a través de tiendas tipo outlet, operadas mediante sociedades anónimas inscritas a su nombre.
Según las intervenciones telefónicas realizadas por el OIJ durante la investigación, Venegas confesó a su madre que recibía dinero en efectivo por trabajos con "gente de la calle".
Las pesquisas revelaron, además, presuntos movimientos de dinero que habría efectuado el imputado tras recibir recursos de la organización, mediante transacciones en entidades bancarias y cajeros automáticos.
Las vigilancias del OIJ confirmaron varios encuentros entre Venegas y los españoles señalados como presuntos líderes de la organización. El exjuez habría amasado una fortuna cercana a los $8 millones, producto de negocios lícitos que estableció los últimos años.
Tenía bajo su mando varios outlets y camiones de carga pesada, además de su salario como juez hasta su detención en junio del 2024. Venegas ofreció una declaración a mediados de este año, en la cual aseguró que su relación con el abogado del supuesto líder no lo implica en los delitos que se le atribuyen.
"(…) claramente ser funcionario judicial no me somete a un régimen de esclavitud, tengo empresas hace 19 años, me encantaba lo que hacía, estoy defraudado de la administración de justicia, he podido ver una cantidad de barbaridades, yo me esmeraba cuando hacia una sentencia, buscaba todos los medios para cerrar portillos, igual soy en mi trabajo en la empresa, Osman es abogado de mi empresa me hacía actuaciones notariales, mi madre figura en mis empresas como socios desde hace 18 años, tengo depósitos de mi hermano Víctor y Eddy que era un vendedor de mis empresas, los contactos que tenía en el extranjero eran proveedores y yo no me voy a vivir en una empresa, ya ni nos venden por esta investigación, se demostró que el préstamo de Fernando era para comprar una propiedad porque un tío mío me prestó ese dinero.
"(…) Mantengo bienes de alta gama porque hace 19 años tengo empresas y los tenía como escudo fiscal en leasing, la Range 2024 dijo que quería solo ese carro a pesar de haber varios, las ventas de las tiendas yo a veces realizaba depósitos bancarios, aporté mis estados de cuentas y estos no reflejan un lavado, solo aparezco en cinco meses en la investigación como voy a legitimar casi 12 millones de euros, nunca me depositaron ni un cinco", mencionó.
Los nexos
Al inicio del proceso, la Fiscalía aportó documentación contable relacionada con la presunta participación de Venegas en la estructura criminal. Uno de los elementos incluidos menciona supuestos pagos "hormiga" y la compra de vehículos de alta gama, específicamente dos Range Rover de la marca Land Rover, adquiridos en el 2023.
El expediente señala que algunos vehículos de alto valor habrían sido adquiridos como parte del proceso de legitimación de capitales, utilizando fondos provenientes de fraudes registrales cometidos, presuntamente, contra adultos mayores que vivían fuera del país.
Un seguimiento realizado por agentes judiciales reveló que el funcionario se reunía con miembros de la agrupación y que incluso acudió con uno de ellos a una sucursal bancaria para realizar depósitos de "grandes cantidades de dinero en efectivo".
Venegas cumplió una suspensión sin goce salarial entre el 1.º y el 25 de agosto del 2023, en acato a una resolución de la División Jurídica de la Contraloría General de la República (CGR). Fue investigado por presuntas omisiones en la declaración de su participación en cuatro sociedades anónimas con fines comerciales entre el 2014 y el 2022.
En esas sociedades, el juez figuraba como secretario, fiscal o presidente. Varias de ellas también están bajo investigación del OIJ y la Fiscalía.
Entre los detenidos figuran dos españoles que —según la policía— serían los líderes del grupo: León Muñoz y Gómez González, quienes dirigían una red dedicada a apropiarse de inmuebles mediante fraudes, junto con los hermanos Chaves Arias, hijos del exconvicto Omar Chaves.
En apariencia, también participaron en la organización el exjuez Venegas, varios abogados y notarios, exfuncionarios judiciales, empresarios del sector autobusero y funcionarios del Consejo de Transporte Público (CTP), entre otros.
Dos presuntos testaferros investigados por colaborar con la organización criminal habrían visitado al juez luego de una reunión en el CTP, específicamente en su casa, en un condominio donde reside. Casi cuatro horas después salieron del lugar.
Su siguiente parada fue en Río Segundo de Alajuela, en un taller donde contrataron una grúa, y permanecieron junto a uno de los sospechosos de apellido Barrantes, encargado de la compra de bitcoins.
Otra acta de vigilancia del OIJ revela que Gómez y Venegas se reunieron ese día frente al plantel de buses de Herrera, en barrio San José de Alajuela.
Durante el resto de la tarde se registraron otros encuentros, incluido uno en la vivienda del juez con un presuntot testaferro de apellido González. Más tarde, ambos coincidieron nuevamente con Gómez en un restaurante del Hotel AC Marriott.
Uno de los investigadores dio seguimiento a las conversaciones, de las cuales extrajo referencias a negocios de autobuses, "desórdenes de platas", problemas con rutas que no generaban ganancias, y la sugerencia del español de "meterle 20 millones (de colones)" porque "está duro con el CTP", en aparente alusión a pagos internos.
Venegas también habló del carro nuevo que había comprado (una Range Rover), mientras Gómez comentó que adquiriría un BMW X6 (versión M) y un Toyota Supra, y agregó que el Lexus y la Frontier que utiliza Jonathan son suyos.
El exjuez indicó que el outlet tuvo muchas ganancias en diciembre, que había comprado 12 camiones y cureñas para mover caña en Liberia y transportar azúcar hacia San José.
En una de las conversiones finales, según el documento judicial, Fernando Gómez le dijo al juez: "vea manito yo le voy a dar una plata a usted y usted la invierte".