(CRHoy.com) -El proyecto de ley que propuso el Gobierno para ordenar el empleo público prácticamente ya está muerto.

La iniciativa no tendría chance de continuar con vida en la Asamblea Legislativa después de que este martes la Contraloría General de la República (CGR) despedazó el texto.

Diputados de las bancadas de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), el bloque independiente Nueva República y Republicano Social Cristiano (PRSC) -quienes forman parte de la comisión legislativa que tramita el expediente- reconocen que los cuestionamientos hechos por la contralora Marta Acosta fueron contundentes y creen que la propuesta se quedó sin oxígeno.

Los legisladores coinciden en que la propuesta no resuelve problemas estructurales y desde ya tienen claro que lo única opción que les queda es trabajar en un texto sustitutivo al proyecto y enviar al archivo el que propuso el Gobierno.

Acosta, en una comparecencia ante la Comisión de Gobierno y Administración, resumió las múltiples críticas que hizo a la iniciativa con un sólido argumento: "es insuficiente".

"Mantiene la desarticulación del marco jurídico actual y no crea un régimen robusto para regular integralmente el empleo público (…) No elimina las disparidades existentes en el esquema de remuneraciones (…) El proyecto amerita importantes ajustes para lograr su finalidad", fueron algunas de las observaciones hechas por la Contralora.

Con su propuesta, el Gobierno pretende, entre otras cosas, ordenar el salario en el sector público para evitar desproporcionalidades por una misma labor y evitar el crecimiento desmedido de los sueldos mediante el pago de incentivos a la excelencia en el trabajo.

La iniciativa establece el pago de un salario global o monto único para los servidores públicos que constituiría una base salarial más alta que la que se paga actualmente y un único incentivo.

Texto sustitutivo

El diputado Jorge Fonseca, del PLN, anunció que en la próxima sesión de la Comisión de Gobierno y Administración propondrá una moción para construir un texto sustitutivo al proyecto de ley.

"Comparto plenamente los términos en los que habló la Contralora. Estoy totalmente de acuerdo con ella. Es un problema estructural que este proyecto no viene a solucionar. La creación de los subregímenes tampoco soluciona nada y estoy totalmente convencido de que hace falta un texto sustitutivo", declaró.

El legislador añadió que incluso desde el Poder Ejecutivo valoran hacer ajustes al texto y por ello no tiene sentido continuar discutiendo la propuesta gubernamental.

Erwen Masís, congresista del PUSC, manifestó que es necesario otro texto por las debilidades que apuntó la Contraloría.

"Entiendo que la propuesta del Gobierno podría establecer algunos rangos de base, pero creo que en ese proyecto en particular diferentes fracciones y diputados vamos a estar aportando con el objetivo de poder construir un proyecto equilibrado y tener una política pública integral para solucionar el problema", respondió.

El socialcristiano dijo que prefiere que el nuevo proyecto sea construido por los diputados, el Gobierno y los sectores involucrados para que el texto que resulte sea de consenso.

El congresista Jonathan Prendas, de Nueva República, aseguró que el Ejecutivo es quien debe proponer el texto sustitutivo.

"Al Gobierno se le está haciendo costumbre presentar proyectos de temas álgidos con poca seriedad y falta de profesionalismo y que después tengamos nosotros que hacer el trabajo de enmendarlo porque no hicieron bien su trabajo", afirmó.

En ese sentido, abogó para que el Gobierno elabore una propuesta "mejorada y más realista" con los insumos aportados por la Contraloría y los diputados.

Dragos Dolanescu, del PRSC, por su parte, indicó que también se inclina por un texto nuevo.

"Técnicamente, la Contralora destrozó el proyecto. Tendríamos que ver qué va a presentar Liberación y ver qué mociones pondríamos para enriquecer el texto", dijo.

Reconoció que si el proyecto está tan mal diseñado y es incompatible con otras leyes, lo mejor será un texto nuevo para evitar problemas futuros de conexidad "entre el texto original y el nuevo".

Deficiencias

Las observaciones más importantes que hizo la Contraloría al proyecto de ley del Gobierno fueron las siguientes:

• No incluye un régimen sancionatorio funcional.
• Contiene multiciplidad de normas.
• Omite delimitar la competencia jurisdiccional en asuntos de empleo público.
• Se aplica el principio de patrono único solo para lo que beneficia al servidor.
• Crea reglas diferenciadas sin sustento técnico y jurídico.
• Las reglas del salario global no son claras.
• Las modificaciones a la escala salarial mantienen una cláusula abierta.
• No hay un elenco de incentivos salariales no monetarios ni  se define quién los puede crear.
• El porcentaje del incentivo monetario debe contar con los estudios técnicos para valorar su razonabilidad y proporcionalidad.

La discusión del proyecto de ley para ordenar el empleo público se retomó después de que el Poder Ejecutivo mantuvo a la iniciativa en el congelador por más de dos meses.