Ley de Finanzas Públicas ayudó a los grupos criminales a tomar poder, según OIJ

Las leyes mal hechas únicamente llegan a perjudicar a las instituciones y darle poder a la delincuencia, ese el criterio de Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre la afectación que han sufrido por las constantes modificaciones a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y de Empleo Público en los últimos años.

Este lunes el ministro de Hacienda Nogui Acosta Jaén anunció su rechazo al proyecto de ley que presentaron las 5 fracciones de oposición en el Congreso que pretende reformar la legislación 9635, con la intención de excluir al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de lo que dictan estas reglas y evitar la fuga de personal técnico y científico de la institución, esto en medio de la crisis de inseguridad por la que atraviesa el país.

"Esas leyes mal hechas, como la 9635, es la que en buena medida vino a debilitar absolutamente todos los cuerpos policiales y cuando digo absolutamente todos los cuerpos, son todos. Desde ahí los diferentes grupos criminales empezaron a tomar poder, porque antes podíamos hacer transferencias entre cuentas y sí a mí me sobraba dinero en salarios o alguna plata, me la pasaba la vuelta derecha y yo compraba el equipo preocupaba, no ocupaba que viniera en la embajada y me donara equipo.

Yo antes no pagaba IVA, por dicha después nos sacaron, antes tampoco existía la regla fiscal, es lo más ilógico del mundo porque la regla fiscal es para no poder pasarse el presupuesto y no gastar más, pero si vos agarrás y decomisas $6 millones a Alejandro Toledo (expresidente de Perú) y te corresponden $3 millones de dólares no lo podría recibir teníamos esa tonta regla fiscal. Al final eso fue lo que motivo la salida de tanto personal del OIJ", dijo Zúñiga a CRHoy.com.

Después de su aprobación, hace 5 años ya se han aprobado 17 modificaciones a esta normativa debido a la gran cantidad de yerros que se han encontrado en el camino, siendo la policía judicial una de las más perjudicadas, por la aplicación de cambios en los salarios que reciben los empleados.

Si por salario global a alguien me quedó un salario de ¢1.300.000 a los nuevos y había alguien viejo con salario de ¢1.600.000 colones, esa persona con salario global para alcanzar lo que gana su compañero con salario con pluses, si tiene miseros ¢5.000 de aumento, va a necesitar 30 años para alcanzar esos ¢300.000 y 50 años sin aumento para la persona que está por encima, ¿quién va a aguantar eso?, jamás, ¿cuál es el interés de afectar la institucionalidad con este tipo de leyes? OIJ dijo desde el 2019 el grave riesgo que significaba para el país que en un contexto de crisis fiscal se debilitaría la seguridad y no solo lo dije yo, lo dijeron asesores estadounidenses, lo dijeron asesores de seguridad de otros países como Colombia y aun así pasó la ley. Hasta cinco años después, hasta que desgraciadamente estamos con la con el agua hasta el cuello con 900 homicidios, es que se empieza a revisar esa problemática.

Pese a que la policía judicial cuenta con el apoyo de las cinco bancadas oposición para darle trámite al proyecto que los excluye de esa ley, saben que el gobierno pondrá como argumento "que los pluses son un asunto exponencial".

"Pongámonos serios, aquí que en cinco años o tres años, si no hay un cambio nos vamos a quedar sin policías, nos vamos a quedar sin país, el tema exponencial será en 30 o 40 años talvez", dijo.

El jerarca mencionó que mientras la crisis se agudiza en Costa Rica, en otros países donde ya pasaron por una situación similar buscan alternativas como aumentar el IVA en 3 puntos para financiar a los cuerpos policiales con el objetivo de salir adelante.

Eso sí, sostiene que era más fácil prevenir invirtiendo en seguridad desde hace varios años cuando se advirtió y no estar enfrentando ahora la ola de homicidios.