Ley contra el crimen organizado no está derogada, sostiene nuevo fiscal general

(CRHoy.com) La Ley contra la Delincuencia Organizada (8.754) no está derogada, sostuvo la tarde de este lunes el nuevo fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez.

El jefe del Ministerio Público se refirió a la controversia sobre la normativa que regula el procedimiento en casos de narcotráfico, lavado de capitales, corrupción, entre otras modalidades delincuenciales; durante su primera atención a los medios de comunicación.

"Para mí no están derogados. Yo sigo la misma línea que ha venido manteniendo la Fiscalía de Crimen Organizado y el fiscal general interino (Warner Molina Ruiz). Son cuestiones de discusión doctrinaria, pero vamos a sostener esa línea", dijo el fiscal general al ser consulta sobre el tema.

La discusión sobre este punto está en boga en los tribunales desde hace ocho meses. El origen de la polémica se remonta al caso de presunta corrupción en contratos de obra pública conocido como Cochinilla. En el caso, el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública reconoció la derogatoria, pero descartó que esta tuviese algún efecto en, por ejemplo, la intervención de llamadas telefónicas. Aún está pendiente de celebrarse una audiencia sobre el particular; esta vez ante el Tribunal Penal de la jurisdicción.

Desde entonces, defensores en distintas pesquisas, principalmente de drogas, replicaron ese argumento para solicitar la liberación de sus clientes. Consecuentemente, juzgados y tribunales debieron pronunciarse en la materia. Incluso, dos de los cinco máximos tribunales (los de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José y el de Cartago) determinaron que la normativa está parcialmente derogada; contrario a lo que Molina Ruiz y su institución mantenían.

Esta controversia derivó en la liberación de importantes grupos delictivos como "Los Gery" y "La Banda del Acetileno", como lo dio a conocer este medio el 28 de julio y 26 de agosto, respectivamente.

La discusión sobre este tema gira alrededor de una posible derogatoria de cinco artículos de la normativa en cuestión, dispuesta el 13 de octubre de 2019, con la entrada en vigencia de la Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica (9.481), cuando venció el efecto suspensivo que había otorgado la Asamblea Legislativa en la ley 9.591, que postergaba la aplicación de la segunda, debido a un faltante de presupuesto para su puesta en marcha.

A ello se suma una reforma prevista en la Ley de Fortalecimiento de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (9.769), con la que los diputados pretendían atrasar la puesta en vigor de la ley 9.481 hasta 18 meses después de que la Corte Suprema de Justicia contara con el dinero suficiente para su implementación. Sin embargo, esta se aprobó hasta el 18 de octubre de 2019 -cinco días después de que entrara en vigencia la ley 9.481- con todo y una derogatoria parcial de la 8.754.

La ley 9.769 finalmente fue publicada 12 días más tarde, con la eliminación de las siguientes normas de la ley 8.754: numeral 2 (declaración de un caso como de tramitación compleja y duplicación de plazos para investigación), 3 (delitos de acción pública no convertibles), 6 (excepto inciso D, sobre causales de prescripción), 7 (plazos de prisión preventiva) y 9 (prórroga de prisión preventiva).

"Puertas abiertas"

Uno de los puntos sobre los que giró la conferencia de prensa se centró en cómo será su relación con los medios, luego de que, durante la gestión interina de Warner Molina Ruiz, no se dieran, por ejemplo, conferencias. Llegó a ser necesaria la mediación del Colegio de Periodistas (Colper), para que diera marcha atrás con un cambio en la política de comunicación institucional

Incluso en ese periodo, la Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo formulado por un equipo de periodistas de AmeliaRueda.com, después de que el entonces fiscal general negara información sobre una pesquisa contra la presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social (JPS), Esmeralda Britton González.

"Va a ser de puertas abiertas. Vamos a estar disponibles para ustedes", aseguró Carlo Díaz Sánchez.

"Obviamente nosotros siempre vamos a darle la información que ustedes requieran, no vamos a negar ni poner ningún tipo de restricción. Hay restricciones propias de los casos, en los que no podemos dar información. Para la información siempre la van a tener y la idea es que ustedes lo tengan de la manera más célere posible. En eso sí vamos a trabajar", añadió.

No obstante, subrayó que esas respuestas se ajustarán al artículo 295 del Código Procesal Penal, sin lesionar los derechos de las partes.

El jefe del Ministerio Público se comprometió a atender a la prensa en allanamientos o, al menos, encargar declaraciones a algún subalterno.

Nota del redactor: Esta publicación fue actualizada a las 4:40 p.m. del 31 de octubre de 2022.