“Madre Patria”: Banda de fraudes tenía 300 propiedades, una valorada en $30 millones en Guanacaste
Hicieron transacciones de hasta $11 millones de dólares en criptomonedas
La organización criminal que presuntamente se dedicaba a fraudes para apropiarse de propiedades principalmente de adultos mayores y extranjeros, que fue desmantelada por el Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía ayer martes en el caso "Madre Patria", movía grandes cantidades de dinero y bienes.
Según explicaron las autoridades, se tienen contabilizadas al menos 100 propiedades en poder de los testaferros e implicados en la red delictiva, asociados a diferentes fraudes registrales que habrían cometido los sospechosos. Sin embargo, la cifra podría ser más elevada, explicó el director del OIJ, Randall Zúñiga.
De la misma boca de los sospechosos, ellos indicaban tener más de 300 propiedades que han robado de manera ilegal. Los montos de las propiedades son millonarios.
Uno de los bienes inmuebles mejor valorados, se ubica en Playas del Coco en Sardinal de Carrillo, en Guanacaste. Se trata de un complejo inmobiliario valorado en cerca de $30 millones, dinero equivalente a unos ₡15.678 millones.
Ese desarrollo cercano al mar en una zona muy turística está dividido en 187 filiales: casas de habitación y vacación que se están construyendo. El director de la policía judicial explicó que este es tan solo uno de los tantos proyectos involucrados en el megacaso, todas de alta plusvalía.
De acuerdo con el fiscal general, Carlo Díaz, la operación y búsqueda de terrenos por parte de esta banda no se concentraba en un sector específico del país, sino que sucedía a lo largo del territorio nacional, siempre en lugares de alto valor.
Pista para escoger víctimas
El jerarca del Ministerio Público explicó a CRHoy.com que la estructura tenía dentro de su staff a empleados o miembros que se encargaban de buscar propiedades en todo el país, que cumplieran con algunos criterios como un abandono físico o que no tuviera movimientos registrales recientes.
Pero también buscaban sociedades jurídicas que estuvieran al borde de su disolución debido a diversas circunstancias, para supuestamente establecer una liquidación falsa y así adueñarse de sus propiedades. Incluso, una publicación oficial sirvió como una pista para escoger eventuales víctimas, según detalló el fiscal Carlo Díaz.
Se sirvieron de una publicación oficial que se hizo, cuando se disolvieron sociedades por falta de pago de impuestos. Se hizo la publicación de las sociedades y eso les facilitó mucho: les dio una luz. Simplemente consultaban las sociedades en el Registro Público, ahí podían determinar que tenían bienes en diferentes lugares, los ubicaban y es ahí donde procedían a hacer los traspasos fraudulentos.
En esencia, al presuntamente falsificar documentos, los sujetos conseguían apropiarse y generar grandes cantidades de dinero en ganancias, al punto que tuvieron transacciones de hasta $11 millones en criptomonedas, cerca de ₡5.748 millones en un único movimiento.