Llevan al ministro de Hacienda a la Sala IV por bloquear ₡8.688 millones claves contra el crimen
El jueves se presentó, ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia —más conocida como Sala IV—, un recurso de amparo en contra del ministro de Hacienda, Rudolf Lücke Bolaños, por la decisión del Poder Ejecutivo de negar una transferencia de ₡8.688 millones solicitados para que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público enfrenten la ola de criminalidad y homicidios que azota al país desde 2022, año en que asumió el actual Gobierno.
El recurso de amparo contra el jerarca de Hacienda fue presentado por el abogado Ricardo Rechnitzer Bell, quien enfatizó que su decisión de llevar al ministro ante la Sala IV obedece a un tema de seguridad nacional y no a motivaciones políticas.
"La seguridad común, la seguridad de la nación y la tranquilidad pública son bienes jurídicos protegidos por nuestra Constitución Política, misma que quieren cambiar con el único fin de seguir haciendo este tipo de fechorías. Este país se encuentra en un momento crítico en materia de seguridad y esta disposición tomada por Hacienda solo nos demuestra que todo va a empeorar. No voy a ser cómplice de lo que pase. Esto no es un tema de política, es un tema de seguridad nacional", dijo Rechnitzer.
CR Hoy solicitó una reacción del ministro Lücke; sin embargo, a la hora de esta publicación, la gestión seguía en trámite en la oficina de prensa de Hacienda.
Fiscal pidió a presidenta electa revertir decisión
En declaraciones a CR Hoy, el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, pidió a la presidenta electa, Laura Fernández, revertir el congelamiento de ₡8.688 millones destinados al fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado, recursos que permanecen bloqueados por decisión del Gobierno saliente.
Los fondos, aprobados por la Asamblea Legislativa y contemplados en el Presupuesto Nacional, fueron retenidos por orden del ministro Lücke. El dinero debía transferirse desde el año pasado, pero Hacienda optó por no ejecutar el giro.
El presupuesto estaba destinado a la contratación de personal especializado en delincuencia organizada, corrupción, violencia de género y criminalidad compleja, tanto para el OIJ como para el Ministerio Público, instituciones que enfrentan un déficit estructural de recurso humano en un contexto de aumento sostenido de la criminalidad desde 2022.
Pese a que la Asamblea Legislativa reincorporó los recursos en el Presupuesto Nacional de 2026, el oficialismo reiteró que estos no serían incluidos en la programación financiera del primer trimestre del año, lo que implica que el giro no se concretaría al menos hasta marzo. Esta decisión fue cuestionada por el fiscal general, quien recordó que estudios internos determinan un faltante cercano a 300 plazas en el Ministerio Público.
Del monto total bloqueado, ₡8.688 millones permitirían financiar 176 plazas en la policía judicial y 99 en la Fiscalía, además de cubrir alquileres y la adquisición de equipo de transporte. De mantenerse el congelamiento, el impacto sería severo para la capacidad operativa de ambas instituciones, advirtió Díaz.