Línea de tiempo: La razón por la que Tribunal no avaló la extradición de “Gato”
Pese a ratificar la extradición del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y de Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José revocó y denegó la extradición del tercer requerido por Estados Unidos.
Se trata de Jonathan Álvarez Alfaro, alias Gato o Profe, a quien se le acusa de dos cargos federales por presuntamente dedicarse a la introducción de cargamentos de cocaína en esa nación.
La razón del rechazo es el periodo en que habría cometido los delitos en relación con la fecha en que entró en vigor la reforma constitucional que permite la extradición de nacionales.
La interpretación de dos de los jueces es que dicha reforma no es retroactiva; por tanto, solo aplica para hechos cometidos desde su publicación hacia el futuro. Consideran que la nueva norma puede aplicarse a delitos cometidos antes del 28 de mayo de 2025 únicamente si se trata de delitos continuos o permanentes.
En estos casos, cuando los sucesos inician antes de la reforma pero finalizan después de esta, la fecha de referencia será esta última.
Diferente a Celso y Pecho de Rata
Según las acusaciones de EE. UU. contra Gamboa, su participación en el narcotráfico internacional comenzó en 2017 y continuaba en julio de 2025; por ello, se le aplica la reforma vigente desde mayo del año pasado.
Un escenario similar ocurre con López, también conocido como Diosito o el Rey de Cahuita. La temporalidad de los hechos reprochados abarca desde 2008 hasta junio de 2025; es decir, los actos se ajustan a la vigencia de la reforma.
Distinto es el caso de Álvarez, a quien se le señala por participar entre 2014 y mayo de 2021. Carlo Díaz, fiscal general de la República, se pronunció en contra de este fallo; sin embargo, no existe vía legal para apelarlo.
"Nosotros por supuesto respetamos esa posición del tribunal. Yo en lo personal no la comparto, para mí esto no se trata no se trata de una legislación que que no permita realizar la extradición por hechos anteriores.
Para que esto suceda tiene que ser legislación sustantiva y para mí esto es una legislación más que todo procesal. Es una una resolución que no podemos apelar, pero que de alguna manera no compartimos", señaló.
El jefe del Ministerio Público explicó que esa postura no es absoluta, dado que otros tribunales podrían no compartir el criterio del órgano que tramitó el caso de "Gato" y sí autorizar extradiciones por hechos anteriores a la reforma.
"Cada tribunal es independiente, incluso las mismas conformaciones dentro de mismos tribunales podrían variar esa esa situación", añadió.
¿Qué sigue para Profe?
Al negar la extradición, el Tribunal de Apelación ordenó que Costa Rica juzgue los hechos de narcotráfico internacional que la Administración para el Control de Drogas (DEA) le reprocha a Álvarez, conforme a las leyes nacionales.
Por esta razón, el sujeto ya no se encuentra bajo detención provisional, sino que quedó bajo prisión preventiva. Álvarez ya era investigado en el país por legitimación de capitales en el denominado caso Venus.
La Fiscalía de Legitimación de Capitales, a cargo de este expediente, fue el despacho que consiguió la medida cautelar. Díaz explicó que las investigaciones continuaron independientemente del proceso de extradición.
Asimismo, cabe la posibilidad de que Estados Unidos presente una nueva acusación contra Álvarez corrigiendo el periodo de los delitos para intentar extraditarlo nuevamente.
"Si la DEA presentara hechos ocurridos posteriores a la autorización de la reforma del 28 de de mayo de 2025, entonces esos mismos hechos podrían ser objeto de solicitud de extradición", manifestó.
Álvarez fue capturado a mediados de junio por el caso Venus y quedó en libertad. No obstante, el 25 de junio fue recapturado a solicitud de la DEA. Las autoridades estadounidenses lo señalan como líder de una organización narcotraficante con operaciones en América del Norte, Central y del Sur, vinculándolo con envíos de cocaína que habrían generado ganancias ilícitas de $1,2 millones.
En el ámbito nacional, se le investiga por utilizar negocios de fachada —como ventas de autos, ganadería, talleres y canchas de pádel— para legitimar capitales que podrían ascender a los ₡3.000 millones anuales.