Los 8 puntos que la Contraloría le pide a Incofer para intentar “salvar” el tren eléctrico

(CRHoy.com). Para definir la continuidad del proyecto del Tren Rápido de Pasajeros (TRP), conocido popularmente como tren eléctrico, la Contraloría General de la República (CGR) solicitó al Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) una serie de ajustes que aplacarían las numerosas deficiencias detectadas mediante una auditoría publicada este lunes.

En el informe DFOE-CIU-IF-00002-2021, con fecha del 22 de setiembre pasado, la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE) del ente contralor detalló que existen debilidades durante la fase de preinversión y recalcó una inobservancia en el orden lógico y sucesivo de las etapas de reinversión.

La CGR también reveló debilidades de coordinación entre el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y una indefinición sobre los avales y los cambios de alcance del plan.  A su vez, advirtió debilidades en la planificación de la fase de estructuración y en el análisis de riesgos fiscales.

La advertencia de la CGR llega días después de que el gobierno echara a andar una estrategia para acelerar la aprobación del proyecto: emitió un decreto para declarar de interés público la iniciativa y publicó el cartel para precalificar oferentes interesados.

¿Qué pide la CGR al Incofer?

1. Ajustar el cronograma de planificación de la fase de estructuración para incluir todas las actividades que deben ser ejecutadas y las coordinaciones necesarias con las distintas instancias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes con competencias técnicas o sectoriales, contemplando un orden lógico y sucesivo, inclusión de relaciones de dependencia, hitos y ruta crítica.
2. Incorporar en el cronograma los puntos de control (intermedios y finales) definidos por parte del Consejo Directivo del Incofer de conformidad con lo dispuesto. Enviar este cronograma para conocimiento del Consejo Directivo, con los cambios, en un plazo máximo de 3 meses.
3. Determinar las modificaciones en las premisas y variables establecidas en los estudios de factibilidad del Proyecto del Tren Eléctrico.
4. Elaborar, con base en los resultados de lo anterior, una propuesta de actualización del proyecto que permita decidir sobre su viabilidad.
5. En caso de modificaciones en los costos, demanda u otras variables que definen la rentabilidad del proyecto; la actualización de las evaluaciones financieras y económica-social y las justificaciones correspondientes, de conformidad con las Normas Técnicas, Lineamientos y Procedimientos del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan).
6. En caso de que se modifique el alcance o propósito del proyecto, la actualización de los estudios de factibilidad en concordancia con las referidas Normas Técnicas.
7. En caso de que el proyecto sea viable como resultado de lo anterior; realizar el análisis preliminar de riesgos y contingencias fiscales y la actualización de los estudios de Valor por Dinero o viabilidad para confirmar que la modalidad de Asociación Público Privada (APP), es la idónea en comparación con otros modelos o formas de contratación administrativa, de conformidad con la distribución y asignación de riesgos correspondiente.
8. Enviar la propuesta de actualización del proyecto al Consejo Directivo de Incofer, considerando resuelva sobre la continuidad del proyecto, y remitir a la CGR una certificación en la que conste la remisión de esa propuesta al Consejo Directivo en un plazo máximo de 6 meses contados a partir de la recepción de este informe.

Proyecto dudoso

El TRP prevé una inversión total cercana a los $1.553 millones. Se desarrollaría bajo un esquema de Asociación Público Privada (APP) en la modalidad de concesión de obra pública por 35 años.

El plan global consta de 5 líneas de 84 kilómetros divididas en 3 fases: Fase 1 (Línea 2, entre San José y Alajuela), Fase 2 contempla la construcción de la Línea 1 (Paraíso-Atlántico), mientras la Fase 3 apunta a las líneas 3 (Atlántico-Ciruelas), 4 (Alajuela-Ciruelas) y 5 (Ciruelas-El Coyol).

Desde 2020 la comisión legislativa de Ambiente tramita el proyecto de ley para autorizar el uso de un crédito por $550 millones otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), sin embargo, tras varias sesiones y comparecencias, el financiamiento no ha sido tema de discusión desde mediados del año pasado.

El Fondo Verde del Clima, adscrito a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Unfccc por sus siglas en inglés), aprobó en julio financiar el TRP con un aporte superior a los $271,3 millones. De esa cantidad, unos $250 millones se usarían para pagar parte del crédito del BCIE.

Pese al interés del Poder Ejecutivo, no aclaran aspectos medulares de la propuesta, como el origen de los recursos para pagar el subsidio estatal anual a la operación del servicio (que rondaría entre $50 millones y $150 millones), en mayo se presentó el borrador del cartel licitatorio y un mes después se desarrolló la audiencia pública sobre ese documento.