Madre Patria: Defensa dice que juez bromeaba cuando se calificó como “lavador de dinero”
Funcionario judicial cumplirá 1 año de prisión preventiva
Allanamientos por el caso Madre Patria. Archivo CRH/OIJ
La defensa legal de un juez de apellidos Venegas Marín, imputado en el caso "Madre Patria", desacreditó la intervención telefónica en la que el implicado se catalogó como un "lavador de dinero" y la calificó como una "broma".
El funcionario judicial, destacado en el Juzgado Penal de Desamparados, cumplirá 1 año de prisión preventiva bajo sospechas de estar vinculado con una robusta organización delictiva presuntamente liderada por 2 ciudadanos españoles (de apellidos Gómez y León) y que se habría dedicado a perpetrar millonarios fraudes registrales con valiosas propiedades.
La Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada sostiene que Venegas habría recibido dinero, aparentemente proveniente de actividades ilícitas, para legitimarlo a través de establecimientos comerciales tipo outlet y de empresas de transporte de mercadería.
Según las autoridades judiciales, el juez se habría vinculado al español de apellido Gómez a través de un abogado-notario de apellidos González Araya, quien también es sospechoso de formar parte de la supuesta agrupación delictiva. González Araya también deberá cumplir 1 año de prisión preventiva.
Una de las llamadas intervenidas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ocurrió el 30 de octubre de 2023 a la 1:10 p.m., entre el juez Venegas y el notario González.
El informe 05-RCI-OECDO-2024 del 24 de abril, elaborado por la policía judicial, detalla que a partir de la llamada se establece que ambos sujetos mantendrían conocimiento de la actividad ilícita ya que se "autoidentifican" como "lavadores" y que hicieron referencia a mantener conversaciones sobre estos temas a través de WhatsApp (la aplicación no está sujeta a intervenciones policiales).
La sinopsis de la llamada detalla lo siguiente:
"González llama a Venegas y le dice: – ¿Sí?, ¡Trámites varios de lavado de dinero por favor!, y de inmediato el juez le responde: – ¡Ese mismo!, ¡carep…! (…) -González le menciona que eso debería de hablarlo por WhatsApp. Venegas le dice que ¡Eso mismo le iba a decir!" (…)".
Caso Madre Patria es el segundo más grande en la historia del OIJ y el primero en ser tramitado como crimen organizado, sin ser de narcotráfico. Imagen: OIJ
"Una broma"
En la audiencia de medidas cautelares, la defensa legal del juez señaló que en la llamada intervenida lo que ocurrió fue una "broma" entre Venegas y González.
Además, alegó que el uso de WhatsApp para llamadas telefónicas no es ilegal y que en el marco de la investigación "se está satanizando".
"Aquí ocurrió una broma de ellos (…), ahí no está aceptando ser lavador y si sugiere hablar por WhatsApp y no es ilegal y lo han satanizado", cita el contenido de la resolución de las medidas cautelares, en referencia a la exposición de la defensa de Venegas.
En la audiencia fue citado como testigo un hermano de Venegas, quien expuso de forma amplía que él y el imputado cuentan con una empresa familiar debidamente constituida desde hace años, cuya actividad empresarial inicial fue la venta de ropa americana.
A partir de esto, insistió en que se expandieron por todo el país a través de sus múltiples tiendas (algunas tipo outlet).
El hermano alegó que el juez colaboraba con depósitos en efectivo producto del negocio y que ciertos de esos movimientos de dinero no fueron efectuados por empleados de las empresas debido a que algunas tiendas no contaban con entidades financieras cerca.
La defensa del juez también sostuvo que para mantener en operación los negocios familiares existen créditos bancarios que representan un compromiso con entidades financieras. Sin embargo, el juzgado penal consideró que esto no exime la posibilidad de que se recibieran dineros provenientes de la organización delictiva para -presuntamente- legitimarlos a través de la actividad comercial de las empresas.
Las labores de vigilancia y las investigaciones del OIJ constataron que Venegas se reunió con el español Gómez en las afueras de uno de los outlets.
La resolución de medidas cautelares fue dictada este 10 de julio por la jueza María José Solano Acuña. Además de Venegas, otras 19 personas cumplirán 1 año de prisión preventiva.
Edificio de la Contraloría General de la República, en Sabana Sur. Archivo CRH
Sanción administrativa
El departamento de Gestión Humana del Poder Judicial confirmó que el juez cumplió la sanción administrativa -sin goce salarial- en agosto de 2023 por orden de la Contraloría General de la República (CGR).
Venegas cumplió la suspensión, sin goce salarial, entre el 1° y el 25 de agosto de 2023, en acato a lo dispuesto por la División Jurídica de la CGR. Según consta en el expediente CGR-PA-2022-004686, abierto el 28 de julio de 2022 por la División Jurídica del ente contralor, el funcionario fue objeto de una investigación por sospechas de omitir la declaratoria sobre la participación en 4 sociedades anónimas con fines comerciales entre los años 2014 y 2022.
En las sociedades anónimas citadas en el caso, el juez ostentaba cargos como: secretario, fiscal o presidente. Algunas de esas sociedades también son objeto de investigación por parte del OIJ y la Fiscalía.
La División Jurídica de la CGR detalló en el expediente que el funcionario habría cometido faltas al infringir lo dispuesto en los artículos 21, 22 y 29 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
"Venegas estando obligado, en virtud de su cargo, a declarar de manera fehaciente su situación patrimonial, según lo previsto en el numeral 21 de la ley en comentario, pudo haber omitido o faltar a la verdad en información requerida dentro de las declaraciones juradas de bienes presentadas ante la CGR, correspondientes a los años 2014 a 2022", recalca el expediente del procedimiento administrativo.
El ente contralor también señaló que el juez omitió de "forma reiterada" la información requerida sobre las operaciones bancarias en las que se constituyó como fiador en los períodos comprendidos entre 2018 y 2022. En este caso puntual, se investigó una infracción al reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
La División Jurídica de la CGR emitió la resolución del caso el 21 de noviembre de 2022 y declaró culpable a Venegas como "responsable administrativamente en grado de culpa grave por los hechos intimados, razón por la cual se recomienda de forma vinculante la suspensión sin goce de salario, dieta o estipendio de 25 días naturales, de conformidad con el inciso b) del artículo 39 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública…".
La representación legal del juez planteó un recurso de revocatoria el 24 de noviembre de 2022, alegando que existía la prescripción de la potestad disciplinaria sobre algunos hechos imputados y que hubo una nulidad del acto final con falta de fundamentación por una errónea valoración de los elementos defensivos aportados.
Además, la defensa señaló que no se configuraba la culpa grave y que, por todos estos extremos, se debía revocar la sanción impuesta de los 25 días de suspensión sin goce salarial.
El ente contralor declaró sin lugar el recurso de revocatoria el 19 de diciembre de 2022 y declaró sin lugar un recurso de apelación el 15 de junio de 2023. Así las cosas, la resolución de la suspensión sin goce salarial quedó en firme el 20 de junio de 2023.
La resolución descartó responsabilidades civiles y prohibiciones de ingreso (o regreso) a cargos de la Hacienda Pública.
Según las intervenciones telefónicas realizadas por el OIJ durante el proceso de investigación, Venegas confesó a su madre que recibía dinero en efectivo por trabajos con "gente de la calle".
Las pesquisas también revelaron presuntos movimientos de dinero en efectivo que habría efectuado el imputado, tras supuestamente recibir recursos del grupo criminal, a través de entidades bancarias y cajeros automáticos.
La fiscalía investiga presuntos delitos de falsedad ideológica, uso de documento falso, estafa mayor, legitimación de capitales, procuración de impunidad y cohecho en el caso "Madre Patria".