Candidatos a Presidencia de Corte apoyan voto público de próximo fiscal

(CRHoy.com) Los cinco candidatos a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia apoyan que la elección del próximo fiscal general se lleve a cabo en una votación pública y no en una privada, como lo dispone la ley.

Ante consultas planteadas por CRHoy.com, remitidas a través de la oficina de prensa del Poder Judicial, los magistrados Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Roxana Chacón Artavia, Patricia Solano Castro y Luis Fernando Salazar Alvarado coincidieron en la necesidad de transparentar la selección del sucesor de Emilia Navas Aparicio.

"Las votaciones secretas eran para evitar las presiones y el reclamo de compromisos abusivos de partes más fuertes sobre subordinados o evitar la exigencia de cumplimiento de compromisos espurios. Eran una forma de lograr votos libres. Ahora se transparenta más si el voto es público, porque existe una mayor participación y control de los ciudadanos y equilibra las presiones de poderes ocultos.

"En el caso del fiscal general, los integrantes de Corte no deben tener intereses inconvenientes para su escogencia, y deben prevalecer solo los intereses institucionales y del país, de manera que no deben existir temores para su decisión y no debe existir influencias indebidas para favorecer a ninguno, y elegir al idóneo", explicó Rivas Loáiciga.

Asimismo, el alto juez recalcó que debe satisfacerse a los propios aspirantes con la votación, el tanto que a lo largo del proceso mostraron dudas -que calificó de "no razonables"– y plantearon gestiones que ralentizaron la selección por más de un año.

Para Aguirre Gómez la votación debe ser pública, tal cual se acordó el 12 de marzo de 2018, en la sesión 10-2018, con la que finalmente se escogió a Navas Aparicio. En la misma línea se pronunció Solano Castro.

"Considero que el país espera transparencia en esta elección y cada magistrado debe dar a conocer el nombre de la persona por la que votará y explicar las razones que justifican su voto", recalcó en cambio Chacón Artavia, no sin antes recordar que esa decisión deberá ser tomada por una mayoría de la cúpula.

Por su lado, Salazar Alvarado comentó: "La transparencia es un elemento clave para la credibilidad del Poder Judicial y su fortalecimiento en la defensa de la institucionalidad y la  democracia. Es por ello que desde la Presidencia de la Corte impulsaré que el voto para designar a quien ocupará el cargo de fiscal general sea público, convencido de que fortalece la democracia y materializa los principios constitucionales del servicio público, como la transparencia, la probidad, la fiscalización y la rendición de cuentas".

Descabezado

Emilia Navas Aparicio dejó el Ministerio Público el 28 de junio de 2021, en medio de cuestionamientos por su inhibitoria en el escándalo de presunta corrupción conocido como Cochinilla. Al día siguiente, el puesto lo asumió de forma interina Warner Molina Ruiz.

Cincuenta y seis días después, la Dirección de Gestión Humana de la Corte publicó el concurso para elegir al nuevo fiscal general y con ello inició la recepción de inscripciones. Ese periodo estuvo abierto hasta el 3 de setiembre de 2021, según se desprende del concurso CN-06-2021.

Veintiocho personas postularon sus nombres para el cargo, pero en el camino, algunos renunciaron y otros incumplieron los requisitos o puntajes mínimos para seguir adelante. Entre los aspirantes que llegaron a la etapa final sobresalen como los mejor calificados Molina Ruiz (99,63); el exdirector del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Guillermo Hernández Ramírez (99,63); así como el fiscal adjunto de Pérez Zeledón, Édgar Ramírez Villalobos (99,46).

Les siguen el fiscal adjunto de Ejecución de la Pena, Carlo Díaz Sánchez (97,38); el litigante y exfiscal, Edwin Retana Carrera (96,50); el litigante y exjuez, Ewald Acuña Blanco (95,50); el fiscal adjunto de la Fiscalía General, José Francisco Mena Castro (95,39); litigante y exfiscal, Álvaro Cubero Pérez (94,50); el fiscal, Rónald Segura Mena (89,42); el fiscal, Miguel Ramírez López (89,04); así como el litigante y exinvestigador de Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cigic), Christian Ulate Durán (88,95).

En el proceso participaron sólo tres mujeres; pero Yara Quirós Soto y Mauren Víquez Córdoba desistieron del proceso, mientras que Gaudy Murillo Garita no consiguió la nota mínima de preselección.

Tal punto en particular fue señalado por el Panel de Personas Expertas, en el tanto que jamás trascendieron las razones por las cuales dos candidatas con perfiles robustos renunciaron después de la fase de preselección. Asimismo, el grupo cuestionó que, pese a esas dimensiones, no se registró ningún esfuerzo porque otras mujeres se sumaran al concurso.

Finalmente, la Comisión de Nombramientos entrevistó a 19 pretendientes entre el 21 y 28 de enero de 2022. Desde entonces, apelaciones y otros recursos planteados por participantes postergaron la designación.

No obstante la magistrada Roxana Chacón Artavia destacó en su respuesta a este medio que ya se conocieron las últimas gestiones planteadas en el proceso. "Hechas las notificaciones de lo resuelto, además de enmendar otros pequeños detalles, quedará listo para ser votado muy pronto, esperamos que sea en setiembre", indicó.

Su adversaria Patricia Solano Castro mencionó, en cambio, que aún hay etapas por agotar en el proceso.

El proceso para la elección del próximo presidente del Poder Judicial arranca este lunes.