Legisladores engavetan reformas a uso de combustible y régimen disciplinario

(CRHoy.com) Aunque arrancaron con muchas "buenas intenciones" para reformar el uso de los 500 litros de combustibles que reciben y también, aprobar una ley para establecer un régimen sancionatorio cuando comentan faltas éticas, lo cierto es que más de un año después, los diputados engavetaron ambas promesas.

Los diputados reciben mes a mes el equivalente a 500 litros de combustible en una tarjeta de débito del Banco de Costa Rica, según la ley 7352.

Según Recope, el litro de gasolina súper a este 9 de junio, costaba ¢759, lo que significa que cada diputado recibe ¢379.500, y la Asamblea desembolsa un total de ¢21.631.500 por mes.

Sin embargo, dicha ley y su reglamento deja varios portillos abiertos que permitieron, por ejemplo, que la exdiputada Ivonne Acuña acumulara hasta ¢3 millones en combustible, que ella usó para ponerlos en una cuenta abierta en la gasolinera en Escazú.

Gracias a que la prensa divulgó lo ocurrido, la administración del Congreso eliminó la posibilidad que los diputados acumulen los saldos de combustible no gastados en el mes.

Aunque Acuña nunca devolvió los ¢3 millones y el caso sigue en investigación en el Ministerio Público.

Los anteriores diputados, ante la presión social, intentaron aprobar modificaciones a esta "ayuda técnica" que reciben además de su salario, pero finalmente, nada ocurrió.

Con la llegada de los actuales congresistas, las promesas para un cambio estuvieron en boca de los diputados, pero tras un año, nada ocurrió.

El problema es que la misma administración del Congreso reconoce que no existe un mecanismo vigente que impida que el legislador utilice el combustible que se le da como una ayuda para sus labores, para llenarle el tanque a sus amigos o familiares.

Incluso apelan a una responsabilidad individual y moral de cada diputado para que se emplee como debe ser.

Régimen sancionatorio

La otra reforma pendiente es una ley para castigar a los diputados cuando comentan faltas al deber de prioridad.

En el periodo constitucional 2018-2022, los entonces legisladores aprobaron la reforma constitucional que avala la pérdida de credencial al diputado que falte a la ética (modificaron el artículo 112 de la Constitución Política).

Con esto, los diputados buscaban al fin subsanar el vacío legal que existe, ya que desde el 2010, la Sala IV ha pedido, en varias resoluciones, aplicar una legislación para este tipo de sanciones.

Pero, para poder hacer efectivo un castigo, es necesario aprobar una ley que indique los tipos de sanciones y el procedimiento para penar estos hechos.

Desde el 2018, los actuales diputados han prometido aprobar esa legislación, pero hasta la fecha siguen sin cumplir esa promesa.

Muchas dudas

Lo cierto es que ambas reformas no están hoy en la boca ni en la libreta de prioridades de las fracciones parlamentarias y mucho menos del Gobierno.

El jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Alejandro Pacheco reconoce que el tema no es prioridad en estos momentos.

Reconoció que en el primer año había un proyecto en discusión en el caso del régimen sancionatorio (del Frente Amplio) pero que en estos momentos ni siquiera está convocado por el Poder Ejecutivo.

"Habría que ver qué pasó con ese proyecto par darle un seguimiento. Yo creo que tenemos revisar el reglamento de la Asamblea Legislativa, y ver qué tipos de faltas se pueden regular en el ejercicio de sus funciones, hay que analizarlo revisarlo en estos momentos no lo he visto", explicó.

En el caso combustible, Pacheco cuestiona que otros poderes de la República, como el Judicial o el Ejecutivo, disfrutan de combustible y carros, por lo que no entiende por qué los diputados no puedan hacer eso de esos recursos.

Todos los ministros, los oficiales mayores, la Defensora de los Habitantes, la Contralora General de la República, la Procuraduría General de la República, todos los magistrados tienen vehículos, tienen combustible, entonces yo no veo la razón de por qué los diputados no deban tener al menos combustible, porque nosotros usamos los vehículos personales para las giras, respondió.

El jefe de fracción del Partido Liberal Progresista (PLP) Eli Feinzaig reconoce que en la dinámica actual del Congreso, donde se encuentran absorbidos por el proyecto de jornadas 4-3, es difícil pensar en elaborar proyectos como los mencionados.

"En estos momentos creo que nadie tiene cabeza para eso, lo cual no quiere decir que no haya un interés de lograrlo", mencionó.

En el caso del combustible, Feinzaig apunta que los diputados que representan zonas rurales ocupan recoger más distancias al salir de gira, que aquellos que representan a la Gran Área Metropolitana.

Señaló que de forma personal él no hace uso de los combustibles, pero esa es su decisión y no considera que se deba imponer a otro legislador.

Además, opina que hay tecnología que puede medir cuál es el empleo que dan los diputados a esta ayuda técnica y evitar abusos.

En el caso de la reforma para castigar violaciones al deber de prioridad, Feinzaig opina que el enfoque que propone el FA no es el correcto.

"En esta Asamblea Legislativa tenemos reglas verdaderamente ridículas, y ese proyecto va en la dirección de hacerla más ridículas", comentó.

Insiste en que el enfoque no reglamentista que sugieren los frenteamplistas no es el correcto.

"De nuestra parte si hay un interés de aprobar una legislación en ese sentido. Hay un compromiso ético de la fracción de hacer un uso correcto de los recursos y consideramos que es una necesidad que hay un régimen sancionatorio para los diputados, pero no creemos en que haya que criminalizar cosas que no deberían criminalizarse, que es el enfoque que tiene el Frente Amplio", apuntó.

Para el diputado del FA, Ariel Robles, en el caso del empleo de los combustibles, reconoce que hay mucho obstáculo para que avance en comisión.

Además, que en este periodo de sesiones extraordinarias el Poder Ejecutivo muestra cero interés en proyectos como estos.