(Archivo CRH)

Juan de la Cruz Brenes Solera, quien estará al mando de técnicos e ingenieros que hacen análisis de tráfico de red y monitoreo de personas en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), fue investigado por lo diputados en 2015 por espionaje.

A pesar de ello, el ICE decidió trasladar -a partir del próximo 31 de octubre- a todo el personal de seguridad lógica de red al área administrativa, bajo el mando de Brenes Solera, según denunció este miércoles el legislador Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana (ADC).

El personal que estará bajo el mando de Solera Brenes realiza indagaciones a partir de solicitudes que hacen el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) o jueces competentes.

El 11 de mayo de 2015, el informe afirmativo de minoría que suscribió una comisión especial del Congreso constituida para investigar la obtención, uso y manipulación de información obtenida por los cuerpos de inteligencia sobre ciudadanos, incluidas figuras públicas, recomendó al ICE sentar la responsabilidad administrativa sobre Brenes Solera por el mal uso de fondos públicos.

También concluyó que le parecía inconveniente continuar con el nombramiento de Brenes Solera como jefe de la División de Protección y Seguridad Institucional del ICE, tras determinar que una de las personas espiadas fue el hoy legislador Jorge Arguedas, del Frente Amplio.

Esa unidad funcionó como una especie de Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) en el ICE, recordó Redondo.

Los diputados también le solicitaron al ICE reorganizar esa dependencia, replantear sus funciones y que solo se le permitiera a técnicos en telecomunicaciones la asistencia en operativos del OIJ.

Espiar a diputado

La Sala Constitucional advirtió en 2011 a Juan de la Cruz Brenes Solera que se abstuviera de continuar con esa práctica. (CRH)

Como parte de la investigación, Vivian Mejía Serrano, exfuncionaria de esa unidad, reveló que Brenes Solera ordenó en diciembre de 2009 espiar al entonces sindicalista del ICE Jorge Arguedas.

El seguimiento se hizo a partir del 1 de diciembre de ese año y durante 11 días y estuvo a cargo de más de 8 funcionarios, incluida Mejía Serrano, quien dio a conocer en ese momento que para hacerlo se rentaron vehículos con fondos públicos. En ese momento, el presidente ejecutivo del ICE era Pedro Pablo Quirós.

"La directriz de seguir a don Jorge la dio Juan de la Cruz Brenes Solera y nos indicó que el seguimiento consistía en estar pendientes desde antes que se despertara para saber qué ruta iba a tomar él y hasta el final del día", dijo Mejía Serrano, según consta en el acta de la sesión ordinaria número 9 de la comisión celebrada el 19 de febrero de 2015.

"Teníamos que estar ubicados en diferentes puntos, en parejas, por cada vehículo. Nos comunicábamos por radio para informar, por ejemplo, el que estaba cerca de la casa de don Jorge, informar el mínimo movimiento que observaba tenía que comunicarlo. Se tomaban fotografías, también utilizamos cámaras de video", agregó.

Según su relato, observó muchas situaciones y atendió varios casos, pero el que más le llamó la atención fue el de Arguedas.

Indicó que estaba en desacuerdo con el seguimiento, pero acataba las disposiciones de la jefatura y que posteriormente empezó a sufrir acoso laboral. En 2010, fue trasladada de área, tras una denuncia que interpuso por acoso laboral.

Por este caso, Arguedas presentó en 2011 un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el ICE, que fue resuelto a su favor.

La Sala IV advirtió a Juan de la Cruz Brenes Solera "abstenerse de incurrir en el futuro en la actuación ilegítima aquí declarada y de utilizar el material recabado como medio probatorio, bajo apercibimiento de que, de no acatar esta orden, el infractor incurrirá en el delito de desobediencia".

También condenó al ICE al pago de las costas, daños y perjuicios.