Parálisis legislativa: Tiempo perdido de diputados costó ¢86 millones a costarricenses

(CRHoy.com) La parálisis legislativa creada por la escasa agenda convocada por el Gobierno también le pasa la factura a los costarricenses.

Hay que recordar que los diputados reciben en promedio un salario de ¢4 millones por mes, que se confecciona por medio de las dietas que reciben según la asistencia que registren en comisiones, reuniones de fracción y las sesiones del plenario.

Según datos del Departamento Financiero del Congreso, una dieta de plenario tiene un costo de ¢86.000.

El artículo 32 del reglamento legislativo establece que las sesiones del plenario que se realizan de lunes a jueves inician minutos antes de las 3:00 p.m. pero no se pueden levantar hasta de las 6:00 p.m. si no hay una votación no menor de los dos tercios del total de los diputados presentes.

El levantar la sesión antes de esa hora, ha sido la práctica común en la actual Asamblea desde el lunes 9 de mayo, un día después que la administración Chaves Robles inició sus labores.

Según un recuento efectuado por CRHoy.com, desde el 9 de mayo al jueves 9 de junio se han efectuado 20 sesiones en el plenario.

En 19 de ellas, los diputados se han ido antes de las 6:00 p.m. ya que no existen más asuntos por tratar.

Únicamente la sesión del 23 de mayo llegó a la hora que dice el reglamento.

En promedio, cada sesión dura una hora y media, lo que significa que el Congreso está perdiendo la mitad del tiempo, debido a que no hay más asuntos que tratar.

¿Cuánto nos cuesta?

En esas 19 sesiones se acumulan 30 horas que no se usaron al levantar la sesión antes de tiempo.

Según los registros de llegadas de diputados a las sesiones mencionadas, entre el 9 de mayo y hasta el 9 de junio, se acumulan 1.005 asistencias.

Si cada dieta tiene un costo de ¢86.000, significa que el Estado deberá pagar ¢86.430.000 por el trabajo de los diputados, pese a que solo trabajan la mitad del tiempo reglamentario.

Este es un cálculo que solamente toma en cuenta el costo de las dietas, habría que considerar por ejemplo otros valores como la electricidad, el pago de los ujieres, asesores de diputados y personal legislativo.

Más de la mitad de las iniciativas de ley que la Casa Presidencial incluyó en los decretos de convocatoria durante el mes de mayo son convenios internacionales, autorizaciones a municipalidades u otras entidades públicas para disponer de terrenos y derogatorias de leyes obsoletas.

De 71 proyectos incluidos en las convocatorias en el primer mes, 14 constituyen acuerdos de cooperación suscritos entre Costa Rica y otras naciones que requieren autorización legislativa.

La agenda también ha incluido 13 propuestas para derogatorias de leyes caducas, planteadas en el cuatrienio legislativo anterior para depurar el ordenamiento jurídico costarricense.

Otras 27 iniciativas, incluidas dos reformas constitucionales, convocadas por el Ejecutivo en las extraordinarias legislativas fueron impulsadas por el gobierno anterior y diputados del pasado cuatrienio legislativo.

Señalan a diputados

La ministra de la Presidencia, Natalía Díaz y la jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) Pilar Cisneros, han insistido en que muchos proyectos no caminan como se quisiera por el trámite normal legislativo o bien porque las fracciones de oposición piden tiempo para analizarlos.

Destacan el expediente 21.182 que consiste en una reforma al Código de Trabajo para el establecimiento de las jornadas laborales 4/3, que se encuentra a la espera de un texto sustitutivo para ser conocido por las fracciones, el 21.670 para el rescate financiero del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que incluso fue desconvocado debido a las dudas de las bancadas y el 20.873, proyecto que castiga el acoso laboral en el sector público como privado y que fue devuelto a comisión por un plazo de 30 días.

Lo que ha pasado es que tenemos una agenda heredada y nosotros tenemos que jugar con lo que hay. Porque cuando se presenta un proyecto nuevo inicia un proceso primero de publicación, luego comisiones y todo lo demás, entonces el proceso es lento, señaló Díaz.

Agregó que han estado revisando qué de los proyectos heredados se "ajustan a las prioridades del Poder Ejecutivo" y que se puedan cambiar en el camino.

"Tenemos la mejor voluntad de convocar proyectos, lo que pasa es que requieren de un análisis y que vayan de acuerdo a los ejes que el presidente prometió en campaña", agregó la jerarca.