Llueven críticas sobre Ministro del MOPT: “No puede regular Uber si no lo entiende”

La exposición que brindó Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes, a la Comisión de Asuntos Económicos que discute el proyecto gubernamental para regular Uber dejó una conclusión clara para la Asociación Consumidores de Costa Rica: ni el ministerio ni el jerarca entienden la actividad.

Méndez asistió el miércoles al foro legislativo y señaló en su exposición en una serie de cuestionamiento sobre la operación de Uber en el país: calificó de informales los servicios ofrecidos  a través de la aplicación, dijo que actúan bajo la clandestinidad y denunció una falta de respuestas de la compañía para ofrecer datos oficiales sobre su funcionamiento.

Incluso, el jerarca aseveró que "no era posible que cada persona decida como movilizarse de una forma indiscriminada" como la que –a su juicio- existe en la actualidad.

Para la Asociación de Consumidores de Costa Rica, organismo que fue citado por los diputados a la comisión, el jerarca "no entiende de qué se trata la actividad de transporte a través de plataformas móviles".

De igual forma, fustigan que la propuesta planteada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no se centre en el beneficio para el usuario. Por eso, tal y como lo expresaron el 6 de marzo a CRHoy.com y el 14 de este mes en la comisión legislativa, creen que el proyecto debe archivarse y rehacerse.

"Es totalmente falso lo que él (Méndez) manifestó, de que el proyecto está pensado en términos del usuario. De los más de 60 artículos que posee el proyecto, solo 3 conforman un camino que habla sobre la protección del usuario. De esos 3, dos se refieren a seguros. No existe todo un desarrollo en el tema de defensa del usuario, como sí sucede con el proyecto que está viendo la comisión para regular plataformas para conseguir hospedaje, como Airbnb", indicó Erick Ulate, presidente de la asociación.

Dos de los aspectos más cuestionados del proyecto son el monto que tendrían que pagar Uber y otras empresas de su tipo para comenzar a funcionar formalmente (₡8.300 millones) y la creación de un fondo que beneficiaría a taxistas (financiado con un 3% de las ganancias de la plataforma por cada viaje).

Ante los legisladores, Méndez calificó como ‘desproporcional' la cantidad de conductores que ofrecen sus servicios de transporte en Uber (alrededor de 22 mil, según datos de la compañía dados a la prensa) y dejó entrever que el Estado deja percibir recursos millonarios ante la informalidad que mantiene a flote el servicio.

"Menos del 5% del proyecto habla de los usuarios y de esos 3 artículos, 2 son temas de seguros que benefician más a las compañías aseguradoras que al usuario. No compartimos cómo quiso justificar las barreras de entrada por medio del cobro para el recurso de movilidad. No lo supo justificar realmente. Hubo un tipo de enojo hacia la empresa (Uber) por supuestamente no brindar información (…) El MOPT no puede regular una actividad que no entiende", acotó Ulate.

Quienes se oponen al proyecto consideran que el ministerio piensa "en términos de la economía planificada que tenía Costa Rica en 1970" y no contempla que "las necesidades los usuarios hoy se incrementan de manera fuerte con la convivencia de distintos tipos de transporte". Además, sienten que es equivocado establecer demandas de servicios a través de estudios, "cuando la realidad del mercado dicta otra cosa".

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Ministro respondió

Ante las inquietudes, el ministro Méndez aclaró están satisfechos con lo expuesto ante los diputados y cree que, con los argumentos y apuntes compartidos, se generarán más dudas en torno a la operación actual de la aplicación móvil.

"Yo creo que fue una buena intervención. No dudo que les hayan quedado dudas (a los diputados), porque los planteamientos que hicimos fueron muy sólidos. Muchos de ellos (diputados) tenían conceptos e ideas preestablecidas y estoy seguro que nosotros les hemos dejado dudas a sus pensamientos", citó Méndez, durante la inauguración

Para el ministro, la incursión de las plataformas tecnológicas y el servicio de transporte que se presta de una manera ilegal, operando en la informalidad, generó efectos de carácter socioeconómico en los servidores de taxi.

Por ejemplo, ante los diputados manifestó que "cerca de 2.000 concesionarios del servicio de taxi no pudieron atender sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y perdieron el derecho a la concesión".

Uber opera en Costa Rica desde el 21 de agosto de 2015 y, según datos aportados por la empresa a medios de prensa, en el país existen alrededor de 22 mil "socios-colaboradores" (choferes).